El censo 2022 que se realizó este miércoles podría empezar a echar luz sobre cuántos somos y cómo vivimos los argentinos y también sobre una disputa judicial, millonaria y política que involucra al municipio más grande de la Provincia, La Matanza, y de manera indirecta al resto de los 134 distritos bonaerenses, que podrían haber sido perjudicados en los montos que recibieron por la coparticipación bonaerense durante los últimos 11 años.
El intendente de 3 de Febrero Diego Valenzuela denunció en la Justicia Federal al INDEC para que investigue una posible manipulación de datos. El alcalde de Juntos por el Cambio cree que en el censo de 2010 el aumento poblacional registrado en La Matanza estuvo “inflado”. La causa recayó en el juzgado de Julián Ercolini y es investigada por el fiscal Eduardo Taiano.
En La Matanza hay una sola respuesta: “Sin comentarios”, contestan ante las consultas de este diario. Oficialistas y opositores creen que el censo 2022 les dará la razón y zanjará la disputa a su favor.
El municipio más poblado del país, que hace 12 años era gobernado por el actual intendente Fernando Espinoza, habría verificado entre 2001 y 2010 un aumento demográfico del 41 por ciento, según los números oficiales. La cifra está muy por encima del crecimiento que experimentaron otros distritos de la tercera sección electoral -la más poblada- que no crecieron más allá del 21 por ciento.
Según esa estadística en 2010 vivían en La Matanza 1.775.816 personas; 520.528 más que las registradas en el censo anterior, de 2001. La construcción de viviendas creció en ese lapso un 24%.
La polémica es mucho más que mera estadística. Los fondos coparticipables que la Provincia reparte a los 135 municipios se dividen según el CUD (Coeficiente Único de Distribución). En 2021 sumaron un total de $28 mil millones. Para fijar el CUD, se cruzan variables, como infraestructura sanitaria, escolar y municipalización de servicios, pero la más importante es la demográfica. “Representa el 36% del CUD”, explica Valenzuela a Clarín. La Matanza es el que más recibe.
Las sospechas de intendente de 3 de Febrero surgieron luego del entrecruzamiento de datos entre población vacunada y población total en La Matanza que hicieron el ingeniero en sistemas Mauro Infantino y el economista Federico Tiberti. Las proyecciones arrojaron un número de población vacunada mucho menor a la de otros municipios.
Comprobaron el mismo fenómeno cuando cruzaron otras variables, como matrícula escolar y el cobro de IFE, que quedó muy cerca de dos distritos más acomodados de la zona norte, como San Isidro y Vicente López.
Luego de 12 años, asistiremos a esta foto histórica de nuestra querida Matanza, que nos permitirá seguir brindándole soluciones a todas las vecinas y los vecinos.
El intendente de Mar del Plata y ex juez federal Guillermo Montenegro, también del PRO, revisó la presentación judicial y se sumó como querellante en la causa por falsedad ideológica en un documento público contra el organismo de estadística que hoy conduce Marco Lavagna.
El diputado Martín Tetaz, de la UCR-Evolución, había sido el primero en denunciar públicamente la supuesta manipulación del censo 2010 y realizó un pedido de informes al Congreso que obligó a que el titular del INDEC diera detalles sobre la realización del censo 2022.
Los intendentes de la oposición creen que si la Justicia les diera la razón, La Matanza podría verse obligada a devolver parte de las partidas asignadas. Señalan como posible solución los $10 mil millones que la actual vicegobernadora y ex intendenta Verónica Magario colocó en un Plazo Fijo del Banco Provincia en 2019 y, que según algunos cálculos hoy podrían representar más del doble en pesos.
En JxC reconocen que la responsabilidad institucional es del INDEC y no del intendente, pero admiten que golpearía Espinoza, flamante presidente de la Federación Argentina de Municipios.
En 2010, cuando se realizó el censo ahora cuestionado, hacía 3 años que el INDEC había sido intervenido en los hechos por Guillermo Moreno para manipular los índices de inflación y que repercutieron en los de pobreza e indigencia, entre otros. El fiscal Carlos Stornelli ordenó a fines de abril un allanamiento en el organismo para secuestrar información.
La causa original por la manipulación de los números del INDEC fue elevada a juicio y está en manos de Daniel Rafecas, que reemplazó a Rodolfo Canicoba Corral.
La vicepresidenta Cristina Kirchner agregó más luz o confusión, cuando en su clase magistral en Chaco proyectó los números de inflación durante su administración que publicaba la oposición en vez de aquellos del INDEC; un verdadero sincericidio, por lo menos en lo que refiere al cálculo del índice de precios al consumidor.
El intendente de Pinamar, otro referente del PRO, también sostiene que su municipio fue perjudicado. “Tener un censo pedorro trae consecuencias concretas, por ejemplo, en Pinamar para la coparticipación tenemos 25.000 habitantes, pero solo nuestro padrón electoral es de 34.000 personas. Eso genera menos recursos para nuestra ciudad cada año que pasa”, se quejó el alcalde de la ciudad balnearia en Twitter.
UNA PROVINCIA SUBREPRESENTADA EN EL CONGRESO
Los referentes bonaerenses de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos tienen una coincidencia. La mayoría reconoce que Buenos Aires debería sumar más de 30 diputados a los 70 que ostenta hoy. Sin embargo, en un escenario político donde -según todas las encuestas- el electorado reclama recorte de gastos y Javier Milei puso de moda la palabra “casta” para referirse a la dirigencia política, nadie está dispuesto a inmolarse.
La composición actual de la Cámara Baja empezó a consolidarse a partir de 1982, cuando Reynaldo Bignone emitió un decreto para reordenar el primer congreso post-dictadura.
Con el censo fresco de 1980, que arrojó una población de casi 30 millones; se calculó que cada legislador representaría a 161.000 habitantes o una fracción superior a 80.500. Al número que surgiera en cada distrito debían sumarse 3 legisladores. Además, se estableció que cada provincia no podría tener menos de 5 diputados o la cantidad que la representaba antes de 1976. En 1991 se sumaron con la provincialización de Tierra del Fuego, los nuevos diputados por Tierra del Fuego completaron la nómina de 257 legisladores.
“La representación de Buenos Aires tendría que ser casi el 40 por ciento de Diputados. Lo que pasa es que es imposible. Sumar más diputados es una locura, tenés que cambiar la representación con los diputados que tenés”, sugiere una de las espadas legislativas de JxC. En la gobernación bonaerense tampoco contestaron. Axel Kicillof critica la falta de recursos en materia de coparticipación, pero ninguna subrepresentación política.
