La localidad de Colonia Elía recibió 33 viviendas en el marco del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, que debían ser adjudicadas a familias que están en condiciones de vulnerabilidad para poder remontar su dramática situación diaria.
Sin embargo, al menos diez de esas viviendas fueron entregadas a familiares y funcionarios del municipio comandado por el Partido Justicialista. De hecho, una de las viviendas fue entregada a nombre de Rocío Ibarra, quién ocupa actualmente el cargo de secretaria de Desarrollo Social. Un concejal de dicha localidad señaló la posibilidad de que la entrega de las viviendas a familiares de funcionarios (y una funcionaria) haya sido a cambio del silencio ante los vínculos denunciados entre el poder y el narcotráfico.
La discrecionalidad en la entrega de viviendas es de vieja data. Son reiterados los hechos donde personas cercanas a funcionarios de distinta índole son beneficiarios de programas que fueron pensados para paliar la situación dramática de centenares de familias que sufren día a día la vulnerabilidad.
Tal es el caso de lo que denunciaron vecinos y un concejal de Colonia Elía sobre la entrega de 33 viviendas dentro del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales. De esos 33 hogares que debieron llegar a manos de familias con necesidades, al menos diez se le otorgaron a familiares directos de funcionarios del Municipio e incluso a la titular de una de las secretarías del gobierno municipal.
Rocío Ibarra es funcionaria del gobierno municipal que preside Ramón Eduardo Barrera y recibió, a su nombre, una de las 33 viviendas en cuestión. La paradoja es que Ibarra es la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, cartera que debe atender las necesidades urgentes de la población de bajos recursos. Pero Ibarra no es el único caso, hay al menos nueve adjudicaciones más que levantaron sospechas. Además, Luisina Parada fue beneficiaria, siendo quien ejerce su labor en la Secretaría de Prensa del Municipio.
Dentro de la nómina se encontró, además, a Marcos Montañana, hijo del exsecretario de Gobierno Ramón Montañana, quien renunció en mayo del 2016 a su cargo. A su vez, dos sobrinos políticos del propio intendente recibieron una de las 33 viviendas: se trata de Eliana Olagüe y Néstor Mendoza, ambos sobrinos de la esposa de Barrera.
Otro de los beneficiarios de relación con funcionarios es Néstor Heidenreij, apellido conocido para las autoridades municipales, puesto que es el mismo del actual viceintendente y titular del Honorable Concejo Deliberante de Colonia Elía. Pero los vínculos de Néstor Heidenreij no acaban ahí, ya que es esposo de la concejal Ariana Alejandra Adón. Todo queda en familia.
Yamila De Brabandere también es una de las beneficiarias de la entrega de las viviendas y es sobrina de la actual concejal por el oficialismo municipal, Romina Maricel Migueles. Tal es el caso de Gastón Cleppe, quién es sobrino del secretario de Servicios Públicos y Turismo, Armando Cleppe. Se suma también a la lista el nombre de Maximiliano González, hijo de quien ocupa cargos en el ámbito de la seguridad pública del Municipio.
Para finalizar la lista, está el caso de la vivienda adjudicada a Guillermina Parlatto, hermana de Romina quién es actual concejal de Colonia Elía. Pero esta vivienda tiene otra particularidad: todo indicaba que sería entregada a Alejandro Leyes, empleado del Municipio que le falta una pierna y debe trasladarse diariamente por calle de ripio hasta la dependencia donde trabaja en sillas de rueda y que vive en una casa precaria.
De hecho, desde el Municipio se han negado a enviarle un móvil de la flota del Ejecutivo Municipal para asistir a su trabajo y le informaron que si llega fuera de horario -a pesar de sus dificultades de movilidad- iba a ser despedido.
LA SOSPECHA DE DÁDIVAS
Ante estas irregularidades señaladas, ANALISIS DIGITAL se comunicó con el concejal por Cambiemos, Luis Alejandro Aguilar, quién confirmó la información y se refirió al hecho: “Yo me pregunto si estas entregas no fueron a cambio de la compra del silencio ante los graves hechos de narcotráfico que vivimos a diario en Colonia Elía”, dijo el edil opositor.
Aguilar ha sido quien ha denunciado los vínculos del narcotráfico con el poder de Colonia Elía: “Los vecinos están aterrados; la gente tiene mucho miedo y no quieren hablar”, había dicho el concejal en diálogo con el programa A Quién Corresponda – Radio De la Plaza la semana pasada. En ese marco, señaló a Fabio Montañana -mismo apellido de uno de los beneficiarios de las viviendas- como testaferro de Jairo Saldarriaga, un narcotraficante que apodaban Mojarro que fue asesinado en el crimen del Shopping en Olivos, en el partido bonaerense de Vicente López.
El concejal había adelantado su postura en relación a las dádivas a cambio de silencio en dicha entrevista: “Incluso hay concejales que han recibido en forma de dádiva, viviendas sociales para quedarse callados la boca”, había señalado Aguilar. La información se completó con funcionarios y otros familiares de integrantes del Municipio de Colonia Elía.
La propia web oficial del Municipio publicó los 33 beneficiarios de las viviendas, entre los cuales se encuentran los al menos diez favorecidos que tienen vínculos con el gobierno provincial. Dentro de la nómina se incluyen beneficiarios que se encuadran dentro de los requisitos básicos para recibir las viviendas del programa gubernamental.
El texto oficial se publicó el 5 de abril del 2016 y señaló: “El pasado viernes 13 de marzo, en Club Atlético Colonia Elía se realizó la entrega de las carpetas con los planos y diseños a los beneficiarios de las 33 viviendas que se enmarcan en el Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales.
