Por Osvaldo A. Bodean, publicado por www.elentrerios.com
A esta altura de las indagatorias, poco queda en pie de la versión inicial de la Estafa en la ATER, que el gobierno entrerriano se encargara de instalar en los medios de comunicación.
A mediados de 2014, Marcelo Casaretto se preocupó por elaborar un relato simple, que ponía el acento en sólo dos grandes actores: empleados infieles y empresarios inescrupulosos. Según Casaretto, los primeros fueron coimeados por los segundos a cambio de que sus deudas impositivas desaparezcan, apelando a compensaciones falsas cargadas en el sistema informático.
El contador que comanda la ATER no sólo se enorgullecía de haber detectado la estafa del siglo sino que también decía haber hallado a los culpables (141 empresarios y 2 o 3 empleados), y en sus acusaciones apenas si pellizcaba a funcionarios políticos de los organismos de contralor, a quienes reprochaba haberse distraído con la ingesta de «mate y bizcochitos» mientras a la provincia se le escabullían más de 60 millones de pesos en impuestos.
Un relato -el de Casaretto- que, como es obvio, dejaba a salvo a la conducción política de la provincia.
Pero si así de simple era la maniobra, si sólo se trató de contribuyentes que coimearon a empleados, ¿qué lógica tiene que -como surge de la investigación- la mayoría de las empresas señaladas pagaran a un estudio contable entre el 70 y el 80% de la cifra total que debía abonarse por los impuestos a compensar? ¿Por qué arriesgarse a ser copartícipes de un grave delito penal para obtener a cambio una quita no mayor de la que suele otorgar el Estado en las moratorias?
En efecto, la evidencia que hace tambalear aquel cuento inicial de Casaretto es la aparición de los recibos que documentan pagos efectuados por la mayoría de los empresarios imputados.
«¿Dónde se ha visto una coima tan abultada y encima con recibo?», se preguntó un abogado, al pedírsele una opinión sobre la estafa.
Varios empresarios han exhibido en los tribunales los recibos que entregaba el estudio contable, por entonces conducido por Julio Schmukler y Luis Alfredo Speroni -ahora separados-, donde hacían constar que habían recibido el dinero para aplicar a un concepto específico: la compensación de impuestos.
Aunque se trata de recibos comunes, de los que se compran en cualquier librería, y, por tanto, sin formalidad administrativa, tendrían en cambio valor jurídico en el fuero penal, más aún luego de que los mismísimos Schmukler y Speroni admitieran haberlos confeccionado, al prestar testimonio bajo juramento.
De ser verdad lo que la mayoría de los empresarios relató a la Justicia, y que coincide con lo que admitieron Schmukler y Speroni, fueron ambos contadores los que llamaron a las empresas para invitarlas a comprar -por el 70 al 80 % de su valor nominal- créditos fiscales de proveedores del Estado a los que les convenía hacerse de efectivo de forma inmediata. Las firmas entregaban al estudio contable el dinero necesario para llevar adelante la operación, lo que quedaba provisoriamente documentado con un recibo común y, más tarde, al concluir los contadores el trámite, les hacían llegar un expediente sellado y firmado por la DGR – ATER, con un detalle de los impuestos compensados. El circuito cerraba con el libre deuda extendido por el organismo, que no hacía otra cosa que convencer a los empresarios de que efectivamente los tributos habían sido saldados.
«¿Por qué sospechar si se trataba de una operatoria legal que ya habíamos efectuado en años anteriores y el Estado certificaba que los impuestos estaban pagos?» , se justificó un empresario, el mismo que jura ante quien sea no ser un estafador sino estafado.
Claro que esos expedientes que recibían las empresas como pruebas de los trámites de compensación estaban flojos de papeles. Faltaban la copia del certificado de cesión del crédito fiscal y la resolución del Ministerio de Economía. Faltante que los contribuyentes acusados juran haber detectado recién una vez que el fraude trascendiera en los medios. Habrá que ver si esa justificación es válida para la justicia.
