Elías Ezequiel Nuñez Pinheiro reconoció la semana pasada haber formado parte de una maniobra para acceder al contenido de los teléfonos de magistrados y funcionarios; la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la apelación de su defensa; el acusado volverá hoy a ser indagado, en el marco de otra investigación.
Los camaristas Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah estimaron que la investigación en curso es de notoria “gravedad institucional” y confirmaron la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de ordenar la detención de Nuñes Pinheiro, a pesar de los planteos de los abogados, Marcos Kapko y Sebastián Noguera, quienes plantearon que su defendido se presentó ante la Justicia y colabora con la investigación.
El hacker permanece detenido desde hace dos semanas, cuando se presentó de manera espontánea en los tribunales de Comodoro Py y aceptó declarar ante Martínez de Giorgi. Relató cómo participó en las maniobras para tomar el control de teléfonos móviles o activar nuevas líneas a nombre de jueces y fiscales, pero aclaró que no recordaba si el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, era uno de sus “objetivos”, como sospecha el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Nuñes Pinheiro planteó que sólo se abocó a tomar el control de los teléfonos que a través de un canal reservado de Telegram le ordenó un hombre que hasta ahora sólo aparece identificado en el expediente por su seudónimo en las redes -“Juanxd”-, pero cuyo verdadero nombre permanece en las sombras. Detalló que hackeaba los aparatos para, en cuanto lo lograba, dejarlos en manos de ese usuario misterioso.
“Todo se hacía sobre la marcha”, rememoró ante una pregunta del fiscal Pollicita. “La información de la persona [a hackear] me la pasaba [Juanxd]”, explicó, para luego detallar que cobraba entre 8000 y 15.000 pesos en criptomonedas por cada ataque, que ejecutó por medio del llamado SIM-swapping.
La versión que Nuñes Pinheiro ante Martínez de Giorgi y Pollicita es la misma que había ofrecido antes ante la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la ciudad de Buenos Aires, Daniela Dupuy, y la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas Araceli Martínez.
Hoy, en tanto, el joven oriundo de Eldorado, Misiones, será trasladado otra vez al cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py, donde afrontará otra indagatoria. También será ante el juez Martínez de Giorgi, pero en el expediente que busca determinar quiénes y por qué hackearon el teléfono del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Marcelo Borinsky.
El universo completo de “objetivos” es todavía una pregunta sin respuesta. Hasta el momento, incluiría a los cuatro ministros de la Corte Suprema –Rosatti, Carlos Rosenkrants, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda-, Borinsky y otro juez de la la Casación Penal –Gustavo Hornos-, dos jueces de tribunales orales federales –Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu- y la jueza federal de Misiones, María Verónica Skanata, entre otros.
Entre las víctimas también aparecen al ex ministro de Seguridad porteño, Andrés D’Alessandro, y el diputado nacional y candidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli, al igual que el gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.
Además de Nuñes Pinheiro, el juez Martínez de Giorgi dispuso la detención de otros tres sospechosos. Entre ellos, un sargento retirado de la Policía Federal, Ariel Pedro Zanchetta, de 56 años, quien residía en Junín, provincia de Buenos Aires, y la Fiscalía sospecha que buscó datos personales sobre 2157 políticos de distintos partidos, ministros de la Corte, jueces y fiscales, entre otros.
Fuente: La Nación
