120 días “es un plazo razonable porque la Corte dice que hay un espacio de tiempo para que el Congreso decrete otra ley y si no se sanciona la norma nueva, vamos a la otra norma que había sancionado el Congreso antes del 2006 y que contemplaba el equilibro”. Consultado sobre la posibilidad de presidir el Consejo de la Magistratura cómo lo prevé la ley anterior a 2006 respondió que “eso es lo que dispone la ley que quedaría vigente. Cuando asumí este cargo no estaba entre mis expectativas iniciales pero si esas son las reglas, por supuesto lo puedo hacer.” Prácticamente dejó de lado toda consideración sobre el torpe acercamiento del Ministro de Justicia, Martín Soria.
En una extensa nota otorgada al diario Clarín, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejó algunos conceptos interesantes de cara al próximo año y a la situación de tensión entre el Ejecutivo (Cristina Fernández) y el Supremo Tribunal.
– El Colegio Público de Abogados de la CABA informó al Consejo de la Magistratura que es de «incumplimiento imposible» elegir a un nuevo representante en el término de 120 días como dispuso la Corte, al declarar inconstitucional la ley de Cristina Kirchner. ¿Qué puede responder la Corte?
– (Corre a un costado el mate y el termo) En general no respondo sobre situaciones hipotéticas. Cuando resolvimos la inconstitucionalidad -que es la decisión más grave que puede tomar un tribunal porque es una descalificación jurídica en base a la Constitución- tuvimos varias prevenciones. Una fue sobre qué pasa con las resoluciones anteriores de la Magistratura al fallo y de ahora en más. Convalidamos la actuación anterior de la Magistratura y para adelante pusimos un plazo no se deja un espacio de tiempo extenso. No se puede extender “in eternum” la inconstitucionalidad porque es como decir que éstas no son reglas de juego que tienen que ver con el equilibrio que manda la Constitución. Es un plazo razonable porque la Corte dice que hay un espacio de tiempo para que el Congreso decrete otra ley y si no se sanciona la norma nueva, vamos a la otra norma que había sancionado el Congreso antes del 2006 y que contemplaba el equilibro. La capacidad organizativa de cada uno de los estamentos para cumplir con el fallo de la Corte se verá en estas semanas o habrá una nueva ley que guarde el equilibrio.
– En su libro “Tratado de Derecho Constitucional” del 2011 ya había afirmado que la ley de 2006, que hizo sancionar Cristina Kirchner, “desquició el equilibrio” de la Magistratura…
– Yo estuve en la comisión de redacción de esa cláusula en la Convención Constituyente de 1994 y muchas veces me preguntan en las clases de postgrado por qué no se especificó un número de representantes por cada estamento. La respuesta es porque hasta ahí llegó el consenso. La reforma del 94 fue la reforma más importante en términos de consenso en la historia argentina. Estaban todos los partidos representados. Estuvieron personajes de la talla de Raúl Alfonsín, Graciela Fernández Meijide, Antonio Cafiero, juristas muy destacados como García Lerena o Antonio María Hernández, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Jorge De la Rúa, etc, etc, etc. Pero el consenso llegó hasta ahí. La Constitución no tiene que reglamentar sus normas y se confío que el legislador iba a sancionar una ley para que ningún sector tenga hegemonía y hubiera una negociación entre los estamentos. No para que el sector político tuviera hegemonía tomar tener quórum y tomar decisiones.
– En el caso de que el Congreso no sancione una ley, ¿usted estaría en condiciones de presidir también el Consejo de la Magistratura?
– Eso es lo que dispone la ley que quedaría vigente. Cuando asumí este cargo no estaba entre mis expectativas iniciales pero si esas son las reglas por supuesto lo puedo hacer. Es muy importante remarcar la relevancia del Consejo de la Magistratura. Antes del 1994, el presidente de la Nación designaba un candidato a juez con el único requisito de que fuera abogado y tuviera más de determinada edad. No había otro tamiz u otro análisis que no sea la prudencia del presidente para remitir el pliego al Senado. El Consejo viene a acercar esta decisión a la población a través de las organizaciones que representan a los jueces, los abogados, los académicos y también los políticos. Es necesario ahora adaptar su composición al fallo de la Corte. Además, antes de 1994 el sistema disciplinario se regía por el juicio político a través del Congreso y era muy difícil, por ejemplo, hacerle un juicio a un juez federal de las provincias. Era muy complejo y prácticamente no se hacía nunca. Hoy hay un sistema disciplinario para llano más accesible y por eso es importante que funcione con una integración equilibrada.
