El Tribunal Oral Federal de Paraná recibió el expediente en que se investiga a Atilio Céparo, ex policía y suegro del juez Emilio Castrillón, por detención ilegal y torturas durante la dictadura. Se estima que poco después de reanudada la actividad judicial, en febrero o marzo 2016, comenzará el juicio oral y público contra el ex chofer del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, acusado de delitos de lesa humanidad cuando se desempeñaba en la Policía de Entre Ríos. Será este el tercer juicio oral y público por delitos cometidos durante la dictadura en la provincia.
La causa que tiene a Céparo como imputado llegó al Tribunal Oral Federal de Paraná y éste citó rápidamente a juicio y otorgó diez días de plazo a las partes para que ofrezcan las pruebas, se informó a UNO. Así, la Justicia Federal entrerriana busca dar una señal de continuidad de los juicios de lesa humanidad a pesar del cambio de gobierno en el orden nacional.
A Céparo le imputan Privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y torturas en calidad de coautor, en perjuicio de una víctima. Este procesamiento, con prisión preventiva, fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná el 15 de abril de 2015. El acusado, que trabajaba como chofer en el Superior Tribunal de Justicia donde ejerce su yerno, está detenido desde hace un año en la Unidad Penal Nº 1.
Ahora comenzó a correr el plazo legal de diez días para que ofrezcan prueba el fiscal general ante el TOF, José Ignacio Candioti; el defensor José Otolaza y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que lleva adelante la abogada Lucía Tejera. Una vez que esto suceda, antes de fin de año, los jueces resolverán sobre esas pruebas y fijarán la fecha de inicio del debate. Se estima que sería en febrero o marzo del año entrante.
Será este el tercer juicio oral y público por delitos cometidos durante la dictadura en la provincia. En 2011 se juzgó a los responsables de robo de bebés y sustitución de identidad en la causa Hospital Militar y un año después a los represores de la costa del río Uruguay agrupados en la causa Harguindeguy. Mientras tanto, se realiza por escrito el juicio por la megacausa Área Paraná, para la cual se espera que se dicte sentencia antes de las fiestas de fin de año.
DETENCIÓN Y TORTURAS
La causa se inició por la denuncia de la víctima ante los fiscales federales contra personal de la Policía de Entre Ríos que se desempeñaba en Paraná en 1976, por la presunta comisión del delito de torturas y privación ilegítima de la libertad, lo cual dio lugar al requerimiento de instrucción formulado por los representantes del Ministerio Público Fiscal el 11 de septiembre 2012.
La investigación avanzó hasta que el 6 de junio de 2014 los fiscales Candioti y Mario Silva solicitaron la detención e indagatoria de Atilio Ricardo Céparo, lo cual fue dispuesto por el juez Leandro Ríos en diciembre de ese año.
Según la imputación, la mañana del 23 de septiembre de 1976 el oficial ayudante de la Policía de Entre Ríos Atilio Céparo –con prestación de servicios en la División Despacho de la Jefatura Departamental Paraná– en compañía de otra persona aún no identificada, detuvo ilegalmente a una mujer en las instalaciones del sanatorio La Entrerriana, donde trabajaba la vícitma. La trasladó a la Jefatura Departamental y luego a la Comisaría del barrio San Agustín, donde se la mantuvo privada ilegítimamente de su libertad por el lapso de seis días. Luego la llevaron nuevamente a la Jefatura Departamental, donde Céparo habría intervenido junto con otros en un interrogatorio bajo aplicación de torturas.
En el expediente hay declaraciones de testigos de la detención en el sanatorio, quienes presenciaron la escena, e incluso hay quienes reconocen a Céparo llevándose a la víctima.
