Los abogados María de los Ángeles Petit y Matías Llados, que representan a los ex funcionarios y empleados investigados por la Fiscalía de Concordia ante la denuncia de la gestión de Francisco Azcué por la compra de GNC para vehículos que se consideran inexistentes en el parque automotor de la Municipalidad, dijeron estar “sorprendidos” por “la liviandad de las declaraciones públicas del Coordinador de Fiscales, José Costa, sobre una investigación en curso, en la que -sostienen- no existen elementos que orienten a la existencia de un delito.
«Es de una irresponsabilidad muy grande dar a conocer los datos personales de personas que no están imputadas por ningún delito, sin tener los elementos de prueba suficientes. Causan un gran daño y en algún momento, el Estado deberá responder por ello”, agregaron, insinuando la posibilidad de accionar por daños y perjuicios.
“El lunes nos presentamos espontáneamente en la Fiscalía a cargo del Dr. Arias, que es quien investiga los hechos, para tomar conocimiento del expediente, del que aún no podemos tener copia completa, aunque nos dejaron verlo en el pasillo de tribunales”, agregaron.
Petit y Lladós atribuyeron el origen de la denuncia al accionar conjunto de “todo el espectro político oficialista de la gestión actual”, que –interpretan-, abarca a concejales, al intendente Azcué y al jefe de gabinete Eduardo Caminal. Los abogados consideran que lo denunciado “tiene más una connotación política que jurídica, ya que de haberlo hecho legalmente, hubieran acompañado toda la prueba que está en poder de la Municipalidad y no solo, de aquella que hace que un hecho aislado y una afirmación sin sustento, den lugar a una investigación, abierta por una Fiscalía que demuestra una avidez en actuar en causas de este tipo”, sostuvieron.
“Por parte de los ex funcionarios no hay nada que ocultar, se trata de siete (7) expedientes administrativos de compra directa, perfectamente encuadrados en la Ordenanza de Compras, por sus montos: 9046368 de abril de 2023 por un monto de $ 759.200; 9046140 de mayo de 2023 por un monto de $ 615.200; 9046913 de julio de 2023 por un monto de $ 871.200; 90471514 de agosto de 2023 por un monto de $ 1.039.200; 9047425 por un monto de $ 1.319.000; 9047604 de octubre de 2023 por un monto de $ 1.319.200 y 904760 de noviembre de 2023 por un monto de 1.680.000. Todos ellos pasaron los controles internos del Municipio, Compras y Suministros, Contaduría Municipal y Tesorería. Es importante esto, porque los denunciantes parece que entienden que la Municipalidad es un comercio privado, donde se compra y se hace lo que quiere, cuando el procedimiento de compras exige varios controles, hasta la misma entrega de lo que se compra.”, afirmó Petit, una de cuyas especialidades es el derecho administrativo, según se encargó de resaltar.
“La denuncia es parcial –aseveró-, porque los denunciantes solo acompañan las compras, pero no las rendiciones de los vales de entrega que se encuentra en la documentación obrante en la Secretaria de Obras Publicas y de Servicios Públicos, donde consta claramente a quiénes se entregan esos vales, que esperemos no desaparezcan para cuando la Fiscalía entienda como funciona el sistema de compras municipal. Ya tuvimos una experiencia de la denuncia pública ridícula de la desaparición de un camión, cuando existía un expediente de comodato, perfectamente ingresado al sistema con toda la documentación necesaria y se “perdió” inexplicablemente en la administración municipal hasta que se pudo reconstruir para hacerlo público”.
“Queremos creer que el ocultamiento de esa información por parte del Intendente, su Jefe de Gabinete y los concejales, es por desconocimiento y no por mala fe, porque ocultar pruebas y más cuando de ellas depende el avance o no de una investigación penal, es un delito y así lo analizaremos en su momento”, agrego, en una segunda advertencia por posibles acciones futuras.
Petit aseguró que “las compras son perfectamente legales, pasaron todos los controles internos, se entregaron para el uso de diferentes vehículos que realizaban tareas de limpieza en la ciudad, con nombre y apellido, que la Fiscalía deberá encontrar ya que son ellos los que acusan y por ende deben demostrar si existe o no el delito. De nuestra parte ya estamos conformando nuestro propio legajo de prueba. Los ex funcionarios están a disposición de la investigación, siempre que sea coherente y objetiva”.
Por último, Petit y Lladós reiteraron los cuestionamiento al Ministerio Público Fiscal: “Hacemos esta aclaración ante las declaraciones del Coordinador de Fiscales, porque nos parece de una gravedad institucional importante, que se den a conocer públicamente nombres de personas que están siendo objeto de una investigación, basando los operativos sólo en la palabra de los denunciantes, pero sin buscar las pruebas que son indispensables para el avance de la causa, sobre todo cuando se trata de actos administrativos. Es evidente para nosotros la connotación política, tanto en la denuncia como en la investigación”.
Fuente: El Entre Ríos
