Concejales se reunieron ayer con el Gerente Regional del IAPV Roberto Mazzarello y abordaron la problemática acerca de la venta de viviendas sociales construidas por el Instituto provincial o por cooperativas. “Su negociación en el mercado está absolutamente prohibida”, afirmó Mariano Giampaolo, Vicepresidente del cuerpo. Por eso, “quisiéramos ver el tratamiento y la opinión en general de los fiscales para ver si se pone un coto. Es un crimen que gente que necesita no puede acceder y gente que por diferentes motivos ha accedido las venda a precio vil”, enfatizó. También avanzaron en proyectos sobre la entrega de títulos de propiedad y las construcciones de demanda libre.
“Es una problemática que cada vez se ve con más normalidad y no deja de ser un delito. Las viviendas son construidas con créditos especiales, programas especiales justamente para sectores sociales vulnerables, pero lamentablemente la irresponsabilidad de algunos ciudadanos hace que nos encontremos con avisos en Facebook, en el diario y hasta radiales de venta de casas que todo el mundo sabe que fueron construidas por el IAPV”, comentó Mariano Giampaolo.
Aclaró que las casas en cuestión no están hipotecadas, sino adjudicadas. “La persona que vende comete un doble delito. Primero porque vende algo que está expresamente prohibido y segundo porque todavía no es propietario; mientras no termina de pagar las cuotas la figura jurídica es la de adjudicatario. Entonces hay una doble estafa en la persona que la vende y también hay una especie de avivada criolla en la persona que la compra. Porque la compra a valores a veces irrisorios, cualquiera se da cuenta que está comprando algo que no corresponde”, explicó Mariano Giampaolo.
“Hace un tiempo vengo pensando en citar a los fiscales de Concordia para ver si toman cartas en el asunto”, remarcó el edil y confirmó que existen denuncias. “Quisiéramos ver el tratamiento y la opinión en general de los fiscales para ver si se pone un coto. Es un crimen que gente que necesita no puede acceder y gente que por diferentes motivos ha accedido las venda a precio vil”, enfatizó.
El funcionario del Instituto para la Vivienda constató personalmente varios casos y “nosotros hemos sido testigos porque han traído a mi oficina denuncias, por ejemplo en Benito Legerén, de casas que no se pagaron, que deben más de un 80% y que las venden. Las irregularidades fueron constatadas con casas otorgadas en forma gratuita ante una emergencia social. O fueron “cambiadas por cosas irrisorias como una moto o por elementos que no son tan necesarios como una vivienda familiar”, lamentó.
Asimismo, durante el encuentro trataron un expediente referido al barrio Dos Naciones de La Bianca. Esa línea, Giampaolo explicó que el barrio es “alcanzado por una ley nacional que permitirá la regularización de los inmuebles construidos para familias inundadas o para distintas emergencias sociales en favor de sus actuales poseedores, lo cual es un paso de inclusión social histórico. Va a significar que al menos unas 400 o 500 familias en Concordia que hoy están sin título por el domicilio que habitan, puedan ser propietarios”.
En la reunión también surgieron los problemas que hay en torno a la construcción. Entre ellos, la necesidad de generar construcciones de demanda libre, indicó el edil. Es decir, de todos aquellos que no están en cooperativas y necesitan un inmueble. Conforman un “vasto sector de la sociedad, unas dos mil personas aproximadamente que podrían calificar y que no logran la construcción de viviendas libres”, agregó. Los proyectos que se ejecutan actualmente están destinados a grupos cooperativos, por ejemplo docentes, estatales, bancarios.
La necesidad es de aquel que no forma parte de una cooperativa, ni tampoco accede a un crédito bancario. “El gerente nos explicó que el Gobernador impulsa en este momento un proyecto para la construcción de 500 viviendas de demanda libre”, finalizó.
