Redes de Noticias

El titular de la Caja de Jubilaciones explico por que es inviable que personal bancario se incorpore al organismo

El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Daniel Elías, consideró que se necesita autorización de la AFIP, la Anses, y la Secretaría de Seguridad Social de la Nación para que los trabajadores del Nuevo Banco de Entre Ríos se incorporen al sistema previsional entrerriano.

frente-caja-jubilaciones

Ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto que solicita la reglamentación de una ley para lograr la incorporación de trabajadores del Nuevo Banco de Entre Ríos al sistema previsional entrerriano.

Al respecto, el Presidente de la Caja de Jubilaciones explicó las razones por las cuales por el momento es inviable que dichos empleados aporten a la Caja de Jubilaciones y dejen de hacerlo a la Anses.

“En primer lugar, debo decir que no estamos en conocimiento de una posible norma reglamentaria de la ley que oportunamente se sancionó, que promovía la incorporación de trabajadores del Nuevo Banco de Entre Ríos y del Instituto del Seguro de la Provincia de Entre Ríos (Iapser) al sistema previsional entrerriano”, indicó refiriéndose al proyecto legislativo de la diputada Bargagna.

“De aquella ley lo que se reglamentó en su momento fue la incorporación de los trabajadores del Iapser porque consideramos que este personal formaba parte de una población que debió estar siempre dentro de la Caja por ser trabajadores de una empresa cien por ciento estatal”, señaló Daniel Elías.

Sobre el resto de la ley, el funcionario dijo que “no sólo no fue reglamentada, sino que generó por parte de la Caja de Jubilaciones de una formal consulta y pedido de intervención a los demás protagonistas de la seguridad social, esto es, AFIP, Anses, y la Secretaría de Seguridad Social de la Nación”.

“Lo hicimos porque claramente esta ley colisiona con la Ley Nacional 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) que los tiene (a los trabajadores del banco) como afiliados obligatorios, no como afiliados voluntarios al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) que administra la Anses”, sostuvo luego.

“Por lo tanto, aun con una norma provincial, al dejar de ser aportantes al SIPA debería contarse con la intervención de los organismos competentes en la aplicación y el contralor de la ley 24.241”, remarcó en ese sentido.

Es decir, que “debe haber una manifestación en tal sentido de la AFIP, la Anses y eventualmente de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, que es el organismo que tiene competencia para intervenir en temas relacionados con previsión social provincial y nacional”, consideró.

A esa ronda de opiniones la Caja de Jubilaciones la promovió, en el marco de un expediente, y “nunca se determinó con claridad y contundencia de parte de los organismos nacionales una autorización u opinión favorable en cuanto a la aplicación de la norma”.

Esta situación llevó a las autoridades de la Caja a “tener la prudencia de no incorporar a esta población al sistema previsional entrerriano en virtud de esta ausencia de posición explícita de parte de los organismos nacionales”, sostuvo Daniel Elías.

En definitiva, “por un lado desconocemos la iniciativa que se ha propuesto (la de Bargagna), pero a la vez creemos que para intentar avanzar en cualquier sentido necesitamos de una explícita posición de los organismos nacionales”.

“Ya no es la opinión provincial la que debe prevalecer, sino la opinión de los organismos que hoy tienen a ese universo poblacional como aportantes obligatorios”, reiteró el funcionario.

En este marco, concluyó: “No se debería avanzar en la norma en tanto y cuanto los organismos nacionales que hoy tienen competencia y contralor no se expidan”.

¿POR QUÉ ALGUNOS SÍ Y OTROS NO?

Respecto de por qué algunos trabajadores del Nuevo Banco de Entre Ríos están aportando a la Caja y otros no, Daniel Elías explicó que esa situación tiene que ver con que “la población que está aportando a la Caja son los trabajadores del Banco de Entre Ríos residual desde cuando era una empresa estatal”.

En este marco, afirmó que “estos trabajadores fueron explícitamente habilitados por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, lo cual ratifica la posición jurídica que acabo de mencionar”.

Facebook
Twitter
WhatsApp