Desde el gobierno provincial rechazaron la posibilidad de que la provincia de Entre Ríos pueda buscar que Nación le ceda Salto Grande como pago de deuda, entre otros aspectos porque el decreto 969/24 no lo habilita, pero tampoco hay conversaciones ni siquiera interés expresado en ese sentido.
La provincia de Entre Ríos presentó esta semana una nueva demanda contra la Nación por discrepancias en las liquidaciones de los excedentes generados por la represa. Se reclama un retroactivo de 175 millones de dólares, originado en diferencias entre lo liquidado por la Secretaría de Energía de la Nación y lo que Entre Ríos considera hubiese correspondido de aplicarse el mismo valor que se paga a otras generadoras en detrimento de la represa de Salto Grande.
Entre Ríos pretende «recomponer la ecuación económico-financiera de los acuerdos de 1999 que dieron lugar a los excedentes de Salto Grande y modificar, con la intervención de la provincia, el modo en que la Secretaría de Energía de la Nación establece el precio de la energía para las represas hidroeléctricas binacionales», explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
Desde el área Legal del Ejecutivo entrerriano se rechazó el interés de la provincia en entablar negociaciones a cambio de activos de ningún tipo y destacaron especialmente que el decreto 969/24 que crea el Régimen de Cancelación de Obligaciones Recíprocas «no menciona en ningún momento, el pago a través de predios, rutas, bienes o empresas».
El sitio porteño Infobae publicó esta semana que tras el reclamo de 175 millones de dólares a Nación «en el fondo, está la intención de que la Provincia se quede con el complejo hidroeléctrico», lo que fue considerado disparatado por quienes están vinculados al tema.
El secretario general del Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande (Siatrasag), Sergio Benítez, dijo al sitio concordiense Diario Junio que «el tema de fondo es el precio de la energía. Salto Grande es la peor remunerada de todo el sistema eléctrico».
Advirtió además que “la empresa está en un proceso de renovación de activos que equivale a 500 millones de dólares. Si la represa se provincializa, ese crédito lo deberá afrontar la misma provincia, que tendría que hacerse cargo de ese pasivo», dijo Benítez.
El Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, en declaraciones al programa «Lo que Queda del Día» reproducidas por Redes de Noticias, hizo una valoración positiva del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas propuesto la semana pasada por el gobierno nacional.
“Yo creo que le sirve a todas las provincias”, respondió Rodríguez Signes cuando se le preguntó si le sirve a la provincia de Entre Ríos este Régimen de Extinción de Obligaciones recíprocas. Profundizó que “las relaciones Nación – Provincias es un asunto muy conflictivo, que no es de este gobierno sino de la historia del país. Todo el tema de la coparticipación, todo el tema del laberinto de la coparticipación, de la complejidad que tiene el tema de la coparticipación, toda la cuestión de las violaciones al sistema de coparticipación, todo el problema de los fondos fiduciarios, los préstamos, las garantías, en fin, el tema tiene una complejidad enorme y la verdad que establecer un canal administrativo, ordenar un canal administrativo para poder sustanciar los reclamos recíprocos, la verdad que es positivo”, valoró.
Fuente: Redes de Noticias
