Los miembros del Movimiento por Entre Ríos Libre de Fracking saludaron en un comunicado “la dignidad y el compromiso del juez Carlos Fayt ante la embestida neomonárquica del oficialismo”, exigieron “que se respete la independencia del Poder Judicial de acuerdo a la división de poderes de la república” y observaron en el ataque al abogado “una muestra de las arbitrariedades propias del despotismo”.
En un parte de prensa enviado a AIM, los integrantes del Movimiento afirmaron que el juez “prestigia la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su deterioro físico motriz no tiene un correlato demostrable con la producción jurídica. Fayt habla por sus sentencias y brilla por sus fundamentaciones”.
También destacaron -en particular-, “su valiente y elaborado pronunciamiento ordenando el cumplimiento en el país de un embargo dispuesto por la Justicia de Ecuador por más de 19.000 millones de dólares, contra la multinacional estadounidense Chevron, por graves daños ambientales al ecosistema amazónico”.
“Fayt votó contra los intereses de Chevron en disidencia con la mayoría de la Corte, y a pesar de las presiones del gobierno argentino que, en las antípodas, negociaba con este monstruo la explotación de yacimientos en Vaca Muerta mediante el método de fractura hidráulica, abriendo el suelo argentino a un nuevo saqueo y aumentando los riesgos de que las corporaciones extractivistas deterioren más aun nuestro territorio, lo que implica complicidad en la comisión de delitos ambientales de lesa humanidad”.
Además consideraron que “el gobierno kirchnerista busca asegurar su impunidad con una Corte subordinada y abyecta desplazando al juez que supo sostener su independencia ante las presiones del gobierno, de las corporaciones petroleras y, en particular, de la poderosa Chevron, propiedad de la familia Rockefeller, símbolo del imperialismo y la colonia”.
“El juez Fayt no entró en el ardid de separar a la filial argentina de Chevron de la Chevron Corporation, una argumentación que no resistía la menor crítica ya que el acuerdo de explotación había sido firmado entre Miguel Galuccio por YPF y el presidente de Chevron Corporation, John Watson. Lejos de aceptar ese juego, el anciano jurista se centró en una interpretación estricta de la Convención Interamericana sobre el Cumplimiento de Medidas Cautelares reconociendo la competencia del tribunal ecuatoriano. Entonces quedó en la mira de Chevron, de Rockefeller y de su socio: el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”.
“Desde este suelo charrúa y guaraní, territorio de la Liga de los Pueblos Libres que luchó a brazo partido por el federalismo y la república bajo el protectorado de José Artigas (mientras la oligarquía porteña buscaba reyes en Europa), vemos en el ataque a Fayt una muestra de las arbitrariedades propias del despotismo”.