La Multisectorial en defensa del patrimonio de los entrerrianos presentó la demanda judicial por la inconstitucionalidad de la Ley 10.352 que habilita la construcción de dos acueductos con financiamiento de capitales chinos. El diputado socialista y candidato a gobernador, Lisandro Viale, es cofirmante de la presentación.
Sobre el tema calificó a los acueductos como: “Nada más y nada menos que una estafa a la provincia”. Al momento de referirse a las irregularidades de la Ley, Viale remarcó que “todo el proceso se hizo al revés de como debería haber sido, ya que primero se llevaron adelante las negociaciones por parte del gobernador y se asumieron los compromisos en nombre de la provincia y luego funcionó la mayoría automática de la legislatura. Además se violó el Derecho Humano a la información Pública ya que no se conoce nada de las características del proyecto en sí mismo e incluso la ley cuenta con un anexo secreto con condiciones nefastas; tampoco se han realizado estudios de impacto ambiental y se viola la ley de obras públicas en tanto se realiza una contratación directa sin licitación”.
El diputado también se refirió a la responsabilidad de los funcionarios del Estado: “Más allá de la obvia responsabilidad del gobernador Sergio Urribarri en este asunto, también debemos señalar el deber incumplido por el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien tiene como tarea principal defender el patrimonio del Estado lo cual evidentemente no ocurrió ya que el control de la Fiscalía de Estado debía ejercerse antes de la sanción de la Ley. Tampoco debemos omitir la responsabilidad de los legisladores, también con nombre y apellido, que en ambas cámaras levantaron la mano para aprobar esta ley haciendo la vista gorda de todas las irregularidades que conlleva”.
Finalmente el socialista se refirió a algunos de los puntos que contiene el anexo secreto de la Ley 10.325: “Siguiendo la lógica de Urribarri parece lógico que no hayan publicado el Anexo I en el Boletín Oficial ya que es realmente vergonzoso y fuera de toda legalidad en tanto que, por ejemplo, se exime al Banco Chino de toda responsabilidad frente al Estado Provincial, se prevé un “anticipo de comisión”, según el cual la provincia deberá pagar u$s 5.490.000 que pasará a quienes acercaron a las partes a hacer el negocio y se estiman gastos, honorarios y viáticos por un monto de 500 mil dólares que quedan a cargo de la provincia. El anexo también expresa que la provincia aceptará que los términos y condiciones que se celebren entre el Banco y la Entre Ríos sean “confidenciales y no se deberán divulgar a terceros” salvo el expreso consentimiento del Banco Chino y se le permite al gobernador guardar o mantener secretos sin revelarlos a la provincia. También se autoriza a que solo él conozca el tenor de las cláusulas y condiciones finales exigidas por el Banco extranjero para otorgar el préstamo que, a la vez, se regirá por la legislación inglesa, lo cual evidencia la lejanía entre el relato oficial y la realidad”, finalizó.
