Tomaron declaración a Marta Troche, ex jefa de Renta de General Campos. En marzo de 2013, se había desatado el escándalo por el que la mujer fue separada de su cargo, al reconocer la autoría.
Así lo confirmó a UNO el asesor legal del municipio del Departamento San Salvador, Juan Pablo Arlettaz, quien recordó que solamente intervino como representante de la comuna en relación con los elementos que se secuestraron para esclarecer el hecho. “Citaron a declaración indagatoria la persona que había ‘impreso’ la boleta en el Municipio”, informó.
Arlettaz insistió que en su calidad de asesor legal solicitó a las autoridades del Juzgado federal la devolución de los elementos secuestrados, entre los que se encontraban computadoras e impresoras. Todos estos elementos fueron sometidos a pericias para tratar de determinar el origen de la impresión de la polémica boleta.
Respecto del avance de la causa el abogado sostuvo: “Va muy lenta la cosa, porque se hizo un peritaje informático sobre las computadoras e impresoras, con resultados negativos, porque no se pudo determinar nada importante”.
Según lo consignado por el letrado, la exjefa de Rentas alegó en su momento que no era de su impresora donde había salido la boleta y una serie de cuestiones que no coincidían. De todas las impresoras peritadas no se pudo establecer en cuál de todas se había impreso la boleta de las tasas municipales con la leyenda “Haga Patria, mate un judío”, con el logo de la Intendencia municipal. “Cada impresora pertenecía a un gabinete de una oficina distinta y cada una era manejada por una persona distinta. No sé si la pericia no fue buena o qué, pero no se pudo determinar lo que para nosotros era importante”, agregó Arlettaz.
Lo cierto es que no trascendieron detalles de la declaración de Troche, una de las principales implicadas en un caso de antisemitismo que conmocionó a la provincia por la violencia de la expresión y que tuvo el inmediato repudio del representante de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en Paraná y prosecretario de la mesa nacional de la entidad, Diego Dlugovitzky, además de funcionarios del Poder Ejecutivo.
“Está muy parado el tema, como en cero y no va a buen puerto”, cuestionó. En la opinión del abogado la declaración de la mujer adquiere especial relevancia, sobre todo porque podría “implicar a otra persona” atento a que “había rumores de otras personas que podrían haber impreso esa boleta. Troche aseguraba en ese momento que si bien ella había impreso la boleta como una broma, una de ellas había salido a la calle. Ella estaba segura de eso. Es como que alguien podría haberse quedado con una exprofeso para hacer la maldad. Estamos casi seguros que fue así, pero no lo podemos probar”.
Habló el intendente
El intendente de General Campos, Pablo Martínez, también se refirió al tema que puso a la localidad en boca de todos. “Esperemos que la Justicia dé el fallo, pero todo indica que esto pudo haber sido un autoatentado, aunque eso lo va a determinar la Justicia”.
Luego acotó: “Hablé en muchas oportunidades con Marta Troche, que pagó el pato, y que reconoció su error, pero dice que eso es rarísimo cómo puede en una tira donde aparecen 20 vecinos, haya aparecido la leyenda en una sola. Hay que esperar qué dice la Justicia”, manifestó.
El jefe comunal admitió que todo este tema habría tenido su inicio porque Ignacio Raff -cuyo apellido se menciona en la boleta- habría vociferado en una oficina en contra del papa Francisco apenas asumió como tal.
“Aparentemente, hubo un gran problema en las redes sociales porque en una reunión de concejales que reclamaron por este tema, automáticamente desapareció eso que había escrito en contra del Papa. Lo conozco por comentarios de los concejales y vecinos”, resaltó en declaraciones a Reporte Cuatro.
Por el rechazo que generó la maniobra, en aquel momento el intendente había ordenado que se inicie una información sumaria y convocó a la plana mayor de la Policía departamental para establecer una investigación. En la causa que se instruye en el Juzgado federal de Concepción del Uruguay se constituyeron como querellantes el Inadi, delegación Entre Ríos, y la DAIA seccional Paraná, quienes desde un primero momento abogaron por la inmediata resolución del caso. Ahora la Justicia tendrá la última palabra.
