“Esta causa desnuda la situación de Concordia respecto al narcotráfico, que se ha vuelto insostenible y, si no se toman medidas urgentes, esto va a ser Rosario en poco tiempo”. La frase salió de boca de un funcionario judicial consultado por El Entre Ríos este sábado por la noche, cuando acababa de concluir uno de los megaoperativos de mayores dimensiones en la historia de la lucha contra el tráfico de drogas en la capital del citrus.
Los 30 allanamientos realizados este sábado y las 20 detenciones fueron autorizadas por el Juez de Garantías Mario Figueroa, a pedido de quienes han conducido la investigación: los fiscales Francisco Azcue y Daniela Montangie.
En los operativos intervinieron no menos de 300 funcionarios, bajo las órdenes del Comisario José María Rosatelli, jefe de la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos. También tuvo una activa participación la Prefectura Naval Argentina.
La investigación comenzó aproximadamente un año atrás, allá por noviembre de 2020. Por entonces, se habían sucedido varios ataques con armas de fuego de grueso calibre, en los cuales se repetían algunas características: los victimarios concurrían a los domicilios de las víctimas y efectuaban una gran cantidad de disparos, tanto contra personas como contra sus propiedades.
Dispuestos a averiguar qué estaba ocurriendo, los investigadores detectaron que en una zona de Concordia, especialmente los barrios Sapito y José Hernández, casi “tomados” por los vendedores de cocaína, había una pelea territorial entre grupos narcos. Esta guerra traía como consecuencia toda clase de hechos ilícitos, entre homicidios, lesiones y robos.
Fiscalía apeló a intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia de Garantías, que permitieron desenmascarar a la banda narco criminal, la cual tenía un brazo armado compuesto por menores y mayores de edad. Los menores también eran utilizados para elaborar los cebollines de cocaína y para el traslado de la droga hacia distintos sectores.
Luego de varios meses de investigación, la evidencia incorporada convenció a los fiscales de que la organización criminal detectada tenía un gran poder social y territorial, ejercido mediante la violencia, que le ha permitido delinquir con total impunidad, tomando como rehenes a los habitantes pobres de dos barrios de Concordia.
En el modus operandi de la banda aparecen maniobras que describen el infierno que viven las barriadas de la periferia cooptadas por los narcos. Por ejemplo, los narcotraficantes compran las casas de los vecinos que se van porque ya no soportan la situación extrema en la que viven y la alta peligrosidad del barrio. Otros vecinos terminan accediendo a guardar armas y droga en sus casas a cambio de estupefacientes o como alto precio que pagan para poder seguir viviendo allí.
En esta causa, teniendo en cuenta los legajos acumulados, se secuestraron más de 500 dosis de cocaína, armas de fuego de distintos calibres, elementos de corte, balanzas, municiones, etc. Hay 29 hechos imputados, y varios delitos: Asociación Ilícita, Homicidio, tentativa de homicidio, comercio de estupefacientes, amenazas con armas, lesiones.
Las dosis secuestradas no llegarían a sumar un kilo de cocaína, una cantidad ínfima en comparación con el enorme despliegue llevado a cabo, que incluyó el uso -siempre muy costoso- de helicópteros. Los investigadores creen saber por qué no pudieron hallar depósitos de mayor volumen: “Lo que se puede apreciar es que esta banda trae la droga y la fracciona muy rápido en distintos domicilios y la distribuye en Concordia y Chajarí. Por eso es muy difícil encontrarles la droga ‘entera’. Primero, porque al tener tanta gente trabajando, el fraccionamiento es muy rápido. Tenían hasta un nene de 13 años armando las bolsas. Segundo, porque van comprando casas donde arman las bolsas y fraccionan y van involucrando a mucha gente pobre, que se vuelven cómplices y a la vez víctimas de esto”.
La banda tenía una estructura vertical. Sus líderes se hacían respetar haciendo uso de su poder de fuego y del dinero. La venta de estupefaciente era la actividad central, a la par que contaba con un grupo armado, compuesto por jóvenes, quienes en varias ocasiones cumplieron funciones de sicarios.
La investigación también permitió descubrir el vínculo entre robos, en apariencias comunes, y el narcotráfico. Lo robado era vendido e intercambiado por estupefacientes a los líderes de la banda, cuyo poder en los barrios termina por sustituir al mismísimo Estado.
Entre las investigadas, allanadas e imputadas, figura Johana Gómez, expareja del narco conocido como “Pete” Lescano, quien fuera noticia por haber volcado una camioneta con 600 kilos de droga en Misiones. La casa de esta mujer fue allanada el 18 de septiembre, por Toxicología. Una hermana de Gómez, que lleva otro apellido, fue internada semanas atrás de urgencia, bajo los efectos del consumo de estupefacientes, y –según lo denunciado por sus familiares- habría sido víctima de una violación en manada.
Fuente: El Entre Ríos
