El Gobierno de Javier Milei trabaja en la elaboración de un proyecto de ley para la desregulación del mercado de biocombustibles. Se trata de una medida que llegará después del fallido intento de avanzar en ese sentido con la Ley Bases y en el marco de la iniciativa que las provincias impulsan, sin éxito, en el Congreso.
El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, encabeza los detalles de la normativa que tiene como objetivo la mayor liberalización de ese mercado como sea posible, pero con la premisa de encontrar acuerdos con todos los sectores involucrados en esa cadena. Se trata de gobiernos provinciales, productores agropecuarios, industriales, petroleras y fabricantes de autos, entre otros.
En los despachos oficiales aseguran que por ahora no hay tiempos ni una letra fina definida. Sin embargo, el objetivo es ir a la mayor desregulación posible. Es por eso que se tomarán algunos puntos de la norma en la que había trabajado el ex secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y pueden incluirse algunos puntos de los que hoy son impulsados por las provincias en el Congreso.
En el texto original de la Ley Bases se contemplaba una apertura total del mercado de biocombustibles a las petroleras y un determinado sendero en los cortes de biocombustibles. El reclamo de algunos gobernadores, sectores agropecuarios y empresas hizo que se revirtieran algunos puntos.
Luego la norma buscaba reemplazar el esquema de asignaciones directas por licitaciones, ampliar los cortes de biocombustibles (el gasoil pasaría inmediatamente del actual 7,5% de biodiesel a 10%, en tanto que la nafta dejaría el actual 12% para pasar a tener 15% de bioetanol, con proyecciones de seguir alimentándose en ambos casos) y sostener una lista limitada de empresas oferentes.
Las empresas productoras de combustibles iban a mantener la prohibición de elaborar biocombustibles, pese a que era algo que el Gobierno proponía modificar dado que “la proliferación de restricciones limita severamente la competencia” en los mercados y contribuye a distorsionar artificialmente los precios”. Finalmente, ese punto fue retirado de la iniciativa del oficialismo que tuvo sanción en el Congreso.
En el caso de las provincias de Salta, Jujuy, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Tucumán espera conseguir la aprobación de una iniciativa que se propone, en biodiesel, que el 7,5% vigente pase a 10%. A partir de allí, actualizaciones cada seis meses desde enero (11%) y julio (12%) próximos; 13% y 14%, en 2026; y 15% a partir de inicios de 2027. En cuanto al bioetanol, de 12% a 13% desde octubre del corriente año; 14% desde igual mes, pero en 2025; y 15% en octubre de 2026.
Dos grupos empresarios se reparten un tercio de todo el biodiesel que el Estado asigna mensualmente, y tres grupos se quedan con más de la mitad del negocio del bioetanol que se mezclará con la nafta. Los grupos Bojanich y Essential Energy Holding se quedaron por decisión del Estado con el 33% del negocio que facturó más de $91.700 millones solo en diciembre por la producción de biodiesel, en tanto que ACA Bio, Promaíz SA y Bioetanol Río Cuarto se quedaron con el 52% de los $46.122 millones del bioetanol.
Como los beneficios del esquema que inicialmente se impuso en 2007 por un lapso de 15 años (pero en 2021 fue extendido hasta 2030) fueron reservados solo para pequeñas y medianas empresas, Juan Carlos Bojanich montó seis sociedades distintas para encajar con fórceps en el sistema. Tiene Biobahía SA, Biobin SA, Bio Ramallo SA, Biobal Energy SA, Bio Corba SA y Refinar Bio SA.
Con esas 6 pymes, constituidas individualmente para encajar en el esquema de beneficios a los biocombustibles, se queda mensualmente con el 22% del mercado del biodiesel. Además de ese conglomerado, se destaca el que constituyen Rosario Bioenergy, Bionogoya y Establecimiento El Albardón, todas propiedad del mismo grupo, Essential Energy Holding. Sumadas, las tres pymes se quedan cada mes con el 11% del biodiesel.
Entre los grupos Bojanich y Essential Energy Holding venden a las petroleras, por decisión del Estado y a precio regulado por el Estado, el 33% de todo el biodiesel que se expide en el país. A precios de diciembre de 2023, ese 33% de la torta son $30.273,4 millones cada mes.
Fuente: Infobae
