En los tribunales no se avanzó con expedientes que involucran a tres funcionarios de la provincia. Uno de ellos tiene al escribano Mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi, sospechado de haber estafado a un hacendado para quedarse con sus bienes, el otro refiere a la designación del presidente del Tribunal de Cuentas, Guillermo Smaldone, que llegó al cargo en un dudoso proceso y el tercero a una supuesta estafa que habría realizado el presidente de la Codesal, Luis Mazurier, con la explotación del Hotel Ayuí de Concordia.
Quien debe dar fe de los actos del gobierno entrerriano enfrentará un juicio oral y público por fraguar documentos públicos y quedarse con propiedades a través de maniobras fraudulentas, según entendió la Justicia en sus primeras instancias.
Gastaldi sería el arquitecto de un fideicomiso fraudulento que tuvo como objetivo desheredar a una hija no reconocida por un hacendado de Gualeguay. El funcionario provincial colocó a su hijo, también escribano, en el dominio fiduciario con el que se realizó la operación para transferir los bienes.
La denuncia incluye el intento de hacer cremar el cuerpo del potentado para obstaculizar cualquier reclamo filiatorio y allanar el camino para quedarse con 37 inmuebles, en su gran mayoría rurales con excepción de tres inmuebles urbanos. En eso andaba el escribano Mayor que, como si fuera poco, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) lo condenó por haber hecho una escritura de cesión de bienes a un hombre que se estaba muriendo.
El escribano y su hijo tienen que enfrentar un juicio ante el tribunal de juicio integrado por Darío Crespo, Roberto Cadenas y María Angélica Pivas. La demora para fijar la fecha del debate no tiene una justificación administrativa o procesal. Fuentes judiciales coincidieron ante Página Judicial que las novedades aparecerían luego de las elecciones. Este argumento -que se repite como si fuera aceptable-, no hace otra cosa que ratificar lo que se conoce en Casa de Gobierno y buena parte de los tribunales: la sintonía entre algunos representantes de los dos poderes del Estado.
MÁS DE UN AÑO
El 16 de abril del año pasado, la designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia llegó a la Justicia. El dirigente radical Juan Carlos Arralde promovió una acción de inconstitucionalidad al entender que el procedimiento por el que se pretendía nombrar al nuevo controlador de las cuentas públicas violaba la Constitución entrerriana.
La carta magna reformada en 2008 establece en su artículo 217 que el presidente del organismo de control debe asumir “previo concurso público que la ley ordenará conforme a los siguientes criterios rectores: un jurado de concurso será convocado en cada caso por el Poder Ejecutivo el que designará su representante y asegurará la participación igualitaria de los sectores académicos, de las asociaciones civiles cuyo objeto principal sea la promoción de la transparencia y la ética en la función pública. Sus integrantes se desempeñarán en forma honoraria y elegirán una terna que será elevada al Poder Ejecutivo para su designación con el acuerdo del Senado”. Nada de eso ocurrió.
Arralde -en calidad de abogado activo- legitimó la presentación diciendo que él mismo podría ser un “interesado” en ocupar el cargo que hoy ocupa Smaldone, hijo del vocal del STJ, único funcionario nombrado en el alto cuerpo por Sergio Urribarri.
El otro argumento con el que se cuestionó la designación del por entonces ministro de Trabajo, fue la cercanía que tiene precisamente con el gobernador.
El vocal Carlos Chiara Díaz emitió el primer voto en febrero. El segundo voto es para Susana Medina De Rizzo, pero no lo hizo. Los vocales tenían 75 días hábiles para dictar la sentencia. Ese plazo debe contarse desde el 18 de febrero pasado, cuando el expediente entró a despacho para sentencia.
El viernes pasado, el peticionante manifestó su “preocupación” por la inexplicable dilación ante el secretario de la Sala Contencioso-Administrativa del STJ, Julio Pérez Duchase. No hubo respuesta oficial. Pero un integrante del alto cuerpo deslizó ante este medio una pista: “Hay que esperar que pasen las elecciones”.
