Empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se declararon en estado de asamblea, alerta y movilización, ante el anuncio del gobierno nacional de disolución del organismo, según informó el secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip) en Paraná, Darío Marengo.
Desde la Aefip seccional Paraná “se rechazó de manera contundente cualquier intento de desmantelar la AFIP, por lo que el gremio se declaró en estado de asamblea, alerta y movilización, pero por el momento no se resentirá la atención al contribuyente”, indicó Marengo. Además, el dirigente gremial precisó que “este ataque no solo estigmatiza a los trabajadores, sino que es parte de una clara maniobra de persecución política hacia los empleados públicos, buscando desarticular a uno de los organismos clave en la recaudación tributaria y aduanera”.
El dirigente anticipó que “se evalúan todas las medidas sindicales y se supone que esto es el comienzo de un arduo conflicto, que no solamente se plasmará en un paro general, sino que irá creciendo con asambleas, quites de colaboración o paros con tiempo indeterminado, por un lado, y, por el otro, se piensa judicializar la defensa de la estabilidad del empleo público como está establecido en la Constitución Nacional”.
Según publicó AIM Digital, Marengo aclaró que lo que dijo el secretario de Comunicación y Medios de la Nación, Manuel Adorni, sobre la planta del organismo “es mentira, ya que la AFIP se viene achicando”, y ejemplificó: “Hace 24 años había 250 personas en Paraná y ahora somos 160 trabajadores, es decir, se redujo la planta y no ingresó la cantidad de personal que era necesario según un relevamiento que realizó la Secretaría de Empleo”.
Detalló que “de 40 inspectores en Paraná se pasó a 20 para más de 100.000 contribuyentes y a nivel nacional hay 3.500 inspectores de ordinaria, mientras que países con la misma población, como España o Alemania, hay más de 60.000 inspectores para luchar contra la evasión fiscal, el trabajo en negro y el contrabando”.
Para Marengo, los despidos “no solo vulneran estos derechos funda mentales, sino que también son un avance directo hacia el vaciamiento del Estado, favoreciendo intereses privados y grupos económicos poderosos en el marco de una política para beneficiar a los grandes evasores (que son beneficiarios del blanqueo de capitales, a quienes se le reducen impuestos y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y perseguir a los trabajadores, afectando a la sociedad en su conjunto”.
Asimismo, advirtió que el ajuste, que reducirá del 34 por ciento de la estructura actual, implicará que la AFIP perderá su autarquía económica, financiera y administrativa, por lo que “se transformará en la caja política del gobierno de turno, debilitando su capacidad recaudatoria y funcionalidad”.
