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La oposición presiona para evitar que Maduro venga a la Argentina

Pedido de Captura de Nicolás Maduro por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos

Referentes de Juntos por el Cambio presentaron ayer una denuncia penal contra el presidente de Venezuela. Patricia Bullrich pidió que, en caso de arribar al país, sea detenido. Rodríguez Larreta prevé reunirse con ciudadanos venezolanos

El próximo martes 24 de enero se desarrollará en Buenos Aires una nueva cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizará en medio de una fuerte presión opositora para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitado por el Gobierno, no participe del encuentro que estará encabezado por Alberto Fernández.

Así, referentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio presentaron ayer una denuncia penal contra Maduro, que también incluye a los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Nicaragua, Daniel Ortega, por violaciones a los derechos humanos en sus respectivos países. La presentación judicial, impulsada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), recayó en el Juzgado Federal Nro. 7 a cargo de Sebastián Casanello, y de la Fiscalía Nro. 11, a cargo de Germán Pollicita.

En esta línea, la titular del PRO, Patricia Bullrich, hoy fue más allá y pidió que si Maduro ingresa a la Argentina “debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad, tal como ocurrió con Pinochet en Londres, en 1998″.

“Toda vez que Maduro ha violado derechos humanos y ha cometido crímenes de lesa humanidad tomamos como antecedente de lo que ocurrió en Londres con (Augusto) Pinochet. Los países necesitamos ejercer la solidaridad democrática internacional y nos tenemos que solidarizar con el pueblo venezolano; en ese contexto, la Argentina merece que nosotros activemos ese mecanismo para que la comunidad internacional lo juzgue”, señaló a Infobae la diputada nacional Sabrina Ajmechet, integrante de FADER y una de las firmantes de la denuncia penal.

El 16 de octubre de 1998, estando de viaje en Londres, Augusto Pinochet fue detenido en virtud de una orden de captura ordenada por el juez español Baltasar Garzón.

Más allá de este antecedente, desde la oposición son conscientes de que hay “muy pocas” posibilidades de que la Justicia argentina actúe sobre Maduro. “La Corte Penal Internacional plantea que otro Estado no puede determinar ningún tipo de pena sobre ningún mandatario en ejercicio, y ahí hay una diferencia con Pinochet, pero se lo puede llamar a declarar y sí se puede detener a funcionarios que trabajan con él”, planteó un dirigente de Juntos por el Cambio.

En cuanto al tratamiento judicial, el juez Casanello habilitó la feria y giró la denuncia a la fiscalía. Según el protocolo, la primera medida a tomar es iniciar una averiguación para determinar si estos delitos que se están denunciando en la Argentina por hechos ocurridos en Venezuela no se están investigando en alguna otra parte del mundo, ya sea en Venezuela o en algún otro país.

Entre los argumentos de la denuncia del Foro Argentino por la Democracia en la Región se menciona que siete millones de venezolanos han tenido que abandonar su país desde que irrumpió la dictadura chavista; y que muchos de ellos han sido presos políticos y han sufrido vejaciones y torturas.

A su vez, el Departamento de Estado norteamericano mantiene vigente la recompensa ofrecida desde 2020 por la captura del presidente venezolano, acusado por la Justicia estadounidense por cargos de narcoterrorismo. El precio por brindar información por su paradero es de 15 millones de dólares.

Por otro lado, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Países Bajos), abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la represión de protestas contra el gobierno de Maduro un año antes, en las que murieron 100 personas.

REPUDIOS, PROYECTOS, REUNIONES Y MARCHAS

Más allá de las diferencias internas en cuestiones políticas y, sobre todo, electorales, la posible llegada de Maduro alineó a la coalición opositora. Además de la denuncia penal, tanto la Coalición Cívica como la UCR manifestaron su repudio y cuestionaron la “doble vara” del Gobierno.

“La Coalición Cívica ARI manifiesta su profunda preocupación por la presencia de dictadores en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 24 de enero”, señalaron los integrantes de la Mesa Ejecutiva Nacional.

Y agregaron: “Los ataques a las instituciones democráticas de sectores extremistas, los autoritarismos, los ataques a la prensa libre y la persecución de opositores debe ser repudiado por todos los gobiernos democráticos de la región. Repudiamos la presencia de los presidentes Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz Canel (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua) y/o representantes de esos regímenes dictatoriales”.

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