En numerosas islas fiscales de Entre Ríos hay cientos de viviendas que fueron construidas sin autorización. La mayoría de ellas están ubicadas en la zona de Victoria.
Si bien algunas viviendas son precarias y están habitadas por pescadores o personas que poseen unos pocos animales para la subsistencia, hay otras edificaciones que llaman poderosamente la atención: se trata de casas amplias de fin de semana, con buena calidad de construcción y diversas comodidades. Algunas de ellas cuentan con piscina. Otras poseen muelle propio, rampas de acceso, churrasquera, galpón y depósitos. También se ha edificado en estos lugares algunos paradores, cabañas turísticas y “dormis” para viajeros.
El denominador común de estas construcciones es que se encuentran en islas fiscales, pertenecientes al Estado entrerriano. Principalmente, están ubicadas en la zona de Victoria, a escasa distancia de la ciudad de Rosario. El dato no es menor: muchos usurpadores que construyeron viviendas de fin de semana en las islas entrerrianas, tienen domicilio en la provincia de Santa Fe. Así lo dio a conocer el programa de televisión “Cuestión de Fondo” que se emite por Canal 9 Litoral.
Sólo boleto de compra-venta
Un relevamiento realizado por la Dirección de Tierras Fiscales, y del que participaron también la Policía y otros organismos, determinó que son alrededor de 700 las viviendas ubicadas en islas que pertenecen al gobierno provincial.
Un documento oficial sostiene que “la mayoría de los propietarios que se entrevistó manifestó haber comprado el lote donde edificaron o residen mediante boleto de compra-venta lo cual al momento de la entrevista no poseían. Aquellos que no residen de forma permanente poseen sus inmuebles como casa de fin de semana”, indica el expediente.
Según se aclaró a “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), ninguno de ellos posee escritura, ya que el lote en el que levantaron su vivienda es tierra fiscal.
Avisos de venta
Hasta hace poco tiempo, en sitios web del rubro inmobiliario aparecían avisos de ventas de parcelas en islas entrerrianas. Los anuncios prometían lotes “escriturados”, o “de posesión inmediata contra escritura”.
Sin embargo, el propio Municipio de Victoria advierte e impugna: “Las islas son del dominio público del Estado provincial y no pueden ser vendidas a particulares ni adquirirse por prescripción”.
Argentina usurpada
Juan Echeverría, ex director de Federación Agraria Argentina, delegación Entre Ríos (FAA), sostuvo que en nuestro país “la apropiación ilegítima de bienes del estado ha sido una constante en toda su historia”.
“La usurpación de Julio Argentino Roca, quitándole a los ranqueles 14 millones de hectáreas y repartiéndolas entre la oligarquía argentina, fue la mayor apropiación en los inicios de nuestro país económicamente organizado. Desde ahí para adelante, todo es usurpación”, mencionó.
“Casi todos los gobiernos, salvo honrosas excepciones como el período que podría ir desde el ’40 al ’70, con leyes de Perón, Illia y otras leyes, pudieron normalizarse algunas tenencias de tierras. Pero la oligarquía argentina, o la nueva oligarquía compuesta por políticos posteriores al golpe de estado, se han ido apropiando de tierras”, aseveró Echeverría.
El ex dirigente rural sostuvo que “la última gran estafa fue la usurpación u ocupación de islas en zonas de Victoria y otros territorios de la provincia, debido a la corrupción del estado”.
Situación grave
Pablo Aceñolaza, director de áreas Protegidas de la provincia, reconoció a “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), que la situación que se vive en las islas fiscales entrerrianas, “es realmente grave”.
“Cuando se usurpa una tierra fiscal, que además es área natural protegida, significa que hay una desvalorización por parte de la persona sobre la función del estado y de la naturaleza y su conservación. El daño es doble: no sólo es pensar que el estado está ausente, sino también que el interés sobre la naturaleza es menor. Para esta Dirección de Áreas protegidas, es una situación preocupante y muy grave”, sostuvo.
Aceñolaza reconoció que en el parque natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay (de reciente creación), “ya tenía una usurpación previa a su constitución, y a fines del año pasado aparecieron nuevas usurpaciones. Por ello, trabajamos en dos niveles: lo que es nuevo, se saca. Y lo que ya venía de antes, estamos abordando la problemática junto con la Dirección de Tierras Fiscales, para que este parque quede libre de ocupantes a mediano plazo”.
El Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, declarado a la vez como área natural protegida, se compone de 14 islas ubicadas a la altura de Puerto Campichuelo, jurisdicción de la Municipalidad de Colonia Elía, con una extensión de más de 4.000 hectáreas.
Sobre la situación que se vive en la reserva de usos múltiples de humedales de Victoria, Aceñolaza subrayó: “El grado de intervención es extremo, y muy preocupante. Además, tenemos enfrente una ciudad de 2 millones de habitantes como Rosario, lo que ocasiona una presión enorme sobre las tierras fiscales”.
Despojo entrerriano
Las islas pertenecen al dominio público del Estado. El Código Civil, originalmente, así lo estableció. Sin embargo, en 1968, el gobierno de facto de Onganía, dictó un decreto ley que establecía que las islas pertenecían al dominio público, salvo que pertenecieran a un particular. “Ahí se convalidaron los actos de posesión y de despojo que Entre Ríos lo sufrió mucho. Con ese decreto ley, perdimos mucha superficie”. Quien lo afirma es el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Él es el encargado de defender el patrimonio del estado provincial.
“Por otro lado, se produjeron los juicios de usucapión, basados en actos posesorios. Es decir, uno se sitúa en un bien de dominio público o privado del estado; se comporta como el dueño y al cabo de unos años adquiere el derecho a la propiedad. Eso pasó y también fue otro motivo por el que Entre Ríos fue perdiendo dominio. Sin embargo, 17 años atrás, cuando nos hicimos cargo de la fiscalía de estado, dijimos que esa situación no iba más. Es decir, a partir de ese momento, no se habilitaron ni convalidaron más los juicios de usucapión sobre bienes del dominio público, ya que pertenecen a la Provincia”, subrayó Rodríguez Signes.
A partir de ese momento, el Superior Tribunal debe notificar a Fiscalía de Estado sobre cualquier juicio de usucapión que se estuviere sustanciando, “con lo cual nosotros nos oponemos”. “Es decir, ejercemos el derecho de defensa de la propiedad pública”.
Otra acción que realizó el organismo, fue instruir a Catastro de la Provincia a que no inscriban ningún plano de mensura sobre bienes del dominio público. Eso frenó el pasaje del dominio público al particular.
Permisos de uso precario
Numerosas edificaciones relevadas en las islas fiscales entrerrianas (ubicadas frente a Rosario) y que mayormente eran utilizadas de “fin de semana”, cuando se les requirió a sus ocupantes que demuestren en calidad de qué las estaban ocupando, los mismos presentaron contratos de compraventa de derechos posesorios. Además, referenciaron que se los habían vendidos anteriores poseedores de apellido Díaz, domiciliados en la provincia de Santa Fe.
Al tomar conocimiento de tal situación, la Fiscalía de Estado realizó la denuncia penal directamente ante el Procurador General de la Provincia Jorge García, quien ordenó que el fiscal de Victoria tomara inmediata intervención. Producto de ello, en diciembre se llevó a cabo un procedimiento de mediación penal con las personas que comercializaban derechos posesorios sobre las islas fiscales, en los cuales los imputados reconocieron el dominio público de la provincia de Entre Ríos sobre los lotes (unas 21 hectáreas) que ocupaban y comercializaban, allanándose a la denuncia. Los ocupantes se comprometieron a incorporarse al procedimiento por el cual la Dirección de Tierras Fiscales otorga permisos de uso precarios y la Provincia percibe un canon por el uso de inmuebles de su propiedad.
El gran problema
Lo mencionado hasta aquí, es lo que se ha venido realizando desde distintas esferas oficiales para evitar que las islas fiscales sigan siendo “tierra de nadie”.
Pero hay una vieja frase que sostiene que ‘la ley, si no se cumple, es letra muerta’. Y aquí radica uno de los grandes escollos que enfrentan hoy por hoy las islas entrerrianas. Es que, para poder controlar, proteger y evitar nuevas usurpaciones, se requiere mucho más que buenas intenciones. Se necesita personal, vehículos, embarcaciones, combustible, drones, equipos de comunicación, logística. En fin, recursos. Esa sería la única forma de lograr una mayor presencia práctica del Estado en el territorio.
Fuente: Análisis Digital
