Alejandro Cánepa, titular de la Asociación de la Magistratura de Entre Ríos, indicó en declaraciones a APFDigital que el acatamiento de las decisiones judiciales es un principio “elemental” de la República y un elemento esencial del Estado de Derecho · Fue en referencia al conflicto de poderes entre la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo y gobernadores por el fallo sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires · Cánepa también expresó que el juicio por jurado mejora la percepción del servicio de justicia, pero tomó distancia de la posibilidad de que fiscales y jueces sean elegidos por voto popular
La Corte Suprema de Justicia decidió esta semana restituir a la ciudad de Buenos Aires fondos de coparticipación. Son recursos que el ex presidente Mauricio Macri le había asignado por decreto y que el Congreso, por ley, devolvió a la Nación. El presidente Alberto Fernández anunció que no acataría el fallo. La definición del mandatario fue acompañada por varios gobernadores, entre ellos Gustavo Bordet.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Magistratura de Entre Ríos señaló: “Independientemente de lo acertado o desacertado del fallo en sí, hay un principio elemental en toda República que es el cumplimiento de las sentencias judiciales. Hace a la esencia del estado de derecho”.
El presidente de la Asociación de Magistratura de Entre Ríos señaló que es en el marco de la constitución y con las herramientas que ella brinda que se debe defender “una distribución equitativa de los recursos coparticipables entre todas las jurisdicciones y provincias”.
- EL DESPRESTIGIO SOCIAL
El 80% de los argentinos tiene una imagen mala o muy mala del Poder Judicial, según encuestas recientes, como el estudio de Proyección Consultora y Consultora Equis.
“Es complejo analizar eso – comentó Cánepa – Hay que partir de una base fáctica y cierta: los que trabajamos en el Poder Judicial estamos llamados a tomar medidas que no son populares, que no cumplen una determinada expectativa social, mediática o comunitaria”, expresó.
“Los límites de las decisiones que tomamos no son los sociales o comunitarios, sino estrictamente legales”, subrayó.
La incorporación del sistema de juicio por jurados al sistema judicial provincial ha comenzado a hacer cambiar la concepción entre la sociedad, observó.
“Me han tocado presidir dos juicios por jurado. Al terminar he conversado con los jurados para saber cómo lo han visto y sentido. Todos remarcan el peso de la responsabilidad y del peso de la decisión a tomar. Y también de las dificultades con las que se encontraron en algunos casos para tomar una resolución en función de las pautas legales específicas”, narró.
“A partir de que se empiece a participar y los jurados, que no solamente pueden ser penales sino también de otros fueros como el civil o el laboral en caso de que se creen, tomen conciencia del peso y el valor de la responsabilidad y los límites para decidir, creo que la concepción (de desprestigio) cambiará. Y está cambiando”, apuntó.
Asimismo, diferenció: “El Poder Judicial de Entre Ríos es altísimamente capacitado. Su nivel de profesionalismo es destacable. Y es probo. El espejo de la Justicia suele ser uno donde no nos incluimos, como por ejemplo Comodoro Py. Pero nada de eso sucede en la provincia”.
- LÍMITES AL PODER POPULAR
Pese a los beneficios de la democratización del Poder Judicial, Cánepa estableció cotos. No está de acuerdo con la posibilidad de que los fiscales y algunas instancias de la magistratura sean electos directamente por el voto popular, como ocurre en 49 de los 50 estados que integran los EEUU, de donde se copió el modelo penal que se aplica en Entre Ríos.
“No me termina de convencer. Hay principios específicos que establece nuestra Constitución y nuestro sistema republicano como los de imparcialidad y objetividad en la investigación que no sé hasta qué puntos pueden ser sostenidos en el marco de la elección popular de fiscales”, expresó.
“Si hay garantía de independencia del trabajo judicial es la estabilidad de sus cargos y la forma de selección. Aquí hay una selección profesional. Las entrevistas públicas, tanto en el Consejo de la Magistratura como en el Senado, permiten conocer a quienes efectivamente van ejercer los cargos. No sucede esto en los otros poderes del Estado”, agregó.
“Nadie tiene la posibilidad de preguntarle a un legislador, a un gobernador o a un intendente y que cuente qué piensa de una cosa o de otra, cuál es su situación patrimonial y tributaria, todas las cosas que se nos preguntan a nosotros”, redondeó.
- EQUIPARACIÓN DE SUELDOS
El presidente de la institución comentó que la equiparación de haberes entre quienes integran el Ministerio de la Defensa y el Fiscal es una discusión que lleva 10 años. Comenzó en 2012, con el debate de la ley de enganche con la Justicia Nacional, con nuevos intentos frustrados en 2014 y 2015, cuando se equipararon los cargos nuevos.
Pero una franja, integrado por defensores de primera instancia y de juicios, quedó afuera. Fue la Defensoría la que logró este año las partidas para cubrir este bache.
La Asociación de la Magistratura está siguiendo otras jerarquizaciones de este tipo. Una de ellas es la de quienes ejercen las secretarías de los Juzgados de Paz. La intención es que haya reconocimiento de su función judicial y una mejora escalafonaria y salarial.
El otro planteo es el de quienes integran las salas de la Cámara de Casación Penal, que buscan una diferenciación en sus haberes con respecto a los Tribunales de Juicio y las Salas de Apelaciones.
“Ambos trámites se están en el Superior Tribunal de Justicia”, comentó Cánepa.
- BALANCE DEL 2022
Cánepa comentó que la Asociación de la Magistratura termina el año con muchas actividades. Entre ellas, mencionó las intervenciones en las modificaciones legislativas que se registraron, como por ejemplo con “aportes y críticas” a la iniciativa que cambió el Consejo de la Magistratura.
Lo mismo ocurrió con la discusión sobre el pago de impuestos a las ganancias. “No nos oponemos al pago, hay asociados nuestros que están siendo alcanzados por el impuesto. Pero queremos que la imposición del tributo no afecte la intangibilidad de los salarios”.
“La ley nacional que obliga a tributar a los que ingresan a la Justicia a partir del 2017 pone un piso que genera previsibilidad. De aquí a un tiempo toda la magistratura estará alcanzada. En Estados Unidos pasó eso. Pero la discusión fue hace 100 años y la nuestra fue hace 5”, diferenció.
Otro dato que aportó es que en Entre Ríos alrededor del 30% de la magistratura está pagando ganancias.
La Asociación también tuvo una participación activa en la discusión sobre la reforma al Código Procesal Penal. “Hemos fomentado mesas de trabajo con fiscales y defensores y también con la magistratura de distintas instancias. Vemos satisfactoriamente que todas las salidas alternativas al proceso penal han sido incorporadas al proyecto” que el Superior Tribunal presentó hace un mes al Poder Ejecutivo, indicó.
Otra de las realizaciones fue la gestión de las oficinas de notificación en Tala y en Feliciano, lo que permite al personal de los Juzgados dejar de lado una actuación que insumía mucho tiempo.
Además, se han creado mesas de trabajo del fuero laboral y se han sugerido cambios al Código Procesal Laboral. Por otro lado, se han concretado ocho jornadas académicas de foros que han tocado temas de actualidad como el derecho ambiental y al consumo, prueba digital y adopción.
También consignó que las expectativas para el 2023 son altas, ya hay un cronograma de acciones ya diagramado.
Por último, señaló que la nominación de Laura Soage, vicepresidenta de la entidad, para ocupar un cargo en el Superior Tribunal de Justicia ha sido tomado “con mucha alegría”. “Los méritos de la Dra. Soage hablan por sí solos: tiene una carrera profesional, jurídica y académica impecable. La vamos a acompañar”, concluyó.