– El ministro de Justicia, Martín Soria tras reunirse con ustedes, dijo que la Corte sufre «una crisis de funcionamiento que atenta contra su legitimidad». Ustedes decidieron escuchar y no contestar. ¿Pero sufren una crisis de funcionamiento?
– Nosotros escuchamos al ministro con mucho respeto y atención. Hizo las manifestaciones que hizo y después las hizo públicas. Pero no nos hizo ninguna referencia a ningún expediente en particular porque en ese caso nosotros hubiéramos tenido que invitarlo a que se retirarse inmediatamente. En el 2021, resolvimos 8.300 expedientes que resuelven más de 21 mil causas. En pandemia tuvimos un promedio similar. Estamos al límite de nuestras posibilidades. Hay muchas causas que tienen “hijos”, como los llamamos acá adentro, es decir un expediente resuelve decenas de otras causas sobre todo en materia previsional.
Nosotros necesitamos que lleguen menos causas a la Corte. Para eso cualquier reforma tiene que pensarse en términos de que los fallos de la Corte tengan obligatoriedad. Celebro que la AFIP y el ministerio público fiscal, hace pocas semanas, hayan decidido a partir del fallo “Vidal” de la Corte y que tiene que ver la aplicación de la ley penal más benigna en temas tributarios, dejar de apelar en causas que son similares. En realidad, es el Estado –cualquiera sea el gobierno- sobre todo en temas previsionales el que más carga de causas a la Corte. En comparación, la Corte de los Estados Unidos siempre resuelve 80 o 90 casos por año y nosotros, de promedio, 180 por semana. Cuando se habla de las causas más rápidas, más lentas, las trascendentes o no trascendentes, nosotros decimos que por ejemplo para un jubilado su situación es trascendente, no importa la repercusión mediática. En el 2019, sacamos 29 mil causas de las cuales el 60 por ciento eran jubilados. Era trascendente aunque para ciertos sectores no lo sea.
Yo estoy hace 5 años y medio acá. El nivel de presencialidad de los ministros es altísimo. No baja del 98 por ciento. En términos personales, yo solo falte a un acuerdo: cuando falleció mi madre. La vi los últimos días de su vida y luego del sepelio volví a Buenos Aires para el próximo acuerdo. Y así todos los ministros.
– El presidente Alberto Fernández pidió pensar “seriamente” en una reforma a la Corte. Usted contestó que “sería bueno que nos consulten” antes. ¿Cómo sería esa consulta institucional?
– Nosotros nunca llamamos ni convocamos al gobierno. Sí cuando somos convocados institucionalmente. Es probable que no seamos los que más sabemos sobre este tema. Es probable que los académicos sepan más. Pero sí nos parece que podemos aportar y mucho sobre el particular. Pero algunas ideas que uno lee o escucha son contradictoras. Por ejemplo, se dice que para que la Corte funcione más rápido –no sé cómo se puede lograr más de 18 mil causas por año en promedio- hay que ampliar la cantidad de miembros. Yo no opino que haya que ampliar o no, dijo que si se amplía la cantidad de miembros va a funcionar más despacio. Eso es inexorablemente así porque la cantidad de ministros es inversamente proporcional a la velocidad. Hoy, con cuatro ministros, cada expediente pasa por la secretaría especializada, las vocalías y hasta que no haya tres votos de consenso no sale. Siempre tienen que dar la vuelta por los cuatro o cinco vocalías de los ministros. Si tiene nueve miembros, la mayoría es cinco y tiene que dar la vuelta por los nueve. Es casi el doble de tiempo y es más complejo para conseguir mayorías. Otros dicen, entonces, nombremos 9 ministros y dividémoslos en salas de 3 como si fuera la Cámara de Casación. Pero con la experiencia que tenemos los abogados ante un voto desfavorable en una sala civil, por ejemplo, van a pedir un voto en plenario. Con la cual, habrá otra instancia de apelación: el plenario. Después dicen que tres personas, la mayoría de los cuatro de la Corte de hoy, no es justo que determinen la suerte de una causa relevante. Ahora si usted divide en salas de tres, la decisión la van a tomar dos. Al margen de que la mayoría de los constitucionalistas piensan que dividir la Corte en salas es inconstitucional.
