La Comisión de Acuerdos del Senado nacional aprobó el pliego para cubrir una vacante de fiscal ante el Juzgado Federal de Concordia, que existe solo en los papeles desde octubre de 2010 cuando el Congreso Nacional aprobó la ley correspondiente pero nunca se dispusieron los mecanismos y fondos correspondientes. También se aprobó el pliego para el fiscal federal de Victoria, donde tampoco hay juzgado federal.
Entre los 19 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos que fueron enviados por el Poder Ejecutivo y recibieron aval en la Comisión de Acuerdos del Senado nacional hay dos que cubrirán cargos vacantes en fiscalías federales entrerrianas: las de Concordia y de Victoria, y quedaron habilitados para ser tratados en la próxima sesión de la Cámara Alta.
Los nombres respaldados en los casos entrerrianos fueron los de María Josefina Minatta para fiscal ante el Juzgado Federal 1ª Instancia de Concordia; y el de Ignacio Mahiques para fiscal ante el Juzgado Federal 1 de Victoria.
Minatta reside en la Ciudad de Buenos Aires desde hace años. Es una abogada concordiense egresada de la UBA y funcionaria en la Procuración General de la Nación que dirige Alejandra Gils Carbó. Fue asesora en la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre Derecho Penal, Delitos Económicos, Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. La UIF depende del Poder Ejecutivo.
Pero su nombre trascendió públicamente en agosto del año pasado cuando la joven letrada participó del escrache al ex ministro de Economía Domingo Cavallo cuando éste iba a participar de una disertación en la Universidad Católica Argentina (UCA). Cuando se conoció que había sido ella una de las que escracharon a Cavallo, la letrada dio una entrevista al programa del piquetero kirchnerista, Luis D’Elía, en su programa de Radio Cooperativa, donde cargó contra la casa de altos estudios por haber invitado “al padre de grandes males de la economía”.
También integra una agrupación afín al gobierno llamada Colectivo por la Justicia Social (CxJS). Luego del escrache, la abogada le dijo a D’ Elía que Cavallo era un “buitre criollo”.
Mahiques, en tanto, se desempeña actualmente en la secretaria de la Fiscalía que lleva adelante Gerardo Pollicita, quien había impulsado la denuncia del fallecido Alberto Nisman sobre el supuesto encubrimiento a Irán en la causa AMIA contra Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman, el diputado nacional de La Cámpora Andrés «Cuervo» Larroque y otros dirigentes sociales.
Es hijo del juez de la Casación bonaerense, Carlos Mahiques; tiene 29 años, es máster en Derecho Penal de la UBA, profesor universitario y tiene varias publicaciones en su haber, orientadas en contra de los discursos que no comprenden el fenómeno de la inseguridad como una consecuencia de la inequidad y por ende, tildan a la justicia de garantista.
JUZGADOS SIN JUEZ
El Juzgado Federal de Victoria fue creado en 2004, a través de la Ley Número 25.862, sancionada por el Congreso Nacional. La norma establece que la estructura tendrá competencia sobre los departamentos de Victoria, Nogoyá, Tala y Gualeguay.
Recién en 2007 la Corte Suprema de Justicia de la Nación le asignó los cargos a la nueva estructura judicial y, previo concurso, fueron designados Fermín Ceroleni como juez, José Ignacio Candioti como fiscal y Fabio Procajlo como defensor. Candioti ocupó el cargo durante tres años y medio, entre febrero de 2009 y octubre de 2012, y promovió varias causas hasta que asumió como fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Paraná y en su lugar fue designada interinamente Marina Herbel.
Sin embargo, a más de diez años de su creación, el juzgado aún no ha sido habilitado y, en el camino, también se quedó sin juez. Mientras tanto, las causas que instruye la fiscal Herbel tramitan ante el juez federal de Paraná. Hace unos días, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, adelantó que en un mes se podría designar un juez subrogante para que funcione el juzgado.
El Juzgado Federal de Concordia fue aprobado el 28 de octubre de 2010, a través de la Ley Número 26.638, que le asignó competencia territorial sobre los departamentos Concordia, San Salvador, Federación, Federal y Feliciano. Esta nueva estructura vendría a modificar la competencia del juzgado de Concepción del Uruguay y supone un mayor equilibrio en la administración de justicia entre ambas costas. Sin embargo, todavía no tiene habilitación y lejos está de comenzar a funcionar.
De todas maneras, a fines del año pasado la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura puso en marcha la convocatoria para cubrir ambas vacantes: el Concurso Número 328, destinado a cubrir el cargo de juez de Concordia, y el Concurso Número 341, para cubrir el cargo de juez de Victoria.
Los recursos necesarios para la instalación del Juzgado Federal de Concordia debían imputarse al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público, a partir del ejercicio 2011.
El artículo 9º de la Ley 26.638 dice que el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia que se creó por esa ley, “comenzará a funcionar en el término de ciento ochenta (180) días contados” desde la sanción de la ley de presupuesto 2011. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación adoptarán las medidas necesarias para la instalación de dicho Juzgado y el Ministerio Público y para el cumplimiento de los demás efectos causados por su creación.
Además de las dos Secretarías que debería tener el Juzgado Federal de Concordia debió crearse una fiscalía, ya nombrada, y una Defensoría Pública Oficial, las que tendrán a su cargo el Ministerio Público y de la Defensa, respectivamente, con relación a las causas que tramiten ante el Juzgado.
