La Multisectorial demandara al estado provincial

Los integrantes de la Multisectorial por la Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos, presentarán el 8 de abril la demanda judicial contra el gobierno provincial porque consideran inconstitucional la Ley 10.352 que lo autoriza a tomar préstamos con entidades financieras de la República Popular China, para financiar obras de acueductos que serán ejecutadas por empresas de ese país, sin haber presentado los mecanismos correspondientes a una licitación pública. Uno de los integrantes del colectivo, Luis Lafferriere, adelantó a AIM que “una vez presentada la demanda por inconstitucionalidad, continuaremos informando a la sociedad sobre este álgido tema”.

En diálogo con la Agencia, el contador Lafferriere explicó que la demanda por inconstitucionalidad de la ley de acueductos “ya está lista”, pero explicó que “al no ser personas físicas sólo pueden firmarla las organizaciones que cuenten con personería jurídica. Es por eso que solo lo harán las que estén en condiciones para cumplir con las formalidades y el resto se adherirá”.

Además, Lafferierre comentó que “hace poco nos enteramos que el gobierno llamó a una consulta pública por uno de los acueductos. El plazo lo abrieron hace un par de semana  y será hasta el 10 de abril, pero creemos que eso deberían haberlo hecho antes de sancionar la ley y para la consulta deben presentar el proyecto con China y no el que estaban trabajando antes, porque son dos cosas muy distintas”.

El contador recordó que integrantes del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap) ya estaban elaborando un proyecto similar con que incluía al acueducto de La Paz – Estacas y la sistematización y distribución de agua para riego en la región citrícola de Mandisoví, pero con el costo estimado en 90 millones de dólares.

Según comentó Lafferrire, una vez entregada la denuncia “haremos una amplia difusión de lo que presentamos y continuaremos informando a la sociedad sobre lo que es el tema de los acueductos”.

DE QUÉ SE TRATA

En la segunda sesión de prórroga del 135 período legislativo, los diputados oficialistas consiguieron los votos necesarios para dar sanción definitiva al polémico proyecto de ley por el que se autoriza al gobierno de Sergio Urribarri a tomar un crédito por más de 430 millones de dólares con bancos estatales y aseguradoras chinas para realizar dos  acueductos exclusivamente con  China State, registró AIM.

La iniciativa tuvo fuertes críticas de la oposición y dudas del oficialismo. En el recinto hubo representantes de la multisectorial que rechazó la concreción de la operación porque se violará la Constitución, endeudará la provincia, tendrá un fuerte impacto ambiental y está sobrevaluada.

QUÉ DIJO LA OPOSICIÓN

La diputada socialista María Emma Bargagna afirmó que lo aprobado fue un ataque a la soberanía: “la soberanía reside en el pueblo, elige a sus representantes y sanciona una Constitución para que nosotros cumplamos con ella y no tenemos derecho para derogarla con un proyecto de Ley; no tenemos derecho de violar la Ley. Tenemos que ser disciplinados cumplidores de la Ley si queremos estar en el marco de un Estado de Derecho”.

En ese sentido, la abogada remarcó que el proyecto que quedó a disposición del Ejecutivo para su promulgación “es inconstitucional e ilegal ya que ataca la médula de la República, que es la soberanía y ataca los principios de publicidad de los actos de gobierno”, a lo que se suma que “no se consultó al pueblo, no hay estudios de impacto ambiental y las obras se adjudicarán de forma directa sin licitación pública y transparente por lo que hay falta de respeto muy importante por parte del gobernador y el Fiscal de Estado -Julio Rodríguez Signes-, porque este negocio lo traen los dos y  ni uno ni otro cumplieron con su deber de funcionario público”, por lo que se estaría incurriendo en delitos penales.

Además, la diputada detalló que “uno de los proyectos le daba al acueducto un costo de 35 millones de dólares que, teniendo en cuenta la inflación del dólar de un 30 por ciento, costaría hoy de 36 millones de dólares y el otro tenía un costo de 15 millones de dólares en 1999 y hoy se hablaría de 20 millones mientras que hoy se aprueba una Ley que autoriza a tomar un crédito para hacer las dos obras por 431 millones iniciales”, con cláusulas usureras de abandono de la soberanía, resolución de los conflictos en tribunales ingleses  y claras desventajas para el Estado entrerriano. Ante ese escenario, la diputada se preguntó: “¿Por qué eluden la licitación pública el gobernador, el fiscal y los legisladores?” y respondió: “qué pasa, no quieren saber cuánto sale realmente las obras y que se haga una licitación internacional en la que venga el mejor oferente”.

Además, Bargagna apuntó que se otorgarán beneficios a la empresa china para que importe trabajadores y se le permitirá al Estado chino ingresar al territorio para sacar materia prima a costa de la destrucción de la industria nacional que tanto costó recuperar.

Por su parte, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Agustín Federik, criticó la usura que implicará el crédito y  afirmó que “no hay imperialismo bueno o malo”, proposición que reforzó por medio de una cita del presidente de Uruguay, José Mujica, quien afirmó que “no vaya a ser cosa que estos acuerdos con China nos hagan extrañar a nuestros ex socios los yanquis”.

“No quiero que en este momento se entregue el patrimonio del norte entrerriano que esta postergado por las erráticas políticas de Estado”, dijo Federik, quien explicó que desde el bloque no creen que “con semejante endeudamiento con los chinos se tenga un beneficio adicional algo que no se logró en estos 12 años de gobierno peronista”. Pero además del fundamento político, la UCR realizó una oposición a la norma desde el punto de vista estrictamente del derecho ambiental. Al respecto, Federik remarcó que “no hay estudio de impacto ambiental”, por lo que el proyecto se presentaría como inconstitucional.