En los últimos días trascendió que, a pesar de que se dirime en sede judicial la continuidad o no de la explotación de la firma holandesa “Bema Agri”, no solamente continúa con las prácticas agrícolas sino que además construyó una planta de silos y galpones. La explotación está ubicada en la “Isla de los holandeses”, en la isla “Irupé” circundada por los arroyos Estévez, San Lorenzo y Los Laureles frente a Villa Constitución (Santa Fe) sobre el gran Paraná y cuenta con alrededor de 10 mil hectáreas aunque hacen referencia que en total son 8 mil las hectáreas explotadas. En el 2011 se intensificaron las acciones, incluso organismos defensores del medio ambiente y la ecología denunciaron esta situación.
A pesar de lo establecido en la legislación que busca preservar el medio ambiente en las zonas de anegadizos e islas, desde 2008 realizan prácticas agrícolas. La firma se presentó a la justicia porque la Municipalidad le prohibía continuar con las explotaciones, pero actualmente el expediente espera el fallo de una Cámara Judicial de Paraná.
El periódico Paralelo 32 consultó a Héctor Marchese, asesor letrado del municipio, quien confirmó que el tema sigue en sede judicial todavía no tiene fallo definitivo, inicialmente la comuna intimó a la empresa en cuestión de cesara con la siembra en el lugar y que volviera a la situación anterior toda la construcción de terraplenes y movimientos de tierra.
A raíz de esto apoderado de Bema Agri se presentaron rechazando la resolución del Estado municipal, de todas maneras desde el área específica se demandó el pago de tasas.
Ante esta realidad la firma inicio una acción contencioso administrativa contra la comuna que en líneas generales pretende seguir con la actividad agrícolas en terrenos protegidos a pesar de que la legislación lo prohíbe expresamente.
Los ediles Rodrigo Juárez y José Molla en ese momento (2009) presentaron una acción de amparo que fue rechazada por el Juzgado de Instrucción local, posteriormente apelaron ante la Sala de Procedimientos Constitucionales del STJ que también rechazo el planteo por entender que “los actores debieron acudir a las vías ordinarias, donde cuentan con un marco amplio de alegación y prueba a través de un contradictorio pleno, exento de las restricciones que imperan en este proceso”. En obvia referencia a las ordenanzas que establecen las prohibiciones de prácticas agrícolas en los terrenos de islas de ejido de nuestra ciudad y es el municipio quien tiene potestad de exigir el cumplimiento por vía administrativa y potencialmente ante la justicia en caso de ser necesario.
BASAMENTO
El planteo del municipio se asiente en la legislación vigente – que oportunamente publicara nuestro Semanario – entre ellas la Ordenanza N° 1787 de julio del 2008 que prohíbe las prácticas agrícolas en el denominado Suelo Litoral – Delta SL3 de acuerdo a lo que establece la Ordenanza Nº 2472 son de “uso no admitido”, además expresamente la norma primeramente mencionada sostiene que “la construcción, modificación de la topografía y alteración del ecosistema queda supeditado a la aprobación por parte del Concejo Deliberante”, procedimiento que la empresa no llevó a cabo. Por otra parte la Ordenanza Nº 2185 declara “Area natural protegida” a la zona de islas pertenecientes a nuestro departamento que incluye obviamente a la Isla Irupé.
ACTUALIDAD
Esto toma estado público nuevamente porque una persona que se desempeña como movilero en un programa radial matutino publico en su página la última foto donde claramente se pueden observar galpones y silos en la explotación.
En definitiva la causa está actualmente caratulada “Bema Agri c/ Municipalidad de Victoria” (expediente N° 3261/5) y se tramita en la Cámara Contencioso Administrativa N° 1 de la ciudad de Paraná.
Para contar con una mayor información Paralelo 32 se comunicó con los responsables del área Prensa del Superior Tribunal de Justicia, quienes confirmaron que la misma se encuentra a despacho en el mencionado organismo, pero que todavía no tiene fallo. Consultamos si había trascendido algún avance o declaración de algunos de los magistrados al respecto a lo que respondieron que esto no ha ocurrido.
Por tal motivo podemos afirmar que el tema tiene un final abierto porque la Cámara aún no se ha expedido. También nuestro Semanario preguntó en relación a los plazos o fecha en que habría un dictamen, a lo que manifestaron que no tenían elementos para informar al respecto.
En definitiva el interrogante aún sigue vigente y el mencionado organismo judicial en el marco de lo establecido por leyes y ordenanzas deberá expedirse a favor de una u otra parte.
ANTECEDENTES
Funcionario policiales de una Comisaría de la zona de isla alertaron a las autoridades en julio del 2008 que estas prácticas se estaban llevando a cabo, posteriormente hubo un informe muy completo por parte de Puerto de Fiscalización quienes realizaron un relevamiento de todo lo que allí ocurría. Cabe destacar que son tierras que pertenecen a la jurisdicción municipal según la legislación vigente.
En junio del 2009 La Secretaría de Obras Públicas ordenó a la empresa Bema Agri B V “la paralización inmediata y total de las tareas de siembra, terraplenamientos y toda otra labor que implique movimientos de suelo en la isla (Resolución Nº 157). Posteriormente intervino la provincia a través del Consejo Regulador del Uso de Agua (CORUFA).
Se había comprobado que plantaron sorgo, soja y realizaron fumigaciones de acuerdo a la información de linderos, además había maquinarias destinada a movimientos de tierra y prácticas agrícolas.
Oportunamente la Corufa (Corufa) ordenó la suspensión de la siembra aunque – todo indica – la empresa siguió con la actividad.
En esa oportunidad, cuando fueron a llevar la notificación, el Delegado de Islas municipal Gustavo Spadillero entregó la Resolución 157 – anteriormente descripta – fue recibido en el lugar por Maarten H. de Vries, apoderado de la empresa quien se negó a firmar la notificación.
