El Aporte Ley 4035 es un fondo de asistencia social destinado a la ancianidad, a la madre y a la invalidez, que se forma con el aporte patronal y el aporte personal de los empleados, obreros y demás personas que trabajan en relación de dependencia en el ámbito privado y público, nacional, provincial y municipal, determinado sobre el monto mensual devengado en concepto de remuneraciones. De acuerdo a la última modificación de la Ley Tributaria Provincial, el descuento que se realiza a todos los trabajadores de la provincia (públicos y privados) se irá eliminando gradualmente hasta desaparecer en diciembre del año que viene.
La ley se sancionó en la provincia durante la década del 50 con el objetivo de asistir a quienes tengan entre 55 y 65 años, madres solas con tres hijos a cargo o personas que presenten invalidez total y permanente, y se encuentren en situación de indigencia, sin ingresos ni propiedades.
Actualmente, el monto total que se recauda es muy superior a los beneficios que se otorgan ya que existen programas nacionales y provinciales (como por ejemplo la Asignación Universal por Hijo) de montos superiores y que son incompatibles con la Ley 4035.
Por ejemplo, la AUH se paga por cada uno de los hijos de una familia, mientras que la Ley 4035 asigna 1.800 pesos a la madre con hasta cinco hijos y un plus de 200 pesos por cada uno de ellos.
De acuerdo a la última modificación de la Ley Tributaria Provincial, el descuento que se realiza a todos los trabajadores de la provincia (públicos y privados) se irá eliminando gradualmente hasta desaparecer en diciembre del año que viene.
Según información de la ATER, se recauda entre aportes patronales y de los trabajadores en concepto de la Ley 4035 alrededor de 77 millones de pesos. Pero los beneficiarios de la pensión rondan los 4.000. A un promedio de 2.000 pesos mensuales serían 8 millones de pesos al mes: casi un 10 por ciento de lo recaudado.
Entre Ríos es una de las pocas provincias argentinas que conserva un impuesto a los puestos de trabajo. Solo hay antecedentes similares en Salta y Tucumán. Pero, tras 70 años ese tributo desaparecerá.
“En función de las categorías de facturación y del rubro, ATER divide el tamaño de las empresas. Eso está ligado a la eliminación de Ingresos Brutos, pero se reduce más rápido la ley 4035. En el medio, hay pequeñas empresas o medianas que se achica la alícuota hasta llegar a 0 en julio o diciembre del año próximo, según corresponda”, expresó a Leandro Garciandía, titular de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).
“Estamos hablando con las autoridades, tanto nacionales como provinciales y municipales, que se debe eliminar todo lo que es impuesto extorsivo, que solo tenga un fin recaudatorio. El tema de la Ley 4035 es muy sensible porque tiene un fin social, pero en la realidad es un impuesto al trabajo y encarece el costo de tener un empleado», remarcó el empresario en declaraciones a El Diario.
«Lo que necesitamos es aumentar la cantidad de puestos privados en la provincia porque tenemos una muy baja proporción en función de la cantidad de empleados públicos. Puntualmente, nosotros lo consideramos un impuesto distorsivo, hemos peleado y se va a tender a eliminar teniendo en cuenta que se va a hacer gradualmente porque la provincia tiene que seguir financiándose», remarcó.
«La eliminación de Ingresos Brutos es otro tema y que pega mucho más fuerte, porque se repite. Cada cosa que se compra en la provincia se va cargando el impuesto y se hace una bola de nieve. Ahora, que hay un tipo de cambio más competitivo, a todos los impuestos distorsivos se los termina exportando y se compite con otros países que no tienen esos impuestos sino políticas que fomentan la exportación».
GARANTIZAN LA COBERTURA
Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia confirmaron la eliminación del aporte y el fondo de la 4035.
«La alícuota con la que se financiaba la ley 4035 va camino a eliminarse pero no su cobertura. Es decir, no significa la desaparición del beneficio y en ese sentido es que se está trabajando», remarcó la ministra Laura Stratta.
«Nuestro compromiso desde el Estado provincial es garantizar la cobertura a sus titulares de derecho. Se sostiene y garantiza el beneficio con otra fuente de financiamiento que es Rentas Generales», aseveró.
Igualmente, y teniendo en cuenta que el beneficio continuará tal como está un año más, se viene implementando un nuevo sistema para lo cual se han suscripto convenios de adhesión con los municipios de la provincia para agilizar los procesos de trámites. «Con este nuevo sistema se redujeron los tiempos. Hasta febrero de este año, un trámite demoraba entre 4 y 6 meses; hoy ese lapso se acortó a 2 meses y se aspira a reducirlo más», dijo Stratta.
