La medida de acción se concretó en el marco del plan de lucha por 48 horas dispuesto por Agmer. “Estamos muy satisfechos con el acatamiento que ha tenido y con el acompañamiento”, dijo Cristian Acuña, Secretario Gremial. “Necesitamos una gran movilización provincial para que los compañeros puedan expresarse también en la calle”, consideró.
Un año y medio después, el conflicto entre el gobierno y los gremios docentes por la reapertura de la negociación salarial, entre otros puntos, gira sobre sí mismo. Aunque este año registró una particularidad: “lo que hace (el gobierno) en realidad es sentarse con sus amigos judiciales y a partir de ahí tratar de dejarnos en una encerrona que hemos tratado de resolver de todos los modos”, señaló Cristian Acuña, Secretario Gremial de Agmer.
La táctica de la conducción de Agmer de declarar un paro sorpresivo encierra “algunas objeciones, pero nunca vamos a estar en contra de acciones a favor de los docentes”, asentó.
Y observó: “Es complicado enfrentar al gobierno y a la justicia de este modo, no siempre lo vamos a poder hacer, es una gran responsabilidad para nosotros pero estamos dispuestos a asumirla y como tal creemos que es necesario realizar acciones con paro y movilizaciones”.
Si bien la modalidad de ‘paro sorpresa’ podría sortear una orden judicial, el dirigente sostuvo, “es un modo de luchar pero no el único. De este modo solamente y a largo plazo no vamos a poder restituir derechos. Necesitamos una gran movilización provincial para que los compañeros puedan expresarse también en la calle”.
Reiteró que no están en desacuerdo con la medida adoptada, pero “creemos que a largo plazo no se puede sostener, tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo: de una manera organizada y reclamar a nivel provincial que el gobierno se siente a dar respuestas tanto en lo salarial como en infraestructura, condiciones edilicias, laborales”.
Acerca del último ítem afirmó que el sistema de liquidaciones de sueldos (SAGE), “está funcionando muy mal; hay muchos compañeros en Concordia que directamente no están cobrando. Comprendemos que los liquidadores son trabajadores como cualquier otro pero desgraciadamente tampoco ponen los suplentes necesarios”, situación que deriva en sobrecarga de trabajo.
La presidente del Consejo General de Educación, Claudia Vallori, convocó la semana pasada a los gremios a formar la ‘comisión técnica’ para monitorear los números de la provincia. “Son irónicas las respuestas que hemos tenido. Por un lado nos invitan como revisores de cuentas en el CGE cuando nosotros siempre hemos pedido el presupuesto provincial para educación y nunca nos ha llegado información ni ningún tipo de notificación. La verdad es que si no es una tomada de pelo, por lo menos una chicana”.
Por su parte, el Ministro de Educación Eduardo Lauritto se manifestó contrario a la judicialización del conflicto docente. “Lo de Lauritto es más entendible en épocas de elecciones, es sólo una declaración en campaña electoral”, apuntó.
Consultado respecto de la declaración del Ministro como un posible guiño del ejecutivo que eche por tierra una eventual intervención judicial, respondió: “si no hay otra medida cautelar es por la lucha, no por lo que llegue a decir un funcionario equis que en este momento no tiene ningún peso político”.
Más allá de la discusión salarial, Acuña hizo hincapié en la necesidad de abordar “las condiciones en que trabajan los compañeros y las condiciones en las que están los niños en las escuelas, incluso hoy por hoy la apertura de la mesa salarial ha pasado a un segundo plano. Reclamamos por el derecho de huelga, los edificios escolares y las condiciones laborales”.
