Los cuatro concejales que denunciaron la venta de terrenos del predio termal de Chajarí a familiares de funcionarios municipales fueron rechazados como querellantes en la causa que lleva adelante el juez de Garantías, Eduardo Degano. Se determinó que como “la parte perjudicada es el Estado tiene que ser representada por la Fiscalía”, confirmó a AIM la concejal radical Gabriela Lena.
Según la demanda, los lotes habrían sido adquiridos a 150 pesos por metro cuadrado por el hijo de la secretaria de Gobierno y Hacienda, Alicia Peliquero; el padre y la prima de la concejal Julieta Racigh; la pareja del secretario de Obras y Servicios Públicos, Pablo Lalosa y la hermana del director de Obras Públicas, Matías Díaz, entre otros.
Los hechos tomaron estado público a partir del allanamiento realizado en la Municipalidad de Chajarí por el fiscal Maximiliano Larocca, a cargo de la investigación.
Sin embargo, los cuatro concejales que pusieron en aviso de las polémicas transacciones, autorizadas por decreto, no fueron aceptados como parte querellante. Se trata de los radicales Gabriela Lena, José Fochesatto y Alberto Dal Molín y el edil del Frente Entrerriano Federal (FEF), Avelino Pezzini.
“No somos parte en la causa porque fuimos rechazados como parte querellante”, dijo Lena y sostuvo que “el fiscal manifiesta que la parte perjudicada es el Estado y él que tiene que representarlo”.
Los legisladores municipales fueron llamados a declarar en carácter de testigos. “Ya nos había pasado en otros juicios”, dijo Lena en relación a la decisión judicial de no aceptarlos como querellantes y señaló que ya realizaron “varias denuncias, lo que pasa que esta tomó más estado público porque presentamos un proyecto de ordenanza para que el concejo deliberante declare la nulidad de los decretos”.