Respecto de la magnitud de la quita, los comerciantes argumentan que no sólo no los movió a sospecha alguna sino que le asignaron lógica económica. «Al proveedor que, en vez de recibir del Estado los billetes, se le entregaba un crédito fiscal, ¡¿cómo no le iba a convenir transformar ese papel en efectivo, aún sacrificando el 20 o el 30 % del total?! Por lo general, al Estado se le vende más caro, porque es muy difícil cobrarle. Nos pareció razonable que el proveedor resignase, a cambio de hacerse ya del efectivo, tal vez el mismo porcentaje con el que había remarcado sus precios al Estado. Al fin de cuentas, no perdía», justificó un gerente.
Para los contadores es más complicado justificar sus actos. Ellos eran los que materializaban la tramitación de la compensación y, por su profesión, no podían desconocer que la documentación de respaldo debía incluir tanto la cesión del crédito fiscal como la resolución del ministerio de economía de la provincia que aprobaba la compensación y su publicación final en el Boletín Oficial.
Más complejo les resulta aún explicar a Schmukler y Speroni que el trámite fuera llevado a cabo no en oficinas públicas sino en el domicilio particular de Darío Barreto, un funcionario de la DGR y también de la Municipalidad de San Salvador.
Schmukler dijo a la justicia que el dinero que inicialmente recibía de los empresarios lo entregaba a Barreto, pero sin ningún recibo a cambio, ni siquiera provisorio. «Preguntado por el Dr. De Bueno si Barreto extendía recibo por la plata que se le entregaba, Schmukler contesta: No, se le entregaba la plata y a los días él entregaba el certificado por el 100%; no por el 70% que nosotros le entregamos. Había confianza con él, pero nosotros a nuestros clientes le dimos recibos por cada pago que se hacía en el estudio contable».
En la indagatoria, se le preguntó a Schmukler cuál era la ganancia del Estudio por el trámite, ya que, a juzgar por su relato, todo se lo pasaba a Barreto. «Cuando la gestión la hacíamos a un cliente, nuestra ventaja estaba en los honorarios mensuales, pero cuando se la hacíamos a otros contribuyentes no clientes, se cobraba un 2,5% adicional», explicó.
Al reconstruir la ruta del dinero, pareciera a esta altura probado que de los bolsillos de los empresarios salió no menos del 70% de los impuestos a compensar, y en algunos casos hasta el 80%. Ese dinero pasó a las manos de Schmukler-Speroni, no sólo por los recibos firmados sino también porque ellos mismos lo confesaron en las indagatorias.
¿Podrá la Justicia entrerriana esclarecer qué sucedió con ese dinero de allí en más? ¿Pasaba a manos de Barreto, como cuentan los profesionales? De ser así, ¿qué hacía Barreto? ¿Lo distribuía entre los empleados que sellaban y firmaban los papeles y cargaban en el sistema las compensaciones (Martínez de Yankelevich, Gaggion, Dayub), o el reparto alcanzaba también a responsables políticos de ATER y de los organismos de contralor, sin cuya «vista gorda» la estafa no podría haberse perpetrado sistemáticamente durante más de una década, burlando todas las auditorías? ¿Llegaba algo de dinero a la «caja política»?
Si la Justicia investigase al ex Tesorero General de la Provincia, Gustavo Gioria, tal vez podría comenzar a desovillar la «trama política» del fraude. Gioria era ni más ni menos que Tesorero General de la Provincia y se apuró a renunciar ni bien el escándalo estalló en los medios, luego de que trascendiera que habría asesorado desde su estudio a una de las firmas beneficiadas con las compensaciones. Pero, por extraño que parezca, hasta el momento ni siquiera ha sido citado a declarar. ¿Por qué?
Mala señal sería que en Entre Ríos pudieran esfumarse sin dejar rastros no menos de 42 millones de pesos, monto que surge de calcular el 70% de los aproximadamente 60 millones en impuestos compensados de manera apócrifa.
Tal vez no haya otro modo de detectar adónde fueron a parar esos 42 millones que investigar el patrimonio de todos los directa o indirectamente ligados a la estafa: contadores, empleados, funcionarios políticos responsables de las áreas involucradas y los máximos conductores políticos del Estado en cada período.
Pero, aunque suene pesimista, lo más probable es que en esta causa, como en tantas otras, triunfe la impunidad y la verdad jamás salga a la luz.
