En tiempo récord y día feriado, los vocales subrogantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) le dejaron las puertas abiertas para la destitución al Jurado de Enjuiciamiento, al rechazar el amparo de la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción (suspendida) Cecilia Goyeneche. De esta manera se desestima el planteo que se había formalizado, en cuanto a la necesidad de que fuera acusada por un integrante del Ministerio Público Fiscal y no por un abogado ad hoc como sucedió, sobre lo que, de alguna manera había advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras un planteo de los abogados defensores de la denunciada.
Votaron en contra de Goyeneche los abogados Fabiola Bogado Ibarra, Emilio Matorras, María Gabriela López Arango y Guillermo Federik. Y a favor de la fiscal Bernardo Salduna, según pudo determinar ANÁLISIS. La idea del Jurado de Enjuiciamiento es lograr los votos de destitución de Goyeneche antes del fin de semana.
Cuando todos esperaban que el amparo de la fiscal Cecilia Goyeneche se terminara de votar a más tardar el viernes, los vocales subrogantes del Superior Tribunal de Justicia aceleraron los tiempos como nunca y decidieron desafiar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por voto mayoritario, los vocales Fabiola Bogado Ibarra, Emilio Matorras, María Gabriela López Arango y Guillermo Federik, decidieron rechazar el amparo de Goyeneche y, de esa manera, el Jurado de Enjuiciamiento podrá seguir con la votación de sus integrantes, para lograr la destitución de la procuradora adjunta.
Los votos en contra de Goyeneche no sorprendieron demasiado. Bogado Ibarra -considerada una jueza laboral del riñón de la presidente del STJ, Susana Medina de Rizzo, con cierta afinidad con la Corte Suprema- tuvo problemas en su momento con la fiscal, cuando su marido fue denunciado por mala praxis. Matorras, oriundo de Gualeguay y hermano del exlegislador justicialista Rubén Matorras, fue también asesor municipal del exintendente Luis Erro, condenado por delitos de corrupción. E incluso, fue además su abogado defensor en algunas causas.
López Arango, actual presidenta de la Asociación de magistrados y funcionarios judiciales, tuvo a su propio esposo denunciado ante la Fiscalía por supuestos abusos contra su sobrina cuando era niña, lo que se entendió prescripto por la Sala Penal del STJ comandada por Daniel Carubia. Guillermo Federik, otro laboralista de Paraná, fue funcionario del gobierno de Mario Moine, aunque luego se habrían distanciado. A favor de Goyeneche solamente votó Bernardo Salduna, actual vocal del STJ.
De alguna manera no dejó de sorprender el voto del vocal Federik, porque fue más allá y se diferenció del resto, al remarcar que la intervención del procurador general Jorge García o cualquier otro integrante del Ministerio Público Fiscal en el jury podía afectar la imparcialidad y objetividad del órgano acusador en el proceso y de esa manera avaló la presencia de un abogado ad hoc, como sucediera con el gualeyo Gastón Justet. El letrado fue concejal del peronismo en el gobierno de Luis Erro y luego fue también candidato a intendente de Gualeguay, por el PJ.
La procuradora Cecilia Goyeneche había presentado un recurso de amparo para plantear la ilegalidad de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento al designar un abogado ad hoc y tuvo un fallo favorable en primera instancia con la sentencia de la jueza Elena Albornoz, a fines de enero de este año. Albornoz, en su resolución, consideró ilegítima la decisión de separar al Ministerio Público Fiscal del proceso y repuso el rol de acusador al procurador García. No obstante, el STJ revocó ese fallo. Consideró que el amparo no era la vía adecuada para hacer el planteo y Goyeneche llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia. El alto cuerpo rechazó lo dispuesto por el STJ y exigió que se dicte un nuevo pronunciamiento. Pero los vocales subrogantes del Superior Tribunal -con la excepción de Salduna- rechazaron el amparo de Goyeneche, de alguna manera desafían a la Corte Suprema (y ahora habrá que ver cuáles son las secuelas de ello, para la justicia entrerriana o para la presidenta del cuerpo, Susana Medina, quien siempre se ha ufanado de ser una referente judicial cercana al organismo que conduce Horacio Rosatti) y por ende quedaron las puertas abiertas para el Jurado de Enjuiciamiento, para avanzar en la destitución de Goyeneche.
Hasta ahora votó el vocal Juan Smaldone, padre del exministro de Trabajo y expresidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos en la segunda gestión de Sergio Urribarri, Guillermo Smaldone. El exfuncionario está imputado por «negociaciones incompatibles y cohecho», en la causa en la que recientemente fuera sobreseído Urribarri -donde fueron desviados cerca de 3 millones de dólares-, por los negocios con el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, amigo y testaferro del exembajador. Buena parte de los negociados, con pedidos de abultadas coimas para funcionarios y el exgobernador, se concretaron en la gestión de Guillermo Smaldone como titular de Trabajo de la provincia. El vocal Juan Smaldone, quien ya votó por la destitución de la procuradora, es un hombre de excelentes relaciones con Urribarri y sus hijos. De hecho, el funcionario nacional Mauro Urribarri (uno de los hijos del exgobernador) vive en el mismo edificio de Smaldone, en el anexo al Marán Suite.
Después será el turno de la abogada Verónica Mulone y luego de la flamante vocal del STJ, Gisella Schumacher, actual pareja del presidente de la Cámara de Diputados de esta administración de Gustavo Bordet y ex presidente de la Comisión Administradora de Fondos de Salto Grande (Casfeg) en la gestión urribarrista, el abogado Angel Giano.
A posteriori será el turno del vocal Daniel Carubia, con fuertes vinculaciones con el urribarrismo, aunque en su momento -hace ya 34 años- llegó de la mano de su exsocio Jorge Pedro Busti. Y finalmente votarán los legisladores de Bordet, Armando Gay y Gustavo Zavallo.
Fuente: www.analisisdigital.com.ar
