El defensor Alejandro Giorgio pidió la absolución de todos los policías imputados por los hechos de diciembre de 2013, durante su alegato en el marco del juicio que se les sigue a 17 policías acusados de sedición.
La réplica del defensor de los imputados Carlos Zaragoza y Juan Manuel Rosas intentó desarmar el armazón jurídico desplegado en su alegato por la fiscal general adjunta, Cecilia Goyeneche, y el minucioso desarrollo de los hechos presentado por el fiscal Mario Guerrero acerca de los días 8 y 9 de diciembre. Fiscalía pidió el jueves que se condene a los policías con penas de entre 5 y 7 años de prisión.
Analizó las acusaciones acerca de la toma de la jefatura, la incomunicación y la ruptura de la cadena de mando. Las denominó premisas falsas. “Todas estas justificaciones por parte de la fiscalía querían encubrir una ineptitud tanto de la parte política como del resto de los funcionarios policiales que se encontraban en la Departamental Concordia. Magnificar los hechos en un lugar focalizado, hechos que nunca pueden alcanzar la idoneidad de una sedición”, afirmó.
LA TOMA
“La toma de jefatura no se dio, sí hubo una ocupación parcial y temporal”, afirmó. Lo ilustró con el ingreso de periodistas, políticos, funcionarios policiales, civiles y hasta de un religioso. “No podemos hablar en serio de una toma y dejar que un grupo especial se arme con pertrechos y armas cuando ese grupo podía ser atacado ahí mismo”, argumentó.
Fiscalía también indicó que se pedía permiso para entrar. “Nadie pidió permiso. Las personas que mediaron trataban de buscar un interlocutor válido para evitar problemas”. Es falso que al -Subjefe de la provincia Miguel Angel- Rosatelli lo hayan echado, dijo.
El Jefe de Policía de la provincia, Héctor Massuh, expresó en su declaración que sintió miedo. “A Massuh lo conozco personalmente desde hace años. No es profesor de un jardín de infantes; estuvo al frente en comisarías, en allanamientos. Para empezar, hubiese probado con ir. No se puede inferir que por eso estaba tomada la jefatura. Es ridículo, absurdo, ilógico, irracional”. Y reforzó su argumento en el consentimiento del retiro del armamento. “Denota por sí solo la falta de acreditación del hecho”. Enumeró alrededor de 20 dependencias entre despachos, secciones, secretarías y salas de la jefatura donde nadie ingresó durante el 8 y 9. ¿Cómos vamos a tomar la jefatura sin tomar la sala de armas?, se preguntó. Hablemos de hechos ciertos, no exageremos”.
Una fotografía exhibida ayer en la sala mostró que “antes del ingreso de un grupo de personas a la jefatura ya estaban las luces apagadas (de la sala de comunicaciones) y la puerta abierta cuando la orden era cerrarla”. “Es decir, algunos ya estaban plegados” a la medida. “Para que quede claro, el jefe era el recientemente fallecido Comisario Víttori y el subjefe era Ramos, lo digo porque después pasan a ser testigos fundamentales”, que incriminan a los imputados.
“Los 17 imputados no tuvieron absolutamente nada que ver. No habían entrado y ya no había servicio”, agregó.
INCOMUNICADOS
La tesis acerca de la incomunicación que impidió que se brinde el servicio de seguridad “sinceramente ofende la inteligencia; las pruebas aportadas en la sala de audiencia demuestran” que todos los funcionarios de jerarquía se comunicaban entre sí y con autoridades políticas. Además, dijo, funcionaban los teléfonos de las comisarías. Mencionó, en ese sentido, un funcionario que convocó a sus subordinados. “¿Cómo hizo para reunir a 17 personas?, ¿con señas de humo? Esa es la importancia del rol de llamada. La fiscal dice que no logra comprender la incidencia que tiene. El que quería trabajar, trabajaba”, indicó.
La fiscal Goyeneche dijo el jueves que no entendió por qué las partes se habían enredado en una discusión sobre la toma de jefatura. Giorgio dijo también que le causó “sorpresa” el tratamiento dado a la ruptura de la cadena de mando, una “cuestión absolutamente secundaria”, según la fiscal, valoración similar hizo con el rol de llamada.
Exigió que se cumpla el principio de congruencia que rige el debido proceso. “Nos están dejando indefensos al decir que hay más de 17 personas que hicieron lo que hicieron”. “Es una violación al debido proceso” citar a funcionarios que “no están imputados y que debió imputar”. “El fiscal Guerrero dijo que se infería que había un plan organizado y, puntualmente, dijo que lo obtuvo de un funcionario de apellido Lezcano. Le había dicho que si se arreglaba (el conflicto salarial) salían a trabajar. Yo no sé quién es Lezcano. Sin embargo, toma estos personajes que no están imputados y que debió imputar como ‘elemento indicativo fundamental’. ¡No se puede defender así!”.
RUPTURA DE LA CADENA DE MANDO
“Creo que de verdad no entendieron cuando uno habla de la ruptura de la cadena de mando”, apuntó. Sostuvo que se refiere “a los casi 900 funcionarios que hay en Concordia» y que hubiesen evitado cualquier saqueo si eran llamados a prestar seguridad. ¿El ingreso, la ocupación parcial de la jefatura es consecuencia de todo lo que pasó en Concordia? No. Haber pegado unos gritos, haber tocado bombos, haber insultado a un par de muchachos, no les da el control sobre una ciudad o ‘zona liberada’” como llamó la fiscal Goyeneche a Concordia. Ustedes creen en serio que 17 personas sin disparar un solo tiro tomaron el control de Concordia y encima les quieren adjudicar todos los hechos. Realmente es descabellado”, disparó.
La acusación de Goyeneche explicitaba que la presencia de algunos imputados sentados junto al gobernador firmando un convenio explica por sí misma la ruptura íntegra de la cadena de mando. En su relato el defensor oficial desterró esa hipótesis. Nombró unos 30 funcionarios de alto rango, desde el gobernador para abajo. “Si hay un problema, se cierra la jefatura y se quedan dentro 40 o 50 funcionarios. ¿Cuál es el problema? ¿Donde está rota la cadena de mando? ¿Con quién no pudieron comunicarse? Había 132 oficiales más para llamar. De los imputados ninguno tiene jerarquía superior. ¿Por qué no los llamaron? ¿Cómo van a pretender echar el resultado de lo que pasó en Concordia a 17 personas? Es ridículo, absurdo. Y encima se pretende pedir prisión efectiva. Están tratando de tapar la ineptitud. Esa es la verdad”.
También desestimó la supuesta falta de operatividad para patrullar la ciudad y brindar seguridad. Sostuvo que además de los patrulleros, “Vialidad tiene más de 100 móviles. La municipalidad tiene fácil 150. Nos están tomando el pelo. En Paraná 300 personas se presentaron espontáneamente por el rol de llamada. ¿Por qué no lo hicieron acá? ¿Nadie se dio cuenta de nada? ¿Para qué querían ir a la jefatura si los saqueos estaban en la calle? ¿Qué iban a resolver en la jefatura si los problemas estaban afuera? Reitero, mínimo 700 personas, 80 vehículos”. “Por ineptitud pasó lo que pasó, no perdamos el eje de lo que ocurrió en Concordia”, enfatizó.
Mencionó la relevancia del concepto de idoneidad como la “capacidad de oponerse de 17 ‘perejiles’ sin armas a la fuerza del gobierno. Es ridículo. No cualquier hecho es sedición. Se requiere una fuerza proporcionalmente suficiente. ¡Y 17 personas arrancaron una medida al gobierno!
