La muerte del fiscal Alberto Nisman debe ser investigada y esclarecida. La legitimidad y consistencia de las denuncias que hizo y las pruebas que afirmaba tener deben ser estudiadas por las autoridades competentes en la Justicia y puestas a consideración de la opinión pública. Esa es la voluntad de nuestro Gobierno, esa es la voluntad de los argentinos. Así lo han expresado la Presidenta, sus principales funcionarios y los más importantes referentes de este proyecto, como el Gobernador Sergio Urribarri.
¿Por qué se mató Nisman? ¿Qué hay detrás de esta muerte? ¿Qué consistencia tenían las denuncias contra el Gobierno que presentó? ¿Qué intereses o motivaciones hubo detrás de los llamativos movimientos de Nisman en los días previos a su muerte? Estas son las preguntas que cuanto antes deben encontrar respuesta, porque desde las grandes usinas del poder concentrado ya tienen todas las respuestas preparadas y están utilizando todos los medios a su alcance para imponerlas como verdad única con la clara intención de desestabilizar al Gobierno.
La posición de Clarín, los grupos económicos, los poderes en las sombras y la oposición servil y oportunista es clara y puede ser expresada en una consigna siniestra: hay que decir que a Nisman lo mató el Gobierno y Cristina tiene que caer. No les importa la justicia; las víctimas del atentado a la Amia; los intereses que toca esta investigación; la prudencia con la que deberían ser tratados estos temas; la posición pública, sostenida y demostrada en los hechos a favor de la verdad y la justicia que ha tenido esta Presidenta; el principio legal de no basarse en suposiciones sino en pruebas y hechos demostrados, etc.
No les importa nada. El único objetivo que tienen es aprovechar esta muerte para socavar el apoyo de la ciudadanía al proyecto y desencadenar un proceso que – a falta de militares golpistas – termine debilitando o volteando a este Gobierno nacional y popular a fuerza de titulares en los diarios y denuncias en las radios y pantallas del «Gran Desestabilizador Argentino».
Las maniobras con que este propósito llevan adelante están a la vista y ahí uno puede escuchar a Nelson Castro diciendo en TN «es una muerte política y como tal hay que cargársela a la conciencia del Gobierno». Ahí está Lanata afirmando, a horas de la muerte del fiscal, «lo que acá se está diciendo es ‘mataron a Nisman’, y prefiero adherir a la intuición popular, yo creo que lo mataron». ¿Quién está diciendo «mataron a Nisman», eso tan difuso que Lanata define como la «intuición popular» o el grupo al que Lanata sirve como espada mediática en su lucha contra el Gobierno? «Es bastante inverosímil el caso de un suicidio, al menos por lo que estaba investigando» decían ayer desde el móvil de canal 13, traducido: el fiscal investigaba al Gobierno, al fiscal lo mató o lo mandó a matar el Gobierno. Ahí está Elisa Carrió (en entrevista con Lanata en Radio Mitre, ¿Dónde más podría ser?) afirmando que «fueron a buscar el maletín que este señor tenía en sus manos, se lo llevaron y dejaron la sangre y un hombre muerto».
Y aquí es donde tenemos la obligación de llamar a la reflexión. Las pruebas que tenía el Fiscal no desaparecen con su muerte. El expediente no muere con Nisman, la investigación no se va a difuminar en el aire con el fallecimiento de quien la impulsó. Aventurar que el Gobierno mató o mandó matar al fiscal para evitar las consecuencias de la investigación es un acto de irresponsabilidad absoluta plagado de siniestra intencionalidad que solo puede ser alentado por los que quieren que el Gobierno caiga a cualquier costo, aún poniendo en riesgo la continuidad institucional que durante 30 años el pueblo argentino luchó por consolidar.
La historia abunda en ejemplos, cuando el pueblo avanza en conquistas y reivindicación de derechos los grandes grupos de poder voltean al gobierno de turno. Siempre se trata de lo mismo, volver a la opresión y los privilegios para unos pocos. Y ahí es donde tenemos que recordar que cuando los sectores populares ascendieron en las escalas del bienestar social con el gobierno democrático de Juan Domingo Perón, éste fue derrocado por los intereses cívicos-militares privilegiados que perdían su poder económico frente a un pueblo trabajador; que la Reforma Constitucional democrática de 1949 fue abrogada por un decreto militar; que Frondizi gobernó el país en 1958 con el peronismo proscripto (millones de voluntades que democráticamente no podían expresarse en las urnas); que en 1962 el radical José María Guido gobernó de facto la «República» cerrando y silenciando el Congreso; que el gobierno de Arturo Illia también fue derrocado en 1966; que en 1976 la Dictadura Militar más sangrienta de toda la historia también golpeo la República para mantener los privilegios económicos de los sectores demo-liberales privilegiados. Las lecciones de la historia solo sirven si aprendemos de ellas para no volver al pasado.
Hoy tenemos que defender la democracia, única garantía de justicia y calidad institucional. Tenemos que defender las conquistas de esta Década Ganada y a los millones de argentinos que recuperaron sus fuentes de trabajo, accedieron a una casa propia, mejoraron su calidad de vida, pudieron volver a soñar con un futuro mejor. Hay que defender las políticas de igualdad, de derechos humanos, de democratización de los medios de comunicación, de protección de las minorías, de privilegiar a las mujeres, los ancianos y los niños. Hay que defender a los jóvenes que volvieron a enamorarse de la política y son la fuerza renovadora y transformadora de la nueva Argentina.
Hay que defender al país de los intereses golpistas de los grandes grupos de poder, defenderla de la irresponsabilidad de periodistas mercenarios y políticos oportunistas que sirven a esos mismos grupos, defenderla de los que quieren volver a un país de privilegios para unos pocos; teniendo siempre presente que solo en democracia podemos seguir buscando el camino a esa Argentina mejor que todos anhelamos y que en conjunto venimos construyendo.
Senadores Justicialistas de Entre Ríos
