La mayoría fueron firmados por Emilio Pérsico, funcionario del Gobierno y uno de los principales referentes de la organización social. “Utilizan a los pobres”, aseguran los dirigentes de Elisa Carrió
“No usar a los pobres”. Ese es el nombre de un trabajo de investigación que la Coalición Cívica realizó sobre los convenios que el Ministerio de Desarrollo Social firmó entre los años 2020 y 2022 con cooperativas de organizaciones sociales y otras Unidades de Gestión a través del programa Potenciar Trabajo.
En total fueron derivados $17.854.976.107,77 nominales, unos $50.907.442.987,81 actualizados por inflación. Los referentes de Elisa Carrió identificaron un total de fondos asignados a las principales organizaciones sociales de $10.376.529.711,87 nominales o $30.815.537.778,43, actualizados. El Movimiento Evita recibió el 55,1% de esos beneficios.
La mayoría de los convenios fueron firmados por Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social. El funcionario, además, es uno de los principales referentes del Evita. Por esa razón, desde la CC, afirman que “está de los dos lados del mostrador”.
Según ese estudio, volcado en la web de acceso público No usar a los pobres, la segunda organización que recibió más convenios -después del Evita- pero en un porcentaje muy inferior, fue el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), referenciado en Juan Grabois -precandidato presidencial en las PASO de Unión por la Patria- con el 15,1 por ciento.
El mes pasado, el MTE realizó un encuentro dónde realizó una rendición pública a través de la cual se explicó el destino de los fondos recibidos por parte del Estado. Lo siguen la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por el diputado nacional Juan Carlos Alderete, con el 10,5%; y las también oficialistas Somos Barrios de Pie, del funcionario Daniel Menéndez, con el 6,1%. Con el 3,7% de los convenios firmados recién aparece un movimiento social no oficialista, Libres del Sur. La organización forma parte de la Unidad Piquetera. Con el 3,6% le sigue la organización popular liderada por Milagro Sala en Jujuy, la Tupac Amaru.
El también oficialista Frente Popular Darío Santillán recibió el 1,7% de esos convenios. En el fondo de la tabla aparece el Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni, y uno de los principales impulsores de las marchas y acampes frente al ministerio de Desarrollo Social con el 1,5% de los convenios del Potenciar Trabajo a través de sus unidades de gestión y por último el MST, con el 0,7%.
En la introducción de la investigación, los dirigentes de la CC explican que todos los datos utilizados para desarrollar el informe surgen de documentación pública “a la que hemos obtenido acceso a partir de un largo proceso de reclamos al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a cargo de Victoria Tolosa Paz”.
Allí aseguran que “la información muestra cómo el programa Potenciar Trabajo fue cooptado por parte de organizaciones sociales y, particularmente por el Movimiento Evita, para hacer su política territorial”. Y agregaron: “Están totalmente alejados del objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas o de reducir el impacto de la pobreza”.
Por esa razón, la Coalición Cívica ya denunció ante la justicia federal: “La política de planes sociales y de empleabilidad del Gobierno Nacional actual que es el Programa Potenciar Trabajo, el cual se estableció como una reconfiguración de los programas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios, unificando ambos con el Salario Social Complementario”.
Los dirigentes de la Coalición Cívica, a cargo de la investigación, llamaron la atención al desplegar carteles frente al histórico edificio ubicado en Moreno y la avenida 9 de Julio para denunciar que el gobierno de Alberto Fernández, desde el ministerio de Desarrollo Social y a través de varios de sus funcionarios, que responden al Movimiento Evita, habrían direccionado miles de millones de pesos, no para beneficiar a los sectores más humildes, sino para su propio despliegue territorial y político.
Entre otros, formaron parte de la protesta, el presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, Juan Calandri, Juan Manuel López, Facundo del Gaiso, Fernando Sánchez, Cecilia Ferrero, Fernanda Reyes, Federico Esswein, María Pace, Héctor Toty Flores, candidato a intendente de La Matanza por la CC y Romina Braga, precandidata a legisladora provincial.
De la investigación “no usar a los pobres” formaron parte Hernán Reyes, Federico Esswein y María Fernanda Reyes y Gonzalo Romero Villanueva. El extenso informe fue titulado: La discrecionalidad en la distribución de los fondos públicos a través de los convenios de financiamiento a cooperativas en el marco del programa Potenciar Trabajo.
