Cecilia Goyeneche fue a fondo. Con la contundencia de un alegato, no dudó en sostener que el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que ha comenzado a tratarse en comisión en la legislatura entrerriana “está hecho para generar impunidad ante hechos de corrupción”.
Lo dijo durante su exposición en el Colegio Nacional de Paraná, convocada por la ONG Entre Ríos Sin Corrupción. Goyeneche expuso en un panel junto a la doctora María Eugenia Talerico, del que fue moderador el Dr. Hugo Perotti. El tema convocante fue “Participación ciudadana. Acceso a la información pública, transparencia y corrupción”.
La conocida abogada, que aguarda de la Corte Suprema la anulación del Jury que la apartó de la Procuración Adjunta, a lo largo de 30 minutos desgranó otras definiciones. Por ejemplo, calificó como “falso” que los delitos de corrupción no tengan víctimas. “Por muchos años en el sistema penal se dijo –y todavía hay algunos que lo siguen diciendo por la calle- que los hechos de corrupción no tienen víctimas. Esto tiene incidencia en el proceso penal porque, por ejemplo, no hay nadie que se pueda presentar como querellante. Y esto es falso, demostradamente falso en países pobres como el nuestro donde cada centavo que se destina a cubrir un interés particular del corrupto deja de destinarse a un buen sueldo docente, o a arreglar las escuelas o a la salud pública”.
Goyeneche planteó que es necesario redefinir el momento en que debe comenzar a cumplirse la pena. En ese contexto, bregó por el “doble conforme” en vez de las cuatro instancias actuales. “No necesariamente tiene que haber cuatro instancias: juicio condenatorio, casación, recurso extraordinario ante el Superior Tribunal provincial y recurso ante la Corte. No es indispensable que transcurran esas cuatro instancias para empezar a cumplir la pena. Hay quienes sostienen que luego de que se confirma en la primera revisión, ya se puede empezar a cumplir la pena”.
Los tres interrogantes
Cecilia Goyeneche planteó tres interrogantes: 1) ¿Por qué sentimos como ciudadanos que necesitamos de la pena concreta, la pena como sufrimiento, como castigo, para personas que ya sabemos que son corruptas y que están definidos por el sistema jurídico penal como corruptos, con sentencia condenatoria?; 2) ¿En qué medida la sociedad civil es necesaria para disminuir la proyección de hechos de corrupción a futuro? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Y 3) ¿Por qué es tan importante la organización del sistema penal para luchar contra la corrupción, que la ejecución de la pena se de en tiempo oportuno? ¿Por qué esto en la corrupción es particularmente importante en comparación con el resto de los delitos?
La exfiscal definió al funcionario corrupto como aquel “que se prevalece de su posición de poder en lugar de hacer aquello que es leal al sistema que le puso en ese lugar, que se beneficia a sí mismo en vez de a la comunidad; es un sujeto que ha decidido no cooperar en un sistema donde la cooperación es la base de la organización social. Ese sujeto ha decidido camuflarse dentro de la política, para no pensar que esto es un cuestionamiento hacia la política, tan valiosa y tan necesaria”.
La corrupción es un delito con víctimas
Enseguida ofreció su respuesta al primer interrogante: “Esa sensación de satisfacción que tenemos cuando un corrupto es condenado y se le impone una pena tiene que ver con que nos percibimos víctimas, nos percibimos correctamente como víctimas”, enfatizó.
Luego salió al cruce de quienes sostienen que la corrupción es un delito sin víctimas. “Por muchos años en el sistema penal se dijo –y todavía hay algunos que lo siguen diciendo por la calle- que los hechos de corrupción no tienen víctimas. Esto tiene incidencia en el proceso penal porque, por ejemplo, no hay nadie que se pueda presentar como querellante. Y esto es falso, demostradamente falso en países pobres como el nuestro donde cada centavo que se destina a cubrir un interés particular del corrupto deja de destinarse a un buen sueldo docente, o a arreglar las escuelas o a la salud pública”.
