Después de la presentación de la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador Sergio Urribarri, las miradas quedaron puestas sobre el entorno del ex mandatario, los negocios en conjunto y las decenas de propiedades diseminadas entre funcionarios y supuestos testaferros. Fuentes judiciales estimaron que la denuncia debería seguir en Concordia, donde está el domicilio del principal acusado y es el centro territorial del entramado que debería investigarse. En la Legislatura, la oposición pedirá que se avance con la investigación y que se reglamenten los institutos creados por la reforma Constitucional de 2008 contra la corrupción.
El nombre que aparece mencionado con más énfasis al hablar del entorno del ex gobernador es el del actual Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, sociedad que nació política cuando compartían la cámara de Diputados durante la gobernación de Sergio Montiel.
Un informe del sitio Urgente 24, firmado por Daniel Luján, asegura que «el verdadero socio de Urribarri es el actual Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, un hombre que hace más de 30 años está relacionado con el poder y que ha sabido tejer una de las mayores fortunas de la provincia. La relación con Urribarri viene de la época en que ambos eran legisladores, este por el PJ y Rodríguez Signes por la UCR, cuando comenzaron a incursionar en negocios relacionados a la compra-venta de jugadores de fútbol».
Otras fuentes los relacionan además con millonarias inversiones hoteleras en Federación.
LOS «OPERADORES» DE «LA SOCIEDAD»
Las mismas fuentes del PJ a las que consultó Urgente24, señalaron que «la sociedad» tendría lazos en distintos organismos del Estado, fundamentalmente los autárquicos, compuestos por funcionarios de distintos rangos que serían los que se ocuparían de ocultar que en esos entes se realizan no sólo actos de corrupción, sino que también habría maniobras de blanqueo de dineros espurios mediantes varias argucias, tales como publicidad y otras acciones.
Según esas fuentes a las que Urgente 24 mantiene en el anonimato, las operaciones de corrupción «menores» (coimas), quedan en manos de esos «operadores» de «la sociedad», a cambio de permitir otras artimañas más «jugosas». Como ejemplo señalan lo sucedido con la famosa estafa a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), que quedó al descubierto por un descuido. Allí se supo que se realizaban «operaciones» millonarias por medio de las llamadas compensaciones tributarias. Esa supuestamente era una de las llamadas «cajas grandes».
En la ATER, (antes DGR), comentan las fuentes, para que pudiera funcionar la «caja grande», se permitiría a la vez que otros empleados pudieran hacer de las suyas con el cobro de coimas en casos de menor envergadura. A este grupo se lo conocería con el nombre de «la banda de los inspectores»; uno de sus principales integrantes llegó a ser segundo en la ex DGR y Director de Interior. A ese personaje le atribuyen las fuentes del PJ haber sido «el mentor» de los desvíos por medio de las compensaciones. Otro de los «operadores» de «la sociedad» en ATER habría sido el ex tesorero de la provincia, que al momento de estallar el escándalo del fraude de las compensaciones, era además el contador de la empresa que por un error hizo que se conociera el desfalco que se estaba llevando a cabo. Si bien el ex tesorero renunció a su cargo, llamativamente nunca fue citado por la justicia.
Urribarri, cuentan las fuentes de Urgente 24, se enojó mucho por haber perdido esa «caja», pero «se tragó el sapo» y la venganza contra el director de ATER se manifestó cuando intentó imponer que una empresa privada se hiciera cargo, mediante un jugoso contrato, de «modernizar» los procesos de la recaudadora provincial. La oposición a ello le costó el puesto al director Marcelo Casaretto, que fue reemplazado. Sin embargo, la intención de Urribarri también fue desestimada por el nuevo gobernador Gustavo Bordet.
PROPIEDADES Y PROPIETARIOS
En la denuncia presentada contra el gobernador se mencionan varias propiedades ubicadas en Concordia además de un departamento en Capital Federal y la península sobre el lago de Salto Grande que Redes de NOTICIAS dio a conocer en 2013. Esas mismas propiedades fueron incluidas en una denuncia anterior que una ONG denominada Giovanni Falcone había presentado años antes, que hablaba además de un campo de 1.800 hectáreas en la zona de Federal y hablaba de quién habría sido el anterior dueño. De las averiguaciones que pudo hacer Redes de NOTICIAS, resultó que esa propiedad rural nunca fue vendida por la sucesión mencionada en la denuncia, pero ahora el ex gobernador explicó que la península fue comprada por una sociedad que comparte con sus hijos que se dedicaría al cultivo de arroz y soja, aunque no precisó dónde.
El caso de la Península escaparía de la categoría de testaferro para esconderse bajo una Sociedad Anónima, que saltó por estar tan a la vista y no por la búsqueda en los papeles.
Pero hay otras propiedades que estarían a nombre de otras personas: una fuente muy cercana a la familia Urribarri, le relató a Redes de NOTICIAS que la familia del ex gobernador posee por lo menos dos departamentos en Punta del Este, que habrían sido los presentes que el entonces mandatario hizo a dos sus hijos cuando trajeron nietos a la familia. En este caso sería una persona de San Salvador el prestanombre para la operación.
En Concordia, funcionarios cercanos al ex mandatario relacionados con la obra pública y la construcción de viviendas están en la mira de la Justicia para que expliquen su crecimiento patrimonial.
PROCURACIÓN ANTICORRUPCION
El artículo 208 de la Constitución provincial reformada en 2008 prevé que se instituya en la provincia una Procuración dedicada a la investigación de delitos contra la Administración Pública, que se la dote de recursos y que se designe un fiscal especial para cada departamento de la provincia. Esa manda constitucional nunca se cumplió y los delitos de corrupción deben ser investigados por los mismos fiscales que instruyen las causas por delitos comunes. La oposición legislativa pedirá que esa omisión se corrija y además que la Oficina Anticorrupción que depende del Poder Ejecutivo provincia sea ocupada por una persona nombrada por la oposición.
