Por Osvaldo A. Bodean, publicado por www.elentrerios.com
¿Por qué el gobernador de Entre Ríos no se presenta a declarar en forma oral en el juicio a los policías sublevados de Concordia? ¿Por qué negarse a brindar un testimonio clave, que podría ser de enorme utilidad para conocer realmente qué pasó en aquellos lúgubres días de diciembre de 2013?
Su persistente negativa pone en riesgo la continuidad del proceso. ¿Acaso pretende que el juicio caiga? ¿Por qué?
El tribunal le rechazó su pretensión en dos ocasiones. No conforme con ello, usó a los fiscales para intentar que fuera finalmente la Sala de Casación de Paraná la que lo autorizara a refugiarse en un texto escrito, en vez de dar la cara ante jueces, acusados y defensores. También rebotó. Los magistrados entendieron que la vía de la casación resulta inadmisible cuando se trata de impugnar actos dentro del proceso.
ASÍ LAS COSAS, EL JUICIO ENTRÓ EN UNA ESPECIE DE LIMBO.
La defensa reaccionó pidiendo la caducidad de la prueba -es decir, que se desestime el testimonio del gobernador por no haberse presentado a declarar en tiempo y forma-, y los magistrados han aceptado suspender por siete días el juicio, lapso en el que los fiscales intentarán convencer a Sergio Urribarri para que declare por alguna de las tres vías a su disposición: en la sala, por videoconferencia o trasladándose el tribunal hasta su despacho para tomarle la declaración. En cualquiera de los casos, respondiendo preguntas y repreguntas, como debe ser.
¿Es a eso a lo que le tiene miedo, a las preguntas? ¿Qué preguntas? ¿O acaso todo esto es una maniobra para dilatar y finalmente anular el proceso?
El empecinamiento del mandatario en recibir un trato privilegiado ha colocado a varios funcionarios judiciales en una incómoda situación.
Es un precedente claro e insoslayable que tanto jueces como fiscales estuvieron de acuerdo en no admitir el privilegio de declarar por escrito, cuando lo solicitó el Obispo de Concordia, quien de inmediato se avino a presentarse en la sala como cualquier hijo de vecino. Cuando igual pedido provino del gobernador, los magistrados fueron coherentes. Sin dudar, le respondieron lo mismo que al prelado: declare en forma oral.
Los que no guardaron coherencia alguna fueron el Procurador Jorge Amílcar García y sus fiscales dependientes, cuyo rol de acusadores de los imputados terminó desdibujándose hasta convertirse por estas horas en fracasados defensores de los pretendidos privilegios de uno de sus testigos, cabeza de otro poder del Estado.
Si el gobernador finalmente no declara, el juicio se quedaría sin un testimonio clave. En efecto, la sedición, el principal delito que se le imputa a los policías, de haber efectivamente ocurrido, tuvo por víctimas a las instituciones del Estado de Derecho en la provincia, cuya máxima autoridad es Sergio Urribarri. Su comparecencia significa por tanto escuchar a la víctima. De su testimonio podrían surgir elementos relevantes, ya sea para reafirmar la hipótesis de que efectivamente se enfrentó a una sedición, como todo lo contario, si es que se pone en evidencia que sus decisiones se apartaron de lo que la ley le ordena hacer en tal caso.
UNA FARSA EN VARIOS CAPÍTULOS
La palabra que sobrevuela el horizonte es «farsa».
Farsa antes de la rebelión. Farsa durante. Farsa después. Farsa ahora.
El diccionario define a «farsa» como una «acción con la que se pretende engañar a alguien u ocultar algo».
Fue una farsa lo sucedido antes del 8 y 9 de diciembre de 2013, cuando el Ejecutivo y el jefe de policía de Entre Ríos, Héctor Massuh, negociaron un aumento de salarios en secreto y a espaldas de la comunidad, procurando que no se enteraran los gremios ni el periodismo. El Entre Ríos publicó un audio en el que se escucha a Massuh contando que el ministro Adán Bahl había solicitado: «Ustedes tienen que recibirlo (al aumento) calladitos, calladitos». «No pudimos salir a decirlo. Ese fue tal vez el error», admite Massuh, aunque enseguida se justifica.