Goyeneche insistió con la importancia del cumplimiento efectivo de la pena: “Cualquier víctima necesita que el estado comunique algo que la saque de esa posición de víctima, comunique que desmerece a quien actuó de manera inequitativa como el caso del corrupto. Y ese mensaje recién se da, por la forma con que nos organizamos, cuando se impone la pena como sufrimiento, real, de cumplimiento”. “La condena –concluyó- es un reposicionamiento del ciudadano, una reposición de los que sí cooperamos, los que sí hacemos nuestro esfuerzo para que nuestro mundo colectivo que hemos decidido llamar país, que nos une como Nación, funcione”.
Dos focos: mejorar la eficacia y los tiempos del sistema para que haya cumplimiento de la pena
Al resaltar la importancia de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, partió de explicar que “el corrupto razona siempre como un sujeto económico. Lo que quiere es sacar una ventaja y razona como sujeto económico. Es decir, el hecho de corrupción será cometido si se ve redituable, que implique una conveniencia. De allí que es muy importante el desincentivo para la corrupción”.
“El delincuente, que razona como sujeto económico, no solamente evalúa la posibilidad de que se lo descubra, después que le inicien un proceso penal, después que le prueben que cometió el delito, después que le impongan la pena. No solo tiene en cuenta todos estos factores, sino también el tiempo que puede insumir que eso ocurra”, explicó la exfiscal.
“Supongamos –agregó- que el corrupto piense ‘seguro que me descubren’. También va a tener en cuenta que, aun cuando lo descubran, van a pasar x cantidad de años para que le impongan la pena, y eso funciona como un quiebre de los desincentivos para delinquir. La duración de los procesos penales y la duración del tiempo que lleva la imposición de la pena son relevantes. Lamentablemente muchas veces el sistema judicial no lo tiene en cuenta”.
A su entender, hay dos focos que deberían ser tenidos en cuenta: 1) mejorar la eficacia del sistema para que más corruptos sean descubiertos; 2) mejorar los tiempos del sistema, para que cuando son descubiertos sean castigados en un tiempo menor.
En ese contexto, Cecilia Goyeneche sostuvo que “el sistema penal no es aislado para que pueda resolver todo con sus propias herramientas, sino que necesita tener insumos de la sociedad civil. En la mejora de la eficacia, uno de los puntos más relevantes son los índices de transparencia, que se vinculan con el periodismo y la publicación de la información. Desde luego, cuanto más índices de corrupción hay, menos ganas de publicar la información hay. Por eso es importante la participación ciudadana, por eso son tan valiosas acciones como las de la organización civil organizadora de estas jornadas, de intentar provocar esa transparencia, cuando no ocurre por motus propio”.
Según Goyeneche, “el ciudadano que le pide información pública a un funcionario en realidad es un cooperador, es un colaborador de ese funcionario. Debería verse esta acción como algo que favorece al funcionario. Todo acto de transparencia es un acto de prevención de la corrupción. Y en eso el periodismo es fundamental. Porque no hay forma de transparentar la información si no es con la colaboración de la difusión de los periodistas. El trabajo consensuado entre la sociedad civil que hace planteos de transparencia y el periodismo es indispensable. Y esto explica por qué se generan proyectos de ley que tratan de cerrar esa posibilidad”.
“Se pueden planificar actividades anti corrupción para prevenir dentro del Estado”
Cecilia Goyeneche bregó por una administración pública con sistemas de cumplimiento, que restrinjan la posibilidad de que haya actos de corrupción. Aseguró que “se puede planificar, se pueda pensar en un sistema público que controle sus propios actos, con mecanismos de detección de las áreas donde hay más propensión a la corrupción, mecanismos internos de denuncia, líderes en cada área que trabajen y bajen línea por la transparencia y la integridad en el desempeño de las funciones. Se puede planificar a corto, medio y largo plazo actividades anti corrupción para prevenirla dentro del Estado. ¿Por qué no se hace? Se habla mucho en los ámbitos académicos de los sistemas para prevenir la corrupción en las empresas, del “compliance”… ¿Por qué no se habla del “compliance” público? Porque no se quiere exponer el tema, porque llegamos a pensar que no es posible programarlo, que no es posible hacer una política de cambio de mentalidad de los funcionarios públicos. Pero se puede hacer”, insistió.
