A través del DNU 809/2021 el Ministerio de Economía definió una modificación presupuestaria de $1.21 billones. Contempla una adecuación del Presupuesto por gastos ya realizados en jubilaciones y partitarias y ampliación en obras públicas por casi $300.000 millones. Más del 70% de esa ampliación está concentrada en actualizaciones asociadas a la movilidad jubilatoria, nuevas pautas salariales, programas sociales y subsidios económicos, entre otros aspectos.
El Gobierno modificó el Presupuesto 2021 readecuando los créditos presupuestarios para contemplar partidas por gastos ya realizados en jubilaciones, programas sociales y subsidios económicos, al tiempo que amplió la inversión en obras púbicas en $ 294.000, según estableció a través del Decreto 809/2021.
Según definió el Ministerio de Economía, en total se trata de $ 1.215.000 millones o lo que es lo mismo, 1,2 billones de pesos.
Más del 70% de esa ampliación está concentrada en actualizaciones asociadas a la movilidad jubilatoria, nuevas pautas salariales, programas sociales y subsidios económicos, entre otros aspectos.
Otro 30% tiene que ver con «refuerzos de políticas públicas orientadas a gasto de capital», destinadas a obra pública, que según el Gobierno es un «pilar fundamental para profundizar y sostener la recuperación económica y fortalecer el crecimiento a mediano plazo».
En función de la adecuación presupuestaria establecida en este decreto se estima que el déficit fiscal primario del año 2021 será alrededor del 3,5% del PBI.
Esto está en línea con la pauta de déficit fiscal primario que ya tenía el Gobierno para 2021. Originalmente estaba prevista que llegara a 4,3% del PBI, pero en la revisión presupuestaria de julio pasado hubo una reducción, bajando a 4% del PIB. Desde entonces hubo una nueva mejora y la estimación final del déficit para el cierre de 2021 será de 3,5% del producto.
Ese déficit se financiará en parte con la mayor recaudación que se logró desde julio pasado, producto de la mejora en el nivel de actividad, y el resto provendrá de colocaciones en el mercado voluntario de deuda, y transferencias del Banco Central al Tesoro.
El detalle de las nuevas partidas para inversión pública alcanza un total de $ 294.000 millones, con cuatro focos:
– Transferencias a gobiernos provinciales y municipales de obras que se realizan en el marco del programa Argentina Hace, en jurisdicciones y organizaciones que se mostraron efectivos en la ejecución.
– Inversiones en Obras de infraestructura hídrica y saneamiento, en especial en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, también en infraestructura vial a través de la Dirección Nacional de Vialidad.
– Transferencias para la construcción y remodelación de viviendas en el marco de los programas Casa Propia y PROCREAR, por unos $ 123.000 millones. Y para producción integral y acceso al hábitat son $ 65.000 millones.
– Inversión en el sector hidrocarburos, con unos $40.000 millones para la construcción del gasoducto Presidente Nestor Kirchner y otras obras complementarias, vía transferencias de capital a IEASA.
En cuanto a los fondos que surgen de la readecuación de partidas, suman algo más de $ 900.000 millones.
Incluyen $ 317.000 millones en prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones por el impacto del cálculo de movilidad, así como fondos para asignaciones familiares, pensiones no contributivas y el PAMI.
Hay además $ 193.000 millones en subsidios económicos, concentrados en subsidios energéticos ($ 186.000 millones), y esto contempla el resto de subsidios del año, «hasta tanto avance la segmentación tarifaria». Además, hay algo más de $ 8000 millones en subsidios de transporte.
En cuanto a gastos salariales y recursos por paritarias la readecuación contempla hasta $ 141.000 millones destinados a atender incrementos fijados en diversas actualizaciones de los acuerdos salariales vigentes.
Habrá también $ 61.000 para transferencias por gastos de funcionamiento de las Universidad Nacionales ($ 49.000 millones) y el Acuerdos Paritario Nacional Docente FONID ($ 12.000 millones).
En programas sociales y de empleo, se destinan más de $ 131.000 millones con foco en los programas Potenciar Trabajo, Políticas Alimentarias, REPRO II, PROFE y Progresar.
Y además se ajustan gastos corrientes algo más de $ 78.000 millones, que incluyen Transferencias Corrientes a provincias y otros gastos de funcionamiento, entre otros.
Fuente: El Cronísta