Un informe periodístico reveló que tres funcionarios del Ministerio de Salud perciben honorarios por contratos de obra anuales que llegan a superar los 400.000. En algunos casos, los propios funcionarios intervienen en el trámite administrativo de los contratos a su favor en los que, además, se les asignan funciones que están comprendidas en su desempeño en los respectivos cargos. Se trata de dos directores y una asesora, pero habría más situaciones similares en la cartera.
Uno de los contratos detectados por la web Noticia Uno, está a nombre de Víctor Hugo Berta, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, designado en el cargo por el titular de la cartera, Ariel De la Rosa. En 2016, Berta le facturó en forma particular al ministerio 252.000 pesos mediante un contrato de obra vigente entre abril y diciembre, según lo establecido en el decreto 1.392, firmado por De la Rosa y por el gobernador Gustavo Bordet.
Allí se indica que Berta “deberá realizar el diseño de políticas públicas en materia de salud, diagramando estructuras orgánicas y participando en el proceso de elaboración de normas que las autoridades del Ministerio de Salud le requieran”. Se señala en los considerandos que en el expediente en cuestión “tomó intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos” de la cartera, es decir la repartición a cargo del propio Berta.
En 2017, Berta suscribió otro contrato de obra, esta vez por 393.120 pesos. Según el decreto 328, del 13 de marzo, su tarea para esta etapa es la de “intervenir en el diseño de políticas públicas en materia de salud convocando a entidades intermedias a formalizar grupos de trabajo para el logro de los objetivos, para lo cual podrá materializar la obra encomendada en proyectos de normativas que contemplen los intereses perseguidos por las entidades intermedias con directa injerencia en materia de salud, procurando mantener una razonabilidad entre los fines perseguidos por las entidades y los objetivos del Ministerio de Salud”.
Otro contrato señalado está a nombre de la contadora Luisa Ester Berruezo, que se desempeña como titular de la Dirección General de Contrataciones del Ministerio de Salud. Durante nueve meses de 2016, Berruezo facturó en forma particular y cobró honorarios del Ministerio de Salud por un total de 252.000 pesos, en pagos mensuales de 28.000 pesos.
La tarea encomendada a la profesional en el decreto 1.393, también suscripto por Bordet y De la Rosa, se vincula con un aspecto fuertemente cuestionado de la gestión del ministro del grupo político del diputado provincial y secretario general de UPCN, José Ángel Allende: la compra de medicamentos. Berruezo tuvo que “estudiar los consumos de medicamentos en los hospitales públicos, relevando información cuantitativa respecto a la cantidad de medicamentos adquiridos y sus mecanismos de compra”.
En 2017 se repitió la operatoria, mediante el decreto 329 del 13 de marzo, esta vez por un total de 396.000 pesos, pagados en cuotas de 33.000 pesos mensuales. Para este año, la tarea encomendada a Berruezo es “el estudio de los acuerdos prestacionales que el Ministerio de Salud mantiene con efectores privados y públicos, relevando información cuantitativa y modalidad de prestación”, entre otras variables.
Otro contrato de obra cuestionado es en beneficio de Mercedes Basso quien, entre otros cargos, estuvo al frente de la Secretaría General de la Gobernación en la última gestión de Jorge Busti. Basso se desempeña actualmente como “asesora ministerial” de la cartera a cargo de De La Rosa y, a la vez, está contratada para “la concreción del trabajo de recopilación de normas a fin de lograr una clasificación que permita avanzar sobre la creación de un digesto que abarque tanto el ámbito de gestión sanitaria como el de gestión administrativa”.
Así se estableció en el decreto 347 suscripto el 13 de marzo de este año por Bordet y de la Rosa, en el que se estipula, además, que se abonarán a Basso por la tarea 420.000 pesos, en cuotas mensuales de 35.000.
Según Noticia Uno, serían más los funcionarios de la cartera favorecidos con este tipo de contratos, cuyas tareas se superponen con las obras definidas en los decretos.
