La nueva reglamentación, enmarcada en la ley Bases, comenzó a regir ayer. Se aplicará sobre trámites administrativos a nivel nacional, desde la obtención de licencias hasta la inscripción en registros públicos.
Finalmente el Gobierno inició el proceso para la implementación del silencio positivo en «más de 500 trámites» de la administración pública nacional. Desde el oficialismo aseguraron que esta normativa será «un cambio de cosmovisión grande» que se aplicará de «forma gradual» en todas las áreas del Estado.
En detalle, la legislación establece que, en ciertos casos donde un ciudadano cumple con todos los requisitos formales de un trámite, de no haber respuesta por parte de la administración estatal por 60 días, la diligencia tendrá una aprobación automática. En esta primer etapa, el silencio positivo se aplicará en casos que van desde «la obtención de licencias hasta la inscripción en registros públicos».
La administración libertaria aseguró que el inicio de la implementación de esta normativa marca un «hito histórico» para los trámites administrativos. «Con esta reforma, se busca simplificar la relación entre ciudadanos y el Estado, eliminando trabas burocráticas, agilizando los tiempos de resolución en gestiones regladas y fomentando la inversión, al brindar certidumbre jurídica», indicó en un comunicado el Gobierno.
Hasta ahora se aplicaba el esquema conocido como silencio administrativo negativo. Esta legislación señalaba que, ante la falta de respuesta, los ciudadanos debían reiniciar sus trámites.
«A partir de ahora, cuando una solicitud de carácter reglado –como una licencia de Marca País o la inscripción en el Registro de Buques– no reciba respuesta en el tiempo establecido, se considerará aprobada. Este cambio reduce costos y tiempo para los particulares, incentivando así el desarrollo de actividades económicas», detalló el comunicado difundido el pasado viernes.
La normativa, trabajada en gran parte por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comenzó a ser aplicada en los organismos centralizados desde ayer. Por otro lado, se extenderá a los descentralizados a partir del 1 de diciembre.
Cabe destacar que en áreas de vital importancia, como salud pública, medio ambiente, servicios públicos, entre otros, donde el impacto social y ambiental requiere un control exhaustivo, esta normativa no será aplicable. En estos casos, la administración no podrá delegar su responsabilidad de revisión.
Desde su aplicación, el Poder Ejecutivo pondrá a disposición cursos en la materia para abogados que quieran instruirse sobre dicha normativa.
Motosierra: más de 30.000 despidos en el Estado
Sturzenegger, quién tuvo un rol preponderante en la iniciativa del silencio positivo, se expresó en los últimos días sobre la situación actual del empleo público. Así, a través de su cuenta de X el ministro compartió datos sobre la variación en la planta de trabajadores estatales desde la llegada de Milei en diciembre y actualizada al mes de septiembre.
El gráfico refleja que, desde la asunción de La Libertad Avanza, fueron recortadas 33.291 personas. En detalle, 20.026 eran empleados que pertenecían a la administración centralizada y descentralizada del Estado, mientras que 11.014 correspondieron a trabajadores de empresas públicas y 2.251 eran personal militar y de Seguridad.
En este sentido, el funcionario celebró lo logrado en casi 11 meses de gestión. «La única manera sustentable de bajar la carga de impuestos es bajando el gasto público. Todo el equipo del presidente @JMilei trabaja para ello», explicó.
La disminución del gasto público es una de las mayores búsquedas de la dirigencia libertaria. En este mismo sentido, durante el Coloquio de IDEA celebrado hace algunas semanas en Mar del Plata, Sturzenegger le advirtió a los empresarios presentes que «nunca más» debían pedir la baja de impuestos, sino que su reclamo debe ser la «baja del gasto».
En esta línea, la semana pasada la cartera desregulatoria inició un proceso de intimación a los empleados públicos en condiciones de retiro, para que inicien los trámites jubilatorios. Según detallaron, la medida alcanzará a alrededor de 10.000 trabajadores, de los que 6.800 personas pertenecen a planta permanente.
Fuente: Ambito Financiero