Para mí lo que hay que trabajar y mucho es sobre las causas que ingresan. No se debe tomar a la Corte como una instancia ordinaria más de revisión, como se toma normalmente en la Argentina. Pese a que el modelo fue tomado de Estados Unidos, allí los fallos que llegan a la Corte son muchísimos menos que acá. La Corte debe ser un tribunal de garantías constitucionales. Esto hay que hablarlo con los colegios de abogados. No se puede decir a partir del año que viene vamos a resolver cien causas en vez de quince mil. Hay que explicarlo muy bien y generar tribunales que hagan más plenarios, casaciones uniformes para que los temas no lleguen a la Corte. Hay que hacer obligatorio que los fallos de la Corte sean acatados para que no vuelvan a la Corte. Así vamos a disminuir mucho la tarea de la Corte y así estar en línea entre lo que ingresa y egresa al tribunal en forma anual. Desde 1983 cuando se retoma la Democracia hasta ahora en algunas materias las causas en la Corte se han multiplicado por cuatro o por cinco. Es para un debate más profundo. La conflictividad aumentó en la sociedad y ésta no tiene otras herramientas para resolver sus conflictos si no es en un tribunal de Justicia. No hay posibilidades de resolver conflictos sobre la base de la tolerancia, la buena fe o la concordia. Y la Corte se convierte en un embudo de esos conflictos.
– La llamada Comisión Beraldi que convocó el presidente para reformar la Justicia propuso crear un tribunal intermedio de temas arbitrarios antes de la Corte…
– No quiero hablar sobre herramientas que mañana pueden estar cuestionadas y llegar a la Corte. Si me parece que hay que explorar alternativas razonables sobre la base de la Constitución que hagan que la Corte sea lo que nuestros convencionales de 1853-1860 plantearon: un tribunal de garantías constitucionales. A nosotros nos gustaría decir este año vamos a tratar, por ejemplo, en febrero un caso de eutanasia; en abril, uno de aborto; en marzo, uno de Libertad de Expresión. Es decir, planificar como se hace en la Corte de Estados Unidos. Pero las circunstancias sobrevinientes que suceden en la Argentina, como cambio de leyes, hacen difícil hacer una planificación. Creo que esto se resuelve, en gran medida, modificando alguna legislación, haciendo una campaña cultural de lo que debe llegar a la Corte y lo que no debe llegar y evitando que lleguen casos que ya se sabe cómo van a ser resueltos. Esto generaría una descomprensión importante sobre el tribunal y permitiría trabajar de esa manera. Dicho todo esto con respeto porque es un resorte del Congreso.
– Como presidente, ¿qué agenda de temas de fondo le gustaría que la Corte trate en el 2022?
– Eso lo vamos a tratar en el primer acuerdo del 2022 y por respeto a mis colegas que no puedo adelantar nada. Los ministros, en el último acuerdo, ya presentaron una lista de temas. Vamos a resolver la agenda y varios casos de audiencias públicas que se suspendieron por la pandemia y queremos retomarlo. Es para que la sociedad vea como se discuten temas de interés público.
– El ministro Soria sostuvo en la reunión con ustedes que hubo una supuesta “mesa judicial” del macrismo y maniobras de “lawfare” contra la vicepresidenta, ¿considera que estos conceptos tienen sustancia procesal o dogmática?
