En medio de la discusión entre la Casa Rosada y las provincias, los gobernadores “dialoguistas” instaron al gobierno de Javier Milei a habilitar el debate por el Presupuesto Nacional 2025. “Los argentinos no quieren regresar al pasado”, señaló el documento de tres páginas que suscriben los jefes territoriales de la Unión Cívica Radical y el PRO.
El texto enfatiza que la sanción de la ley de leyes es crucial para “consolidar la creciente confianza de los mercados, seguir avanzando en la lucha contra la inflación, generar confianza en los inversores”. Además, critica las asimetrías en la distribución de recursos, recordando que “no pedimos discrecionalidad, sino respeto, diálogo y cumplimiento de la ley”.
Quienes motorizaron el comunicado son los gobernadores de la liga del ex Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Claudio Poggi (San Luis).
Allí, destacan la importancia de garantizar en el Presupuesto el equilibrio fiscal y promover el desarrollo económico. Además, subraya la necesidad de corregir inequidades y asegurar que se respeten las leyes vigentes en materia de recursos federales.
Sin embargo, los mandatarios insisten en que el gobierno haga lugar a las modificaciones y pedidos que realizan. La semana pasa le habían reclamado a Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, y a Luis Caputo, ministro de Economía, para concretar esta semana una reunión en Balcarce 50. Buscaban acordar puntos de consenso para incluir en el Presupuesto y dar su apoyo en el Congreso al proyecto del oficialismo.
Entre los reclamos puntuales, los gobernadores exigen la compensación adecuada del Consenso Fiscal, el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas, y una redistribución más clara de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles. Esas demandan representan, según los números que elaboraron los mandatarios con sus equipos económicos, solo el 0,3% del PBI y son “compensables”.
Además, los líderes provinciales resaltan han hecho un “fuerte ajuste fiscal” en sus distritos. “Esta es una batalla cultural que dimos y damos entre todos, y que merece ser destacada ya que no hay antecedentes en la historia reciente donde el gobierno nacional y gran parte de los gobiernos provinciales avanzan en la misma dirección por convicción”, señalan los gobernadores.
El gobierno insiste en sostener el dictamen tal cual los parámetros del proyecto que envió Milei al parlamento. El eje es el déficit cero. Ante los reclamos de las provincias, responden con una pregunta fija: “¿De dónde vamos a sacar los recursos que piden para determinada partida?”. La oposición dialoguista presiona para habilitar el debate, cuando restan apenas tres días para que finalice el período de sesiones ordinarias del Congreso.
“Son cuestiones que hemos conversado con el gobierno desde el inicio de nuestras gestiones, sin éxito por el momento. El equilibrio fiscal es innegociable, tanto como el cumplimiento de la ley. No dejemos pasar esta oportunidad, la mayoría de los argentinos no quiere regresar al pasado, y asumimos nuestra responsabilidad y compromiso para seguir acompañando en este camino”, señalan los gobernadores al final del comunicado.
Los cuatro puntos que piden los gobernadores de JxC al Gobierno nacional
1. Compensación del Consenso Fiscal. Desde el primer trimestre del 2023 y durante todo el 2024, el gobierno nacional ha actualizado las transferencias de la compensación en un porcentaje inferior al determinado por ley, generando una deuda para las jurisdicciones beneficiarias que se incrementa mes a mes.
2. Cajas de Jubilaciones no transferidas. Las provincias que conservan sus cajas previsionales aportan recursos a la ANSES, pero el gobierno nacional ha incumplido con la normativa que lo obliga a financiar las cajas deficitarias. Esto genera una situación de inequidad fiscal entre las distintas provincias, afectando los sistemas previsionales, y generando un fuerte pasivo para los Tesoros Provinciales.
3. Impuesto a los Combustibles Líquidos. El gobierno nacional recauda un impuesto coparticipable que tiene una serie de asignaciones específicas para destinos que han sido discontinuados (subsidios al transporte urbano) o cuya ejecución es poco clara. En este marco, dichas asignaciones específicas deberían eliminarse para que se ejecuten en obras prioritarias de infraestructura o en subsidios provinciales al transporte público de pasajeros.
4. Reducción del aporte de la coparticipación a la AFIP. Con la eliminación de los cargos jerárquicos de la AFIP, solicitamos al gobierno nacional que se reduzca el aporte que realizan las provincias con sus recursos a los salarios y financiamiento de esa mega estructura ahora disuelta. Salvo a las provincias que no hayan convenido tal deducción o cuenten con fallo favorable.
Fuente: Infobae