“Doble conforme” en vez de 4 etapas recursivas
La exprocuradora adjunta también se ocupó del plazo razonable para que se llegue a la concreción de las penas y dejó en claro que el “doble conforme” es suficiente.
“Acá estamos con las cuatro etapas recursivas que se tienen que sortear para llegar a una pena que se empiece a cumplir. Esto, que en los sistemas judiciales se impone como si fuera indiscutido, no lo es. No necesariamente tiene que haber cuatro instancias: juicio condenatorio, casación, recurso extraordinario ante el Superior Tribunal provincial y recurso ante la Corte. No es indispensable que transcurran esas cuatro instancias para empezar a cumplir la pena”, enfatizó.
Y agregó: “Hay quienes sostienen que luego de que se confirma en la primera revisión, ya se puede empezar a cumplir la pena. Esto es importante, porque cuanto más lejos está la sanción menos desincentivo para corromperse”.
“Ojos bien abiertos” ante al proyecto de reforma del Código Procesal Penal
Sobre el final de su exposición, no eludió un debate que vuelve a asomar en los estrados judiciales entrerrianos, de la mano de un proyecto de reforma del Código Procesal Penal elevado a la legislatura por la gestión anterior, en 2023, y que en los últimos días comenzó a tratarse en comisión. La iniciativa llegó al Senado en abril de 2024 y que tiene 190 artículos.
“Tenemos que tener los ojos muy abiertos porque ayer (por el viernes último) salió publicado que hay un proyecto de ley de reforma del código procesal penal. Es un proyecto que había promovido el año pasado la Sala Penal. En 2023, el gobernador Gustavo Bordet lo mandó a la Legislatura y ahora lo han puesto de vuelta en debate parlamentario. Ese proyecto de reforma del Código Procesal Penal está hecho para generar impunidad ante hechos de corrupción”, definió, tajante.
“Ese proyecto, donde el único plazo que le interesa reducir es el de la investigación fiscal, no está pensado para el individuo solo, solitario, frente al poder del Estado, sino que está pensado para el poderoso que, una vez más –deslizó-, tiene tanto poder que logra que dos gestiones de gobierno consecutivas de signos políticos distintos pongan en debate ese proyecto de ley que sería desastroso para la provincia de Entre Ríos”, concluyó.
Goyeneche insistió en que “es necesario mejorar las condiciones para que los procesos se lleven adelante, que más corruptos sean detectados y que la pena sea más cercana en el tiempo. Lo que está pasando es todo lo contrario. Si esto –por la propuesta reforma del Código Procesal Penal- llega a prosperar, se generaría una situación inversa”.
Por último, definió a la corrupción como “un atentado contra nuestra democracia. Además de generarnos una situación de víctimas individuales, también nos pone en situación de víctima colectiva, porque la corrupción atenta contra la democracia”.
Explicó que “hemos decidido organizarnos como país en un sistema donde hay uno de los poderes del estado que decide cómo se aplican los recursos a través de la ley de presupuesto, el legislativo, y el ejecutivo y la administración pública tiene que ejecutarlo con ciertos márgenes de libertad, pero dentro del marco de imposición del poder legislativo”. Dicho esto, consideró que “cuando un funcionario público decide que esas leyes no le son aplicables y puede sacar un porcentaje para él, lo que está haciendo es quebrantando una regla democrática, según la cual el dinero del Estado se gasta como el Estado decide gastarlo a través de la legislatura. En este sentido, la primera víctima de la corrupción es la democracia. Y lo percibimos porque la democracia requiere de una condición que es la cooperación recíproca, donde los sacrificios son de todos y los réditos también tienen que ser equitativos”, indicó.
Y concluyó: “Cuando aquellos que tienen la carga más importante, representarnos en la gestión, deciden aprovecharse, camuflados en la política deciden hacer su negocio personal, lamentablemente se horada nuestra confianza en las instituciones de la democracia. Y si dejamos de confiar, tenemos un problema, porque la democracia es frágil y Argentina lo sabe. Tenemos que trabajar para que esto no nos pase, tenemos que reconocernos como víctimas y reclamar nuestros derechos”.
Fuente: El Entre Ríos