– Yo no cuestionaría estos conceptos. En los expedientes nosotros tenemos que resolver en función de la Constitución y el Código Penal. Entonces, si hay alguna causa armada o trastocada eso tiene un nombre, una tipología en el Código Penal. Las categorías con las que nos manejamos son la Constitución y el Código Penal y ponemos énfasis en la prueba. Lo que distingue una denuncia de un delito es la prueba. Mucha gente denuncia o habla de impunidad y nunca vio el expediente. No hago un juicio peyorativo de las denuncias. En cambio, nosotros –los jueces- vemos la prueba. Si la denuncia está probada, hay prueba. Hay que poner foco en la prueba para darle racionalidad. Para la prueba no hay grieta que valga. Esto permite a la sociedad tener una garantía de que hay reglas de juego. No hay nada que inventar. Está todo tipificado en el Código Penal y el Código de Procedimientos. Los jueces pueden interpretar un poco pero no somos creadores de Derecho. Si se actúa de buena fe no se puede sancionar un delito que no existe. En la producción de la prueba tenemos ahora un doble sistema. El nuevo Código Procesal Penal que delega la investigación en los fiscales, como rige en el noroeste y el viejo, que daba esta potestad primaria a los jueces. Necesitamos que se avance en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y que rija en todo el país. Luego hay que explicar las sentencias. La Corte insistirá el año que viene para que los jueces usen en lenguaje claro en sus resoluciones.
– Cómo por ejemplo escribir “el a quo” en lugar de juez…
– (Sonríe) Si tenemos que llegar al común de la gente con el mensaje. El lenguaje jurídico es un lenguaje mixto, parte técnico y parte natural. Hay que tratar de que sea muy entendible y que no se cierre en latinazgos o aforismos. Constitución, Código Penal, Prueba y lenguaje claro.
– Al confirmar la Corte la condena al ex presidente Amado Boudou Boudou aplicó el artículo 280 del código procesal penal que le permite no fundamentar, como un juzgado de instrucción, un fallo. La vicepresidente Cristina Kirchner tiene 17 recursos pendientes y no quiere que le respondan con el 280. ¿Cuándo tomen una decisión aplicarán el artículo 280 o serán más didácticos dando fundamentos?
– Ese artículo lo dio el legislador en el Código Procesal Civil y Comercial. Es una herramienta que se pensó para que la Corte no asumiera todos los casos. En aquellos casos que viera que la cuestión estaba resuelta o era una cuestión de interpretación de normas de derecho común –el derecho penal es un derecho común salvo que sea federal- para que la Corte no haga votos. Eso no significa que no analice los expedientes. Para decir artículo 280 -que quiere decir no hay a hacer un voto especial- significa que el expediente ha sido visto por la secretaria pertinente, para cada una de las vocalías y el ministro correspondiente. La herramienta del 280 se anticipó a este problema de la cantidad de causas que llegan a la Corte. Para nosotros todas las causas que llegan son de ciudadanos con los mismos derechos e interpretamos los casos desde una perspectiva igualitaria. Acá debemos juzgar sin prejuicios por eso no nos interesa saber qué abogado patrocina determina causa o quien es fulano o mengano, sino se pierde la imparcialidad.
– En 2016 Elisa Carrió elogió el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, integrada por los jueces Olga Angela Calitri, César Álvarez y Leopoldo Schiffrin, que declaró la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en una causa. La justicia argentina ya declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, ¿estamos en un debate jurídico que puede llevar a declarar lo mismo con la corrupción o hay una tendencia?
– Es una respuesta que por no puedo opinar porque hay un par de casos para resolver al respecto en la Corte. Lo que le puedo decir es que es una interpretación que se formula del artículo 36 de la Constitución que hace la doctora Carrió. Una explicación teórica no es mi opinión. Como está en el mismo artículo el tema del ataque a la democracia de gobiernos de facto y corrupción. Hay quienes dicen que si hay imprescriptibilidad para temas de lesa humanidad, también debería haberlo para corrupción. Es un debate académico en el que nosotros aún no fijamos una posición.
– La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sostuvo que las causas por corrupción tienen un promedio de duración de 14 años. Un informe de FORES a la OEA dijo que “los problemas de la demora surgen de un Código Procesal que permite replanteo casi sin límites de recursos. Las defensas interponen todos los recursos posibles en cada etapa de una causa” ¿hay déficit de la Justicia en esos casos?
– Cuando decimos corrupción hay que aclarar si nos referimos a funcionarios públicos, delitos económicos o narcocriminalidad, o al contubernio con el crimen organizado. El abanico es amplio. Cuando la causa de corrupción es compleja y se enfrenta al crimen organizado muchas veces la Justicia está más atrasada y tiene menos herramientas que la persona que comete el delito de corrupción o crimen organizado. Hay que ponerlo en el centro del debate. El Estado no tiene hoy el nivel de organización que tiene el crimen organizado. Ahí hay un déficit que hay que resolver. A esto se le suma la demora, la falta de eficacia, la prescripción de algunas causas, la posibilidad de eludir las sanciones a través de cierta sofisticación jurídica.
