Gerardo Leonel Gómez relató ayer martes por la mañana ante el Tribunal de Juicio cómo durante la noche del 8 de diciembre de 2013 los móviles del Comando Radioeléctrico fueron retirados de las calles. Otro testigo se desdijo de sus dichos y quedó al borde del falso testimonio. Este jueves se resolverá si el Obispo Collazul puede o no declarar por escrito.
Gómez era chofer de uno de los móviles del Comando Radioeléctrico de Concordia y tomó servicio aquel domingo 8 de diciembre antes de las 21. Junto a su compañero, el cabo Sergio Verón, salió casi de inmediato a patrullar. Se les había ordenado que recorran un sector de la zona oeste, identificada como 1-3.
Pero mientras se dirigían a la zona, y a poco de haber salido de la Jefatura, recibieron por radio un mensaje ordenando que todos los móviles regresaran a la Jefatura Departamental. Ni Gómez ni Verón reconocieron la voz del que hablaba por la radio, por lo que intentaron comunicarse con la base operativa para confirmar o desmentir la orden y no logran hacerlo. Decidieron entonces retornar.
Al llegar se encontraron en la vereda con su jefe, el comisario Rubén Vittori quien les informó que habían sido superados en número y que la sala del Comando y la Jefatura habían sido tomadas. Gómez y Verón le preguntaron qué debían hacer entonces, y la respuesta de su superior fue “quédense acá porque no hay garantías para que anden por la calle, no hay radio ni teléfonos”, dijo Gómez.
Ambos, junto a otros móviles del comando, quedaron varados durante toda la noche en la Jefatura. Según su relato, Gómez intentó mediar entre quienes encabezan la movilización que se hizo con el control de la Jefatura y los jefes. Incluso relató un encuentro que se produjo entre Vittori y el imputado Leandro Coutiño en la madrugada del lunes 9, en la que el jefe del Comando reclamó que acepten la propuesta salarial que horas antes les habían hecho el subjefe provincial Juan Ramón Rosatelli y el ministro de Gobierno Adán Bahl.
“La situación se desbordó”, narró Gómez que explicó el acusado. Pese a esto, acordaron que Coutiño convenza a la gente que estaba fuera de la Jefatura y Vittori prepararía los móviles para salir a patrullar, pero el imputado volvió con una respuesta negativa de la calle y la iniciativa se frustró.
Gómez, a lo largo de la jornada, comenzó a tener participación en el reclamo, al punto tal que formó parte de la comitiva que terminó firmando con el Gobernador Sergio Urribarri el acta del lunes 9 por la noche. Sin embargo, aclaró: “No soy sedicioso, no le falté el respeto a nadie, ni le pegué a nadie”. En estos momentos, está sometido a un sumario administrativo interno.
CONTRADICCIONES
A última hora de la mañana declaró el periodista Jorge Luis Valdez, quien por casualidad pasó esa noche por la Jefatura y estuvo en los sucesos iniciales de la toma.
El testigo incurrió en varias contradicciones entre lo que había expuesto ante Fiscalía durante la instancia de la investigación penal preliminar y lo que expuso ante el Tribunal de Juicio, lo que llevó a la Fiscalía a pedir al Tribunal que advierta al testigo sobre la posibilidad de que sea juzgado por falso testimonio.
Valdez, por caso, dijo ante Fiscalía que el gas pimienta arrojado en la entrada a Jefatura, y que terminó inmovilizando al jefe Lucio Villalba y al comisario Ariel Silva, fue arrojado “directo al rostro de Villalba”, pero en la audiencia aseguró que el fluido venía (sic) “de todos lados” y que no podía precisar si lo arrojaban los manifestantes o el propio Villalba.
Además, en su primera declaración, consignó que cuando los manifestantes ingresan a Jefatura y arremeten contra Villalba él observa que lo agreden y grita “no le peguen, no le peguen”. Pero este martes por la mañana, al testimoniar frente al Tribunal, precisó que no vio que le pegaran a Villalba.
DECLARACIÓN
En tanto, el Tribunal de Juicio difirió hasta este jueves por la tarde la decisión sobre si el Obispo Luis Collazuol puede o no declarar por escrito en la causa, tal como requirió, acogiéndose a una prerrogativa que le concede la ley por ser autoridad eclesiástica. Esto podría llevar a que Collazuol tenga que testimoniar en persona durante una audiencia.
Collazuol es el único de los cinco testigos que califican como de “Tratamiento especial” para el Código Procesal Penal, que hizo uso de esta prerrogativa. El gobernador Sergio Urribarri y el ministro de Gobierno Adán Bahl aceptaron testimoniar a través de videoconferencia, mientras que el senador Enrique Cresto y el intendente Gustavo Bordet confirmaron que irán a la audiencia cuando se los invite.
