La Justicia allanó ayer jueves la Municipalidad de Puerto Yeruá, para avanzar en la investigación de la denuncia presentada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet contra el intendente Fabián Cevey, funcionarios de la comuna y otras personas vinculadas, por la venta supuestamente fraudulenta de 14 terrenos que la comuna recibió del gobierno provincial.
El procedimiento, encabezado por el fiscal José Arias, apuntó a recabar documentos que permitan reconstruir cada una de las operaciones de venta; no sólo las normas que las respaldaron sino también los registros contables de los pagos.
La fuente consultada por www.elentrerios.com se encargó de dejar en claro que «la investigación recién comienza. Estamos haciéndonos de la documentación para reconstruir paso a paso cómo fueron las operaciones de venta», explicó.
El intendente Fabián Cevey, días después de que fuera formalizada la denuncia en su contra, emitió un comunicado en el que no sólo defendió su inocencia sino que además reveló que en abril de 2015, en respuesta a una presentación espontánea del municipio, el fiscal Jorge Suñer evaluó la documentación y «desestimó» el caso, por no hallar indicios de delito alguno.
«El pronunciamiento de Suñer no implica que haya ‘cosa juzgada'», aclararon a El Entre Ríos desde Fiscalía, quitándole toda relevancia. «Aquello no había sido una denuncia si no una presentación espontánea y basada sólo en la documentación que adjuntó el municipio», explicó.
El abogado Mulet adelantó a NOTICIAS que eventualmente se evaluará la posibilidad de pedir un jury contra el fiscal Suñer por mal desempeño.
La denuncia
Los abogados Pagliotto y Mulet denunciaron «por los delitos de defraudación al Estado y/o peculado de bienes y/o la figura que entienda conveniente, a Alejandro Fabián Cevey, quien al momento de los hechos se desempeñaba como Presidente Municipal de Puerto Yeruá, cargo que ocupa al día de la fecha; María Griselda Brassesco, quien al momento de los hechos se desempeñaba como Secretaría Municipal de acuerdo al Decreto de designación 024 de fecha 2 de junio de 2005, cargo que ocupa a la fecha; Marcelo Alcides Larroca, con domicilio en Pellegrini 1464 de la Localidad de Puerto Yeruá, en su carácter de comprador; Fabián Rubén Terenzano, domiciliado en Colonia Ayuí, en su carácter de comprador; María Mercedes Maquiavelo, con domicilio en calle Alfredo Palacios 2692 de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en su carácter de compradora; Quien sería cuñada de la esposa del Intendente Cevey, firmando su esposa como apoderada de Maquiavelo; Romina Elizabeth Filsinger, domiciliada en Avda. San Martín sin numero de Puerto Yeruá, como compradora, quien es hija de la secretaria de la Intendencia, Brassesco; Leonardo Daniel Galarza, domiciliado en Ricardo Rojas 581 de la Ciudad de Concordia, también como comprador, quien es marido de Romina Elizabeth Filsinger, y yerno de la secretaria de la intendencia; José Luis Irribarren, domiciliado en Manzana B sector 1 Departamento 82, Barrio La Bianca de Puerto Yeruá, como comprador». Los abogados respetaron en la presentación los domicilios denunciados por los compradores, pese a que algunos de ellos no existen, como el barrio La Bianca, en Puerto Yeruá, o la calle Pellegrini al 1400 de esa localidad.
Los letrados denunciantes relatan que «en fecha 14 de junio de 2010, se procede a firmar la escritura de donación numero trescientos setenta y cuatro por ante el Escribano Mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi, por la cual el Gobernador de aquella época Sergio Daniel Urribarri, conjuntamente con el Ministro de Gobierno Adán Humberto Bahl, donan a la Municipalidad de Puerto Yeruá (representada en tal acto por su Presidente Municipal, Alejandro Fabian Cevey y su Secretaria Municipal, María Griselda Brassesco) la cantidad de 14 lotes, de acuerdo a la Ley Provincial 8937 y el Decreto 1739 MGJEOySP del 13 de mayo de 2010, donación que es aceptada y así perfeccionado el acto por los comparecientes en carácter de representantes del Municipio de Puerto Yeruá».
Agregaron que «el mismo día, sin que medie acto administrativo alguno y/o concurso de precios y/o licitación, y desconociendo cualquier trámite administrativo que autorice al Presidente Municipal de Puerto Yeruá y a su Secretaria, los mismos terrenos son «vendidos» por estas autoridades a los particulares que son denunciados en la presente e identificados ut supra, mediante escritura correlativas que van desde el número trescientos cinco al trescientos setenta, inclusive».
Advirtieron que «todos los terrenos fueron vendidos, en el más absoluto silencio por parte de las autoridades municipales, y sin que se tenga autorización alguna por parte del Concejo Deliberante de dicha ciudad, y por lo que entendemos ha sido un precio vil de acuerdo a la superficie, ubicación y valor de mercado de los terrenos en dicha localidad».
Pusieron como ejemplo que «en la escritura trescientos sesenta y cinco, se vende el inmueble individualizado por el plano 56.565, cuyos demás datos obran en la referida escritura y a ella me remito en honor a la brevedad, por la suma de PESOS ONCE MIL CINCUENTA ($11.050.-). De acuerdo a la valuación solicitada por el bloque de concejales de Cambiemos del Concejo Deliberante de Puerto Yeruá, que se adjunta, a la fecha de 14 de junio de 2010, el valor del metro cuadrado en el lugar arrojaba la suma de $14,70, siendo el valor real de mercado a dicha fecha TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS ($334.900), por lo que las autoridades municipales procedieron a vender el lote causando un perjuicio patrimonial al erario municipal de más de Trescientos Ochenta Mil Pesos».
LA RESPUESTA DE CEVEY
La Municipalidad de Puerto Yeruá emitió un comunicado oficial en respuesta a la denuncia efectuada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet sobre el supuesto manejo irregular de lotes recibidos de manos de la provincia y vendidos a particulares.
El texto del comunicado, que incluye un duro embate contra dos vecinos de Puerto Yeruá, Sebastián Telayna y Aníbal Maschio, revela que el caso ya fue judicializado en 2015 y por iniciativa del propio municipio.
En efecto, el intendente Fabián Cevey trajo a colación que en Abril de 2015 instruyó «al Departamento Legal Municipal, a fin de que efectúe una presentación espontánea ante el único órgano reconocido constitucionalmente de impartir justicia (Poder Judicial), lo que efectivamente se hizo y cuyo resultado con toda la prueba documental aportada, expedido por la Fiscalía, es que » encuentran andamiaje administrativo y legal todas las operaciones realizadas por el municipio y por lo tanto lejos están de ser siquiera mínimamente sospechadas de irregulares y mucho menos ilegales» y, continúa diciendo, «en razón de no encontrarnos frente a hecho o conducta pasible de ser investigada, penalmente irreprochable es que se desestima dicha presentación».
Cevey asegura que el municipio «ya era poseedor y tenedor (de los lotes) desde el año 1995, lo que a partir de finales del 2007 y principios de 2008, partiendo de ofertas presentadas y dentro de los parámetros autorizados por el Concejo Deliberante, se procedió a vender y posteriormente escriturar. En razón de que el Municipio tenía derecho pero no propiedad, por no estar escriturados a favor de éste, es que cuando se escritura a favor del privado, se realiza una escritura simultánea, hecho éste de donde los denunciantes seriales pero no judiciales, maliciosamente, lo exponen de una manera absolutamente errática y tergiversando la realidad de los hechos».