– Usted estuvo en Rosario en forma reciente presidiendo una reunión de jueces y fiscales federales y provinciales por el problema del narcotráfico, ¿quién es el responsable de que “la mitad de los cargos de jueces federales en Santa fe está vacante” como dijo?
– La Constitución marca que para la designación de jueces hay que realizar concursos en el Consejo de la Magistratura que es la primera etapa. La segunda es el Gobierno el que elige y mande un candidato al Senado. Yo no puedo decir cuántos de los pliegos están en cada lugar. El atraso es una constante de todos los gobiernos. En general, hay un treinta por ciento de vacantes sin cubrir. En la provincia de Santa Fe, prácticamente la mitad de los cargos de la justicia federal en las distintas instancias está sin cubrir. Además, la estructura judicial federal es la misma que rigen desde los noventa y la narcocriminalidad creció en forma exponencial. Por eso, los partidos mayoritarios tienen que buscar un consenso para solucionar este problema. También, solicitamos a la comisión bicameral la aplicación pronta del Código Procesal Penal en todo el país. Las próximas localidades eran Rosario y Mendoza. Sería muy importante avanzar en este aspecto. Aquí está el diálogo entre los poderes de la República en el que creo mucho. Nadie debe ofenderse por estos pedidos siempre que no haya una injerencia de un poder sobre otro.
– En su discurso por la entrega de los premios ADEPA, instó a respetar el acceso a la información pública y el derecho de los periodistas al secreto profesional ¿hasta dónde la justicia debe tutelar estos derechos?
– En el 2022, dentro de los temas para tratar tenemos tres o cuatro casos emblemáticos sobre estos temas. Tienen muchísimas aristas. Desde las redes sociales hasta la extensión de la inmunidad de opinión de los legisladores. Si bien resolvimos algunos, tenemos expedientes en que vamos a profundizar. No puedo adelantarle nada más.
– En el 2005, renunció como ministro de Justicia de Néstor Kirchner por supuestos sobreprecios en una licitación de tres cárceles. ¿Da por superadas las diferencias que tenía con Alberto Fernández por este tema y dio “vuelta la página” por este tema?
– Si absolutamente, primero él no fue un protagonista principal. Creo en el diálogo entre los poderes. Uno no es importante, lo importante son las instituciones. La Corte en general no va a ir a buscar al Gobierno pero si el Gobierno quiere conversar no hay problema. Si es por las adjetivaciones en mi contra cambiaron en cinco años y medio. Cuando accedí al cargo me decían que era macrista porque me propuso el ex presidente Macri. Por el fallo de tarifas, luego me definieron como antimacrista. Después Macri en su libro dijo que se había arrepentido de nominarme por fallos que saqué que no eran de su agrado. Luego por fallos que defendían el federalismo me dijeron que integraba la mayoría peronista de la Corte. Hoy dicen que soy antikirchnerista. Ya pegué toda la vuelta, je. En lo personal me tiene sin cuidado. Uno cuando llega a la Corte sabe que no viene a hacer amigos. Los únicos amigos son los de la escuela primaria. Lo que se dice de mi lo pongo en segundo plano. Primero están las instituciones.
– Compartió la Convención Constituyente con Cristina Kirchner y luego le entregó un premio en el Congreso ¿tuvo más contactos?
– Cuando fui ministro de Justicia de Néstor Kirchner prácticamente no la vi. Ahora veo a la vicepresidenta los primeros de marzo cuando se abren las sesiones del Congreso. Tampoco tuve contacto con Elisa Carrió con quien también fui convencional en 1994. No tengo contacto en general con los políticos. Tengo poco vida social. Mi vida es el trabajo y estar con mi mujer. Mis hijos son grandes. Ya tengo nietas. No quiero hacer una referencia política pero mi vida es del trabajo a casa y de casa al trabajo. Es la verdad. Estoy acá de lunes a viernes y sábado y domingo sigo trabajando en mi casa de Santa Fe. Esta es mi pasión.
