Tras la presentación a concurso preventivo de Citrícola Ayui SA, que informó como época de cesación de pagos octubre de 2014, se presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informe que interpela al poder Ejecutivo para que haga saber si pagó o no a la empresa de Francisco De Narváez el préstamo de 20.000.000 de pesos, autorizado por Ley 10.375, para “reactivar la producción y el procesamiento de cítricos de la citada empresa”, y por qué el síndico asignado por el Estado hizo la vista gorda ante la situación de riesgo que ya existía cuando se votó la norma.
En el texto, la autora de la iniciativa, diputada Emma Bargagna, también requirió conocer a cuánto ascendió lo efectivamente pagado y en qué partida de Rentas Generales se imputó.
La socialista también pidió conocer la fecha en la que la empresa china En Premieur efectivizó formalmente el compromiso de inversión por 70.000.000 en el marco del Plan de Inversiones ante el ministerio de la Producción, cumplimentando la condición de liberación de fondos a favor de Ayui SA, prevista en el artículo quinto de la citada Ley y a cuánto ascendieron o cuál fue el valor de las garantías otorgadas por la Empresa para asegurar la recuperación de los fondos prestados por la provincia como consecuencia del cumplimiento de la Ley 10.375.
¿PARA DÓNDE MIRÓ EL SÍNDICO?
La abogada requirió saber por qué causa el síndico designado por el Estado omitió informar la situación límite y de riesgo existente al momento de la sanción de la Ley 10.375 (27/05/2015) como consecuencia del estado de falencia en la que se encontraba la Sociedad Anónima Ayuí.
Y por último, qué plan de amparo y auxilio aplicará el gobierno provincial y, particularmente, el ministerio a cargo de Roberto Schunk, “para salvar a los productores y a los trabajadores entrerrianos duramente afectados material y moralmente frente al cierre, falta de pago de salarios y de citrus efectivamente entregados por parte de la beneficiaria de la Ley 10.367 hoy concursada”.
