La Justicia ordenó los procedimientos en diferentes propiedades ligadas al cuñado del ex gobernador. El fiscal prescindió de la Policía de Entre Ríos y empleó fuerzas federales.
El fiscal Santiago Brugo se puso al frente ayer de ocho procedimientos judiciales en distintas propiedades ligadas al cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri y secretario de la Cámara de Senadores, Juan Pablo Aguilera.
La medida se dispuso en el marco de la investigación judicial que tiene en sus manos Brugo junto a su par Patricia Yedro por supuesto enriquecimiento ilícito de Urribarri y su familia, entre los que se incluyen su cuñado, hermano de la esposa del exgobernador, Ana Lía Aguilera, y el actual ministro de Gobierno, Mauro Urribarri.
De los procedimientos, que empezaron bien temprano en la mañana y se extendieron hasta después de mediodía, no participó la Policía de Entre Ríos –que depende del ministro Urribarri—: se hicieron con el apoyo de fuerzas federales. En total, según confirmó a Entre Ríos Ahora el propio fiscal Brugo, fueron 8 procedimientos sólo en Paraná, pero ninguno en Concordia.
Los allanamientos se hicieron con tal reserva que ni siquiera estuvo al tanto del inicio de los procedimientos el procurador general, Jorge García, que recién se puso al corriente sobre mediodía, luego de una charla telefónica que mantuvo con el fiscal Brugo para ponerse al corriente de los hechos.
Aguilera fue primero secretario de la Cámara de Senadores, durante la gestión anterior ocupó el cargo de responsable de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, y ahora volvió al Senado. En medio, desarrolló una amplia gama de negocios vinculados con el Estado a través de empresas ligadas a personas de su círculo de confianza.
Los allanamientos que hoy ordenó la Justicia precisamente se realizaron en los domicilios de esas empresas.
En los papeles Aguilera no aparece.
La firma TEP SRL está inscripta en el Registro de Proveedores del Estado desde el 11 de junio del año pasado. Así consta en la División de Inscripciones, Actualizaciones y Penalidades de la Unidad Central de Contrataciones (UCC), que le asignó el legajo número 4936.
El 22 de setiembre del año anterior, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública formulado por accesolibre.org, el entonces titular de la UCC, Eugenio Argüelles, indicó que «la firma TEP SRL inició el trámite de inscripción el día 13 de agosto de 2013».
El ex funcionario también precisó que «esa sociedad declara domicilio real en calle Racedo 415 de la ciudad de Paraná y que el Sr. Giacopuzzi Emiliano Oscar, DNI 27.477.105, reviste el carácter de socio gerente de la misma». Giacopuzzi es una persona de confianza de Aguilera.
Además, de información que consta en la guía telefónica, Next SRL tiene domicilio en Racedo 413. La firma también dispone de otras líneas provistas por Telecom en Gualeguaychú 98 (donde funcionó la Librería Alfa, también ligada a Aguilera) y Villaguay 842.
En ese inmueble Next SRL figura como socio de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Y según la página web de la CAC quien figura como «responsable» de la empresa es Alejandro Almada, otro integrante del entorno de Aguilera.
Los procedimientos judiciales de ocurrieron en esos domicilios, y en otros ligados al cuñado del ex Gobernador.
La decisión de la Justicia ocurre tras la ventilación de la denuncia, en diciembre último por parte de la revista «Análisis» respecto del crecimiento patrimonial de la familia Urribarri.
Esa publicación derivó en la presentación de un pedido de investigación en la Justicia por parte de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, que a su vez derivó en la apertura de una causa en manos de los fiscales Brugo y Yedro. Esos dos funcionarios judiciales investigan a Urribarri, además, en una causa por negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de las contrataciones millonarias en forma directa, sin licitación, durante la Cumbre de Presidentes de Mercosur, en Paraná, en diciembre de 2014.
