El juez Miguel Ángel Giorgio, a cargo de la presidencia de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), dispuso la integración del tribunal junto a los vocales Germán Carlomagno y Carlos Tepsich para resolver el pedido de inhibición de la jueza Gisela Nerea Schumacher, que pidió ser apartada del tratamiento de la impugnación extraordinaria presentada por los defensores del exgobernador Sergio Urribarri contra la resolución de la Cámara de Casación Penal del martes 19 que ordenó la detención del extitular del Ejecutivo y su alojamiento con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná.
La Sala Penal había quedado conformada para tratar el megajuicio por los vocales Miguel Giorgio, Germán Carlomagno y Gisela Schumacher. Ahora, en lugar de Schumacher se sumó el vocal Carlos Tepsich. Pero primero el tribunal conformado por Giorgio, Carlomagno y Tepsich deberá resolver la inhibición de Schumacer para después recién abocarse al planteo de los defensores de Urribarri.
El martes 19 del actual, la Cámara de Casación revocó una resolución del Tribunal de Juicios y Apelaciones, hizo lugar a un planteo del Ministerio Público Fiscal, ordenó la detención del exgobernador Urribarri y de su cuñado Juan Pablo Aguilera -condenado a 6 años y 6 meses- y dispuso su alojamiento con preventiva en la Unidad Penal de Paraná hasta que la sentencia quede firme. El caso está a resolución de la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario federal.
Los defensores de Urribarri -Fernando Burlando, Javier Baños y Lepoldo Cappa- a los que se sumaron los representantes legales de Aguilera -Miguel Cullen y Marcos Rodríguez Allende- cuetionaron la decesión de Casación y presentaron una impugnación extraordinaria para que los encarcelamientos sean analizados por la Sala Penal del STJ. Casación hizo lugar al planteo, pero cuando el expediente llegó a la Sala Penal la jueza Schumacher se excusó de intervenir con el argumento que ha sido denunciada ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados precisamente por intervenciones anteriores en el megajuicio. En particular, en el voto que hizo lugar al recurso federal de Urribarri.
“Si bien quiero expresar, tal como lo hice ante la Comisión de la Cámara de Diputados, el rechazo categórico de conducta irregular de mi parte, motivante de los procedimientos constitucionales promovidos, cierto es que toda esta situación ha generado en mí una grave afectación en mi juicio interno, configurante de lo que se denomina ´violencia moral´ que afecta mi tranquilidad y que no me permiten juzgar la causa con la serenidad que exige el proceso”, dijo la magistrada en su presentación.
Schumacher consideró “que esta situación subjetiva podría además tener proyección hacia la comunidad, dada la inusual repercusión pública que la situación ha tomado, lo que generó la declaración de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Además, destacó: “Es de público conocimiento que he sido objeto de dos denuncias y una ampliación presentadas y en tratamiento ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento. Tienen como finalidad la apertura de un juicio político en mi contra invocando la causal de mal desempeño, cuestionando decisiones que dicté en la causa 5377 y acumuladas, que fue iniciada por un recurso de queja por impugnación extraordinaria denegada en esta causa principal número 5620”.
“Por una de esas denuncias, fui notificada por la Comisión con el fin de presentar un descargo, lo que así efectué, y no así de la segunda denuncia que habría presentado, según los medios de comunicación, una Asociación Civil llamada Entre Ríos sin Corrupción», planteó.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados rechazó el primero de los pedidos de juicio político presentados contra la vocal de la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Gisela Nerea Schumacher. Pero restan dos decisiones: una respecto de la presentación hecha por la ONG «Entre Ríos sin Corrupción», y una tercera, ampliatoria de la primera, presentada por el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi.
Los legisladores deberán ahora centrarse en la presentación de «Entre Ríos sin Corrupción», que denunció a la jueza Schumacher por supuesto “mal desempeño”. El cuestionamiento tiene que ver con el “cambio de criterio” en la causa conocida como “Megajuicio por corrupción”, de la cual resultó condenado el exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; y el empleado del Senado, Juan Pablo Aguilera, entre otros. En efecto, la vocal del STJ rechazó en abril pasado el recurso extraordinario provincial en la causa y, poco después, en octubre, concedió el recurso extraordinario federal para que los imputados vayan a reclamar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y también tendrán que analizar una ampliación del pedido de juicio político que impulsa el intendente Rossi, escrito que fue presentado este martes en la Cámara de Diputados.
En el primer planteo, Rossi le reprocha a Schumacher «por mal desempeño en sus funciones, debido a un cambio arbitrario e injustificado de postura en dos fallos judiciales recientes, que afecta gravemente los principios de seguridad jurídica y debido proceso». Apunta, fundamentalmente, al reciente pronunciamiento de la Sala Penal del STJ -que integraron Schumacher, Germán Carlomagno y Miguel Giorgio- que habilitó la vía de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el exgobernador Sergio Urribarri siga batallando contra la condena a 8 años de cárcel en el megajuicio que le impusieron en 2022.
El jefe comunal de Santa Elena y exvicegobernador de Entre Ríos historió la carrera judicial de la magistrada y destacó: «Schumacher ha sido parte de decisiones judiciales polémicas, en especial relacionadas con figuras políticas como el exgobernador Sergio Urribarri. En uno de los casos más controvertidos, la defensa de Urribarri intentó recusar a Schumacher, acusándola de parcialidad. Esta recusación fue rechazada, pero el manejo del caso ha sido cuestionado por varios sectores, incluyendo la exprocuradora adjunta Cecilia Goyeneche, quien calificó algunos de los fallos de Schumacher como ´escándalos jurídicos´ por presuntas contradicciones en sus resoluciones. Además, Schumacher ha sido criticada por su voto en casos donde se le atribuye haber cambiado su postura de manera repentina, lo que ha generado dudas sobre su imparcialidad y consistencia judicial».
Fuente: Entre Ríos Ahora