Fue una farsa mayúscula la sublevación. Los policías que la protagonizaron, que fueron, por acción u omisión, la enorme mayoría de los efectivos de Concordia y no sólo los 18 que hoy ocupan el banquillo de los acusados, cometieron el gravísimo error de haber abandonado a su suerte a la ciudadanía. O sea, a sus vecinos.
Fue una farsa que un año y medio después aún no hayamos afrontado un debate sereno, autocrítico y constructivo, que ahonde en las causas profundas del fenómeno que la crisis de diciembre de 2013 sacó descarnadamente a la luz: que Concordia incuba en su seno a miles de saqueadores, sin mínimas reservas morales, dispuestos a apoderarse de lo ajeno ante el más mínimo descuido. La educación, las políticas sociales, la vida económica de la ciudad, su modelo de desarrollo integral, todo debió haberse revisado en profundidad, a partir de haber verificado, con enorme dolor, que somos una sociedad enferma, con su tejido social desgarrado. Pero nada de eso se hizo. La condena en suspenso a unos pocos autores de los saqueos hizo las veces de simulacro de justicia, como si acaso ello nos pusiera a salvo de que los vándalos reincidan ni bien tengan una nueva oportunidad.
Fue una farsa cómo manejó la crisis el gobierno provincial. Primero amenazó, luego se sentó a negociar durante dos días eternos, para finalmente firmar un acuerdo que jamás cumplió. Si esa era la idea, si la salida era engañar a los rebeldes con una falsa promesa, lo hubiera hecho de inmediato. Habría ahorrado a la comunidad pérdidas humanas y materiales inmensas. No se entiende por qué no ocupó a Gendarmería y Prefectura. Tampoco está claro por qué el jefe de policía no se apersonó en la jefatura a intimar formalmente a los rebeldes a que depongan su actitud.
Es también una farsa que Héctor Massuh haya puesto como excusa para no actuar que su vida corría peligro. ¿Acaso no está en la esencia del policía arriesgar constantemente el pellejo en cada operativo? ¿Qué pensaríamos de un agente policial que, por no arriesgarse, se esconde en la garita mientras ve que están asaltando a un vecino?
Es una farsa el juicio. Primero, porque se circunscribe a sólo unos pocos y no resiste el menor análisis que los 18 acusados sean los únicos implicados en la rebelión. Es tan así, que la misma policía inició sumarios a varias decenas más de sus integrantes. Segundo, porque falta enjuiciar a los responsable políticos de quienes depende la policía. En algo fallaron para que las cosas se desmadraran.
Es finalmente una farsa que el gobernador no dé la cara y declare. Quizá teme que le recuerden su confesión pública: «tenía la Constitución, las leyes, la Justicia lista para ocupar su rol, pero sentí que no me servían, si el riesgo era un baño de sangre».
«El ciudadano que hoy funge como Gobernador debe saber que la Constitución es el acuerdo de convivencia social que legitima su propio mandato y no a la inversa. Como tal, lo que le sirve al pueblo es el cumplimiento de su norma, no la violación constante o su aplicación solo cuando resulta conveniente o favorable”, le contestó un grupo de ex convencionales constituyentes de Entre Ríos.
QUIZÁ EL JUICIO TAMPOCO SIRVA
Puede que la actual negativa de Urribarri a someterse a un interrogatorio obedezca a que, al igual que en diciembre de 2013, también ahora duda de la efectividad de las leyes y hasta de la real utilidad del juicio en marcha.
Quizá sospeche que nada de lo que se está haciendo servirá para impartir verdadera justicia y que, muy por el contrario ahondará en vez de restañar las profundas heridas aún abiertas en la fuerza de seguridad y en la sociedad, a la par que exacerbará el odio no de 18 sino de cientos de uniformados, que ven en el gobernador al peor de sus enemigos.
