A un mes de las elecciones nadie parece haber entendido el resultado que dieron estas. La re-reelección de intendentes bonaerenses es una jugada que interesa solo a la clase política y que va en contra de todas las necesidades manifestadas por la gente en las urnas. Las divisiones en la oposición y la debilidad de los Ejecutivos (de la Provincia de Buenos Aires y Nación) allanaron la vía a las ambiciones de los intendentes en eterno conflicto con Kicillof, fortalecidos tras el resultado electoral (en una lectura muy enroscada después de una derrota). Una especie de acuerdo mirando a 2023.
Cada tanto, la tentación de las re-reelecciones se impone en el primer renglón de la agenda política. Esta vez, ocurre en escala comunal y en la provincia de Buenos Aires. Alcanza para exhibir el repetido recurso de sus interesados: enredar todo en un a discusión técnica, de grises legales, y eludir la cuestión de fondo, que es el límite al ejercicio del poder en continuado. El espíritu de la ley provincial ahora modificada era sencillo: evitar tres mandatos consecutivos de los jefes municipales y otros cargos electivos. Una falla en la reglamentación y otras consideraciones menores sirvieron de base para poner en discusión el tema, es decir, para allanar el camino a una nueva temporada de los mismos intendentes.
Todo muy extemporáneo. Y en un marco de fisuras internas en los dos principales espacios políticos. Una señal de fuerte desconexión con la realidad, porque ocurre al final de otro año desgastante en materia social y económica, a un mes y medio de las últimas elecciones y cuando falta mucho para la disputa del 2023.
La lectura parcial y difícil de comprender del pasado comicio está en el origen de esta escalada para habilitar una nueva chance de competencia a intendentes que vienen del 2015. Los intendentes del peronismo -en especial, los del GBA- jugaron fuerte después de la derrota en las PASO y se adjudican la mejora del resultado, que de todos modos terminó en derrota del oficialismo. De inmediato, y tal como habían anticipado sus interlocutores en plena crisis posterior a las primarias, se presentaron con su pagaré: reclamaron el respaldo interno inmediato -o al menos, el fin de las trabas- al proyecto de los “intendentes eternos”.
Ya habían movido fichas con las designaciones de muchos de ellos en cargos nacionales o provinciales, con el fin explícito de eludir la ley de 2016, sancionada con impulso de María Eugenia Vidal y apoyo activo de Sergio Massa. Existía un gris en la reglamentación, que habilitaba una nueva candidatura si habían cumplido menos de la mitad de uno de los dos mandatos. Existía la posibilidad de seguir el camino judicial, pero más claro y seguro era una nueva ley.
El oficialismo resolvió su ecuación interna en velocidad. Más que el respaldo de Alberto Fernández -lo tenían desde un año antes-, importaba la discusión con el poder K en la provincia. La idea de las re-reelecciones no atraía a Axel Kicillof -su relación con los intendentes siempre fue mala, en línea generales- y sobre todo era rechazada en silencio por La Cámpora, que en su imaginario anota la disputa de espacios territoriales. Allanado ese camino -una especie de realismo pragmático del kirchnerismo duro- sólo quedaba la incomodidad del massismo. Se opuso, aunque no trabó el trámite legislativo. Algo parecido hicieron integrantes de JxC. Y hasta hubo divisiones en el espacio liberal.
La principal oposición llegó dividida a esta instancia, aunque la mayoría respaldó la estrategia de avanzar con un proyecto que reconsidera la norma legal en cuestión. Vidal y su espacio se opusieron. Con poco peso propio lo hizo la CC. Y en el radicalismo también hubo cruces. Pero resultó mayoritaria la posición según la cual, con esta nueva ley, se pone fin al atajo de la renuncia antes de cumplir dos años de gestión para ganarse la chance de la re-reelección.
Hay al menos dos criterios manejados por quienes de diferente modo abrieron las puertas a los deseos de decenas de intendentes.
Ese último -cerrar un resquicio dejado por la reglamentación de la ley original- parece desconocer que la cuestión de fondo es de voluntad y concepción políticas. La eternización en el poder puede generar nuevos enredos “legales” para intentar otros atajos más adelante. Y el proyecto supuestamente correctivo que acaba de ser sancionado por la Legislatura provincial no va acompañado por ningún compromiso colectivo de renuncia a la reelección. Todo lo contrario.
Existe además una concepción aún peor, que ni siquiera intenta la justificación en el remiendo legal. Dice, en forma de pregunta: ¿por qué no permitir a la gente reelegir a un intendente -o gobernante en general- si lo quiere? En otras palabras, un vestido para la reelección indefinida hilvanado con el supuesto de la voluntad popular. Es lo que les transmitió el Presidente a varios intendentes bonaerenses del PJ al expresar su primer respaldo a la ofensiva.
Esa concepción desconoce dos cuestiones. Una es práctica: el peso de las estructuras de poder local y su efecto clientelar. Y otra es de fondo: el sentido de las normas -empezando por la Constitución- para limitar tendencias personalistas y autoritarias, y equilibrar el ejercicio del poder.
El mensaje fue otro. Nada de eso fue tenido en cuenta. Todo fue a las apuradas, entre Navidad y Año Nuevo.
Nota: Eduardo Auclino para Infobae
