El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Jorge Rodríguez, fue imputado formalmente en una causa por el desvío de fondos. El funcionario fue formalmente imputado y notificado del inicio de la causa a fin de que busque un abogado defensor. El caso ya trajo coletazos en la repartición, donde se registraron algunas renuncias.
La denuncia judicial es promovida por los diputados Jorge Monge y Emma Bargagna, con la representación legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira, y toma como base y prueba aportada la publicación de la revista Análisis, de Paraná.
Jorge Rodríguez se presentó el miércoles pasado en los tribunales a pedido de la Justicia. El director de Vialidad Provincial fue denunciado penalmente por el supuesto delito de desvío de fondos públicos para sostener un emprendimiento educativo. Pero también habría incurrido en el mismo delito en una campaña solidaria con la comunidad wichi, en Chaco, según se desprende de la denuncia penal promovida por los diputados provinciales por la oposición Jorge Monge y María Emma Bargagna, con el patrocinio de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira.
El funcionario, aparentemente, utilizó fondos de Vialidad para sostener la Escuela Privada Número 235 “Heraclia Ruiz Díaz”, inaugurada el 5 de diciembre del año pasado anunciada como “la primera escuela vial del país”.
El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos inició una investigación con la intervención de la asesora jurídica del organismo, Nanci Vinagre, que destaca varias irregularidades en la creación de institución educativa.
Las irregularidades se verificaron “tanto en el trámite de otorgamiento de la autorización para funcionar desde el Consejo General de Educación (CGE), como en el uso de los fondos públicos para un fin distinto al de su otorgamiento, y sin existir contraprestación en beneficio del organismo”.
Según supo Página Judicial, la denuncia recayó en la Fiscalía de Patricia Yedro. La funcionaria judicial fue quien actuó en el caso de las “cosechadoras truchas” en la que hasta el momento los únicos imputados son los empresarios que debían hacer las máquinas con fondos públicos y quebraron sin hacer nada.
La fiscal convocó al funcionario para notificarlo y hacerle saber que necesitará una representación. Rodríguez había ido con un abogado del organismo, Mariano Benedetto. Le recomendaron un penalista.
RENUNCIA Y SOSPECHA
Luego de haberse presentado la denuncia de los legisladores opositores, Vialidad sufrió un cimbronazo en el seno de su administración. En rigor, en círculo más cercano a Rodríguez.
El contador Valeriano Rubén Arioli, director de Administración y Finanzas, presentó su renuncia. Más allá de las sospechas de cualquier irregularidad, hay un inconveniente de fondo: la Ley N° 2.936 de creación de Vialidad no contempla la creación de una escuela y en este caso el proyecto educativo se sustenta con fondos de Vialidad. Un detalle: el establecimiento sigue funcionando de la misma manera, es decir que el delito estaría convirtiéndose en “permanente”.
En el lugar de Arioli, Rodríguez designó a otro hombre de su confianza, Omar Gulla. No es contador. Este hombre es secretario de Deportes del sindicato de los viales (Soever). Pero su principal curriculum es haber manejado hasta hace poco el área de “viáticos”. Ese sector, que en Vialidad es algo así como el Banco Central, recibió reproches del Tribunal de Cuentas.
