Juntos por el Cambio (JxC) ratificó este sábado su compromiso con la defensa de la Justicia en respuesta a la marcha que sectores cercanos al Gobierno convocaron para «echar» a la Corte Suprema de Justicia. La alianza opositora señaló que esa movilización es otro paso «en la política sistemática que asumió el oficialismo de atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos». El Gobierno siempre le apuntó a los tribunales donde se tramitan causas contra la vicepresidenta, dice el comunicado.
En un comunicado, JxC destacó que la marcha convocada para el 1 de febrero es un hecho de suma gravedad institucional y criticó «la prédica constante tendiente a deslegitimar a las decisiones judiciales y a los jueces que fallan de modo contrario a los intereses del Gobierno».
En el documento se señala que las políticas propuestas por el Gobierno del presidente Alberto Fernández en materia judicial no tienen en cuenta las dificultades que enfrentan los sectores más postergados para acceder a un servicio de justicia.
«El interés del Gobierno siempre estuvo centrado en los jueces o tribunales en los que se tramitan las causas de corrupción que afectan, principalmente, a la propia Vicepresidente de la República», indica el comunicado.
Entre las políticas que la coalición le critica al Gobierno están haber intentado incrementar el número de tribunales penales federales de la Capital, nombrar un Consejo Consultivo para analizar cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema, y tratar de designar un Procurador General afín.
«La firme actitud que han tenido los bloques de Juntos por Cambio ha impedido que esas iniciativas prosperaran hasta el presente», sostiene el documento.
En el comunicado también se crítica al Gobierno por atribuir al lawfare «las causas de corrupción, ignorando la verdad o falsedad de los hechos o la culpabilidad o inocencia de sus autores», y se repudia la visita de funcionarios del Poder Ejecutivo a Milagro Sala.
«Resulta inadmisible que varios ministros del Poder Ejecutivo hayan visitado a una condenada por corrupción, reclamando su libertad como si fuera ‘presa política’, cuando está siendo juzgada en varias causas, y ya ha recibido condena firme en alguna de ellas», afirma el comunicado.
En cuanto al objetivo de la marcha, desde JxC señalan que el procedimiento de remoción de jueces de la Corte Suprema está establecido por la Constitución Nacional y «no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno».
«No solo es ir en contra de lo que la Constitución establece, sino que se trata lisa y llanamente de una actitud golpista, como lo sería pretender la renuncia del Presidente o de un miembro del Congreso por fuera de los mecanismos que establece la Constitución», aclaran.
Apoyo implícito
La marcha contra la Corte Suprema la lideran en redes sociales dirigentes ultrakirchneristas como Luis D’Elía, pero quien la ideó fue el juez nacional Juan María Ramos Padilla, padre del también magistrado Alejo Ramos Padilla, todos miembros de la agrupación K Justicia Legítima, cuya presidenta es Cristina Caamaño, actual titular de la AFI.
Pese a que desde el Gobierno intentaron despegarse de la movilización al señalar que no toman postura «sobre las marchas que organizan los sectores sociales», varios funcionarios ya adelantaron su apoyo. Entre los que confirmaron su asistencia está el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.
«Voy a estar en la movilización del 1° de febrero; es importante generar procesos de democratización de la Justicia», afirmó Ferraresi en diálogo con radio El Destape.
Si bien Ferraresi es el único ministro que ha comprometido su presencia, otros funcionarios han manifestado su apoyo a la movilización.
Uno fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien dijo: «Adhiero a que hay que encontrarle una alternativa… La Corte sin prestigio no es una Corte». Mientras que Juan Mena, secretario de Justicia, opinó en la misma línea: «Me parece sano y necesario que la gente se pronuncie».
En su habitual conferencia de prensa semanal, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, sostuvo el jueves último que el Gobierno «no toma postura sobre las marchas que organizan los sectores sociales», pero enseguida dijo que el presidente Alberto Fernández está «a favor de una reforma del Poder Judicial».
«El Gobierno no toma posturas sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ni ningún sector político ni social. Forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son temas sobre los que tenga que opinar el Gobierno», sostuvo la portavoz.
