El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el paceño Guillermo Bernaudo, impugnó la iniciativa política de algunos municipios expresada en normas de prohibición de uso y comercialización de glifosato como lo es la ordenanza de Gualeguaychú de “glifosato cero” que fue puesta en suspenso por la Justicia Federal.
Bernaudo enfatizó: “La que decide la aprobación de un producto para su uso es Senasa, con información internacional, con ensayos locales e internacionales. Acá hay un desorden en este sentido”, cuestionó en la entrevista realizada en el programa Cinco Esquinas que se emite por FM Costa Paraná.
“Los municipios se arrogan atribuciones que no tienen como es la de determinar qué productos pueden ser aceptados o no”, manifestó Bernaudo y graficó su argumento de este modo: “Un municipio puede decidir que en una calle haya circulación de tránsito liviano y no de tránsito pesado. Pero no puede decidir que un Focus es un auto no autorizado en ese municipio porque la autorización o no se decide en otro lugar”.
“Tiene que haber un ordenamiento claro, las provincias tienen que asumir su responsabilidad, que es mucha, en el control del uso de agroquímicos. Y es Nación la que determina la aptitud o no de un producto para ser utilizado”, remarcó el funcionario del Ministerio que comanda Luis Miguel Etchevehere.
Para Bernaudo, se debe partir de trabajo como “el acuerdo conjunto que presentaron días pasados, sobre el manejo de agroquímicos, cuatro ministerios: el Ministerio de Agroindustria, el de Salud, Medio Ambiente y Ciencia y Técnica”.
“Está claro que tiene que haber una política seria detrás de esto. Los concejales no tienen capacidad ni atribuciones para determinar si un producto se puede usar o no en una determinada área”, insistió.
En este sentido, cuestionó: “La resolución de Gualeguaychú implicaba que si alguien transitaba, con todos los papeles en regla, con glifosato yendo a la provincia de Corrientes por la Ruta 14 estaba violando una ordenanza municipal”, concluyó el funcionario que insistió con la necesidad de que las provincias “se hagan cargo de su responsabilidad”.