UNA EMPRESA FANTASMA PARA EXPLOTAR EL HOTEL AYUÍ
En lugar de llamar a una licitación para dar en concesión la explotación del hotel Ayuí, el presidente de la Codesal (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande), Luis Mazurier, la tomó para sí a través de una empresa fantasma. A pesar de que los recibos de sueldos del personal del hotel siguen siendo emitidos por la empresa que hace 13 años tomó la concesión, la facturación la hace un trabajador autónomo que sería empleado de la Codesal y que tiene domicilio fiscal en el medio del campo.
A partir de la publicación de diario Noticias en noviembre de 2013, la justicia concordiense inició una investigación de oficio por presuntos negocios incompatibles con la función pública, pero más de un año y medio después la causa nunca fue elevada a juicio.
Sin que mediaran procesos públicos y abiertos, la concesión del hotel Ayuí, propiedad del Estado Nacional y transferido a la provincia a través de un convenio por 30 años, fue traspasada de hecho de la empresa que ganó la licitación en 2001 a una persona que sería, de acuerdo con fuentes fidedignas, empleado de la Codesal y que factura por todos los servicios que presta el hotel estatal.
El titular de la explotación, que ni siquiera exhibe la Data Fiscal reclamada por la AFIP a todos los contribuyentes, es un joven de 29 años que tendría vínculos familiares con Luis Mazurier, presidente de la Codesal, el organismo provincial al que el gobierno le confió la administración de las áreas circundantes al lago de Salto Grande que recibió de la CTM a través de un convenio de diciembre de 2004.
Alberto Jesús Villanueva, con sus 29 años, es en los papeles quien explota la venta de servicios hoteleros en el Hotel Ayuí pese a que no hay ninguna licitación de por medio para adjudicarle la explotación de ese hotel propiedad originariamente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y luego transferido al gobierno de la provincia de Entre Ríos al igual que todas las áreas circundantes al lago de Salto Grande conocidas como “Perilago”.
Además de ser supuestamente empleado de la Codesal, Villanueva es el presidente de FIDEINSA, sigla de Fideicomisos e Inversiones Hoteleras S.A.
Esta firma, con domicilio en Laprida 2165 en el barrio de Recoleta en Buenos Aires, fue la primera empresa fantasma que Mazurier creó para tomar para sí la explotación del hotel Ayuí después de que se concretó el traspaso a la órbita provincial.
Fideinsa fue creada en 2010 con el objeto de llevar a cabo “explotaciones e Inversiones Hoteleras: construcción y, explotación de hoteles, hoteles termales, tiempos compartidos, que incluyan restaurantes y bares, sus instalaciones y accesorios y/o complementarios para servicios y atención de sus clientes y cualquier actividad que esté relacionada con la hotelería”. Objeto que podría aplicarse casi en cualquiera de las áreas que la provincia le confió a la Codesal.
Para despejar dudas de la vinculación de Mazurier con la adjudicación directa del hotel Ayuí, la vicepresidenta de Fideinsa, Alejandra Cáceres, tiene domicilio fiscal en Concejal Veiga 777, la sede del diario El Sol.
Pero la explotación del hotel Ayuí por parte de Fideinsa no prosperó debido a que la DGI la canceló por considerarla una empresa fantasma, según los términos de la Resolución General 3358/2012.
Ante esta eventualidad, Mazurier debió recurrir al presidente del Fideicomiso para que se haga cargo de la facturación por la venta de servicios hoteleros del Hotel Ayuí, aunque quedara muy en evidencia el hecho de que sea un empleado de la Codesal.
Un procedimiento realizado por un perito contador ante un oficial de Justicia en julio de 2013 a raíz de un juicio laboral constató que “las facturas emitidas por el hotel para realizar las cobranzas y demás operaciones comerciales, tanto en efectivo, tarjetas de crédito, débito, etc, se hacían a nombre del Sr. Villanueva, Alberto Jesús y no a nombre de la empresa Balace S.R.L.”.
Balace SRL tiene a cargo la concesión del hotel Ayuí desde mediados de 2002 después de que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande llamó a licitación en 2001.
