Después de 54 audiencias y casi tres meses de debate, el miércoles próximo se conocerá la sentencia del tribunal que juzga a 18 policías acusados de sedición, entre otros delitos. Habilitarán la feria judicial para dar lectura a los fundamentos del veredicto. El defensor Edelmiro Díaz Vélez expuso ayer su alegato, mientras que fiscalía no hizo uso de su derecho a réplica. Díaz Vélez tildó a los imputados como “18 perejiles o imberbes sindicales”. “Se metieron donde no se tenían que meter y con quiénes no se tenían que meter”, aseguró. Y afirmó: “estamos en presencia del aprovechamiento del poder político del derecho”.
El tribunal compuesto por los jueces Jorge Barbagelata, Silvina Gallo y Darío Perroud pronunciará su veredicto el miércoles 8 de julio a las 8.30. Fiscalía solicitó entre 5 y 7 años de prisión para 17 policías y retiró los cargos contra el agente Esteban Cendra, en tanto los defensores pidieron la absolución de todos los procesados.
El defensor Edelmiro Díaz Vélez cerró ayer con su alegato el debate iniciado el 13 de abril. Su línea argumental no se apartó del desarrollo defensivo de sus colegas.
Solicitó la absolución del imputado Luis Alberto Gómez. El pedido, dijo, se funda en que el efectivo manifestó con precisión que no se encontraba el 8 de diciembre en el momento de la irrupción en la Departamental. Dijo que en los videos analizados durante el juicio aparece después hablando por un megáfono. Consideró que “el Ministerio Público no ha agregado ninguna prueba que desvirtúe lo expresado por mi defendido”.
En su alegato, Díaz Vélez no abundó en detalles de los hechos. Focalizó su estrategia en desacreditar la tarea investigativa de la fiscalía. Denunció “un armado jurídico de una causa penal contra 18 personas atribuyéndole delitos” cuando “en realidad se origina en la notoria inoperancia de los altos mandos de la policía, además de la inoperancia del poder político que no supo resolver el problema”. Consistía, dijo, en “salvar las responsabilidades de la dirigencia política y policial”.
Tildó a los imputados como “18 perejiles o imberbes sindicales”. “Se metieron donde no se tenían que meter y con quiénes no se tenían que meter”, aseguró y afirmó: “estamos en presencia del aprovechamiento del poder político del derecho”.
Además vinculó los procesamientos de los uniformados con la firma del acta acuerdo la noche del 9 de diciembre en la sede de Cafesg. “La sustanciación de esta causa penal se ha generado por una necesidad política para poder parar el acuerdo que fue objetado. ¿Por qué? El problema era que ese acuerdo salarial se iba a extender a todos los sectores dependientes del poder ejecutivo de la provincia”, esgrimió.
Y minimizó la pesquisa al sostener que “ese es el motivo por el cual nos encontramos ante una causa política que ha sido armada jurídicamente para poder imputar a todas las personas juzgadas. Ahora se justifica por qué se han cometido tantas irregularidades en la sustanciación de la causa penal”, agregó.
En ese sentido, sostuvo que “la primera irregularidad que se aprecia es que estén imputadas 18 personas por exactamente el mismo hecho, cuestión que no resiste el menor análisis”.
Remarcó que a lo largo de su vida diferentes episodios le permitieron formar “un concepto cabal” de lo que representa una toma. Citó como ejemplo de toma el copamiento del regimiento en La Tablada en 1989. “Esto es cualquier cosa menos una toma”, afirmó. “No se lleva a las mujeres y a los niños a la cabeza cuando podrían perder la vida, qué padre puede hacer un acto de esa naturaleza, evidentemente estamos ante un ridículo. Evidentemente se ha producido un armado jurídico para llegar a justificar conductas que no son justificables. Esa toma se desarticulaba con dos granadas”, argumentó.
En sucesivas audiencias declararon varios testigos que reforzaron la tesis de la defensa. “Nos han dicho con precisión cuál es el concepto que prima en general. El hecho y las circunstancias que generaron este conflicto se deben pura y exclusivamente a la inoperancia del poder político; quienes tenían el mando de la policía de Entre Ríos no hicieron lo que tenían que hacer. Absolutamente nadie produjo la intimación formal para que cesen estos 18 imberbes en la actitud de desorden”.
El abogado señaló que en paralelo a la causa judicial se lleva adelante en la fuerza decenas de sumarios administrativos. “Por los mismos hechos que han generado que 18 personas estén imputadas, han generado 87 sumarios administrativos. Nadie ha sabido explicar de dónde surge la imputación de los hechos para los 18 y no para los 87 con sumarios administrativos. Están siendo juzgados por determinadas facturas que les han pasado los jefes. No puede ser que haya dos expedientes investigando los mismos hechos”, apuntó.
