Un policía obligó a salir del edificio a los familiares del joven Andrés Rueda, asesinado en Concordia en 2014. La mamá de la víctima afrontó sola la audiencia, ya que tampoco aceptaron al abogado querellante.
Ayer viernes se llevó a cabo una audiencia «oral y pública» por el homicidio de Andrés Rueda, ocurrido en septiembre de 2014, cuando menor de 16 años y un prófugo de la cárcel de Concordia de 28, sin otro motivo que sustraerle un celular, le dieron muerte de un balazo.
La audiencia de ayer se suponía era pública, pero, al ser menor de edad el imputado, no lo fue tanto. Fue por ello que sólo permitieron ingresar a la sala a la mamá de Andrés, Andrea Ferreira, y a su abogado. A los demás familiares, entre ellos una beba de sólo 10 días de vida que es hermana del chico asesinado, se les hizo saber que les estaba vedado el acceso, por lo que se quedaron en el pasillo, publicó www.elentrerios.com
Pero ahí no terminó todo. Porque de inmediato, la secretaria del juez les solicitó que abandonen el pasillo contiguo a la sala de audiencia y bajen un piso.
Obedecen, pero tampoco ello fue suficiente. Apareció un policía que le hizo saber a la familia de la Víctima y a quienes los acompañaban que debían salir del Edificio. O sea, terminaron en la calle.
«¿Las víctimas no tienen derecho de acceder siquiera al Edificio? ¿Donde está escrito?», se preguntó, indignada, Patricia Rodríguez, integrante de ASEC, la Asamblea por la Seguridad de Concordia, presente en el lugar.
Mientras tanto, en la Sala de Audiencia, el Juez de Garantías no dio lugar a la presentación del querellante, alegando cuestiones formales, en principio ligadas a los plazos procesales.
Luego de un cuarto intermedio, la mamá del chico asesinado quedó absolutamente sola en la Sala, sin el acompañamiento de su familia ni tampoco de su abogado, teniendo frente a sí al menor imputado, respaldado por su abogado (pago por su familia) y el abogado público para el mayor, que también está imputado. Por último, el Fiscal de la causa.
«Desde afuera nos preguntamos ¿en qué puede afectar las garantías al debido proceso del imputado si existe un querellante? ¿Le interesan al Juez Bastián las formas únicamente? ¿Y las Víctimas que pasa?», escribió Patricia Rodríguez en la cuenta de ASEC en Facebook.
Y agregó: «Seguramente el abogado PAGO del imputado se rasgará las vestiduras sobre los derechos del niño, el menor y lo pintará como víctima de un sistema. Me pregunto ¿qué responsabilidad tiene la víctima, la familia de la víctima o la sociedad en general por el camino que eligió el imputado? Todos algo podemos elegir, él eligió apretar el gatillo, le arruinó la vida a una familia entera y ahora ni siquiera está detenido. Espero que el padre del imputado, con capacidad para pagar un abogado penal, tenga capacidad para resarcir por el daño que hizo su hijo a la familia. Solicito al Juez de Garantías, al COPNAF y a quienes mensualmente cobran un sueldo que pagamos los ciudadanos, asuman que tienen más responsabilidad que todos nosotros por lo que sucede».
«Que haciendo uso de su profesionalidad e idoneidad, tengan a bien hacer uso de las reglas de la crítica superadora que le permitan elaborar propuestas. De lo contrario correrán el riesgo de que la comunidad suponga que son meros aplicadores de la letra muerta y llegar a la conclusión que con ese método son más efectivas las computadoras. Una justicia que no contempla las víctimas como seres con derechos y sentimientos, las acorrala», concluyó Patricia Rodríguez.
