En medio de cruces y denuncias, el kirchnerismo impuso su mayoría en la comisión de Juicio Político en Diputados y citará como testigo al fiscal Carlos Stornelli en el proceso que lleva adelante contra los cuatro jueces de la Corte Suprema.
Stornelli, uno de los funcionarios judiciales más cuestionados por el kirchnerismo, deberá presentarse tras el pedido que realizó el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, después de que el juez Alejo Ramos Padilla lo nombrara en distintos pasajes de su declaración. Los diputados de Juntos por el Cambio se negaron a acompañar la citación.
Carlos Stornelli deberá presentarse tras el pedido que realizó el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, después de que el juez Alejo Ramos Padilla lo nombrara en distintos pasajes de su declaración.
Al inicio de la reunión, por la mañana y antes de que comenzaran a declarar los jueces Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla, los diputados de Juntos por el Cambio realizaron una fuerte denuncia contra el kirchnerismo.
La oposición denunció una «flagrante violación al debido proceso» en el funcionamiento de la comisión y acusó al Frente de Todos de «habilitar la producción de prueba sin intervención judicial» y se «convirtió al Congreso en un órgano capaz de ejercer de hecho actividades de inteligencia ilegal».
«La Comisión ha ordenado la producción de prueba testimonial —citándose a una enorme cantidad de testigos, seleccionados arbitrariamente, por lo que muchos de ellos resultan ser inconducentes— e informativa de manera ambigua e imprecisa, incurriendo en lo que se denomina una autentica “excursión de pesca”. Reiteramos: no ha existido un análisis detallado y pormenorizado respecto a la vinculación entre la prueba que se pretende producir y los hechos investigados», afirman en el documento que difundiendo antes de la reunión.
El texto de 44 páginas, que está dirigido a la presidenta de Diputados Cecilia Moreau, agrega que «se ha configurado una flagrante violación al debido proceso puesto que se ha habilitado la producción de prueba que afecta derechos fundamentales de los ciudadanos sin la correspondiente intervención judicial».
«Consiguientemente, se ha convertido al Congreso de la Nación en un órgano capaz de ejercer ‘actividades de inteligencia ilegal'», denunció JxC, que marcó que la comisión no está realizando un juicio político como habilita la Constitución sino un “proceso penal paralelo”, produciendo prueba manifiestamente ilegal, violentando las reglas del debido proceso y, por ende, el Estado de Derecho.
«Así, no solo se está poniendo en riesgo la independencia del Poder Judicial —en este caso, mediante un arbitrario ataque a la Corte Suprema— sino, además, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de nuestro país», sentencian.
Y, por último, señala el documento que se ordenó producir prueba que viola el derecho a la intimidad de las personas y que, por tanto, ni siquiera podría ser obtenida con la intervención del Poder Judicial.
El texto, cuyo resumen en el inicio de la reunión de comisión fue realizado por Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, fue firmado además por Mario Negri, Álvaro González, Omar de Marchi, Miguel Bazze, Ana Carla Carrizo, Soledad Carrizo y Alejandro Finocchiaro.
También lo hicieron Ximena García, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, María Luján Rey, Dina Rezinovsky y Pablo Tonelli.
Apenas finalizó el resumen que realizó López, los diputados opositores se retiraron del recinto.
Antes de que comiencen las declaraciones de los primeros citados, Juntos por el Cambio realizó una dura acusación.
Ya sin los diputados de Juntos por el Cambio, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, los acusó de no tener argumentos para debatir.
«Cuando tienen pocos argumentos lo mejor es levantarse e irse», cuestionó.
Antes del inicio de las preguntas a los testigos, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade apuntó contra López y también se refirió a la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.
Para Tailhade, «las declaraciones de López no tienen ningún asidero» y definió la lectura del documento como «un bochorno».
«Desde el lunes a la noche a ninguno de nosotros no nos sorprende este bochorno. El lunes a la noche en un programa de TV, la ex diputada Elisa Carrió instruyó a sus legisladores para que continúen asistiendo y sean ellos los abogados defensores de las personas citadas por Moreau y Tailhade», precisó el legislador.
Los diputados de Juntos por el Cambio regresaron a la reunión cuando comenzaron las preguntas al juez Sebastián Ramos, el primero de los testigos en declarar.
LA AGENDA DE LA REUNIÓN: QUIÉNES DECLARAN COMO TESTIGOS
Todo se produjo antes del comienzo de la primera de las audiencias en las que se recibieron testimonios de jueces y funcionarios judiciales, en lo que constituye la segunda etapa del proceso que se lleva a cabo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.
La presidenta de la Comisión, la oficialista entrerriana Carolina Gaillard, convocó a la comisión para las 11 y para la jornada de fueron convocados los magistrados Alejo Ramos Padilla (juez federal de La Plata) y Sebastián Ramos (juez federal de la Ciudad de Buenos Aires).
Existía la duda en el ámbito judicial sobre el alcance de la citación: el artículo 250 del código procesal penal incluye a los funcionarios del Poder Judicial de la Nación entre quienes no están obligados a comparecer a los tribunales cuando son citados como testigos, pero el reglamento de la Comisión de Juicio Político dispone lo contrario.
«Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión a testimoniar», se indica en el reglamento de la comisión, por lo que los funcionarios convocados habrían interpretado que la citación no tiene carácter de opcional.
La convocatoria de ambos magistrados está vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como «Consejo de la Magistratura» y «Coparticipación».
El juez Sebastián Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias del fiscal Carlos Stornelli, una denuncia vinculada a esos chats, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos «mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal».
Su colega Alejo Ramos Padilla, en tanto, intervino en una denuncia por los mismos hechos pero presentada ante el fuero federal platense por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sostuvo lo opuesto en relación a los supuestos indicios de espionaje ilegal.
«Tampoco han sido arrimados al expediente elementos de prueba serios y objetivos que permitan afirmar que las comunicaciones de Robles y D’Alessandro provienen de acciones de espionaje ilegal en los términos establecidos por la ley 25.520», sostuvo Ramos Padilla cuando se declaró incompetente y envió la denuncia a Comodoro Py, a la jueza María Eugenia Capuchetti.
Además, la lista aprobada por los diputados para la jornada incluyó también los nombres de Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2 Previsional; y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.
Asimismo, de la vocalía de Horacio Rosatti serán llamados Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Valinotti; mientras que, a propuesta de la diputada de la Coalición Cívica-ARI, Paula Oliveto, se convocará a Mario Cimadevilla, exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, en el marco del pedido de juicio político que esa agrupación -integrante de Juntos por el Cambio- promueve contra el juez Ricardo Lorenzetti.
