El gobernador Gustavo Bordet no avanzaría en la exigencia de su antecesor, Sergio Urribarri y del ahora ministro de Economía, Hugo Ballay, de contratar a la consultora Relcat S.A. (Relevamientos Catastrales Sociedad Anónima) para que funcione en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), a cambio de un contrato millonario por diez años, en base a un alto porcentaje de la recaudación anual. Relcat, con sede en Capital Federal, está presidida por el empresario Diego Armando Cardona Herreros, amigo personal del ex mandatario entrerriano y puso su oficina en Paraná en el edificio de Córdoba 585. O sea, el mismo edificio donde también tiene su domicilio Urribarri y hasta hace poco tiempo residiera su hijo, el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri.
Daniel Enz
(de ANÁLISIS DIGITAL)
El empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros no es un hombre de alto perfil. Es amigo personal de Sergio Urribarri (hay quienes lo vinculan a ambos con la pasión por el fútbol y algunos negocios relacionados a ello) y a su alrededor giran por lo menos diez empresas que, en su mayoría, tienen el mismo domicilio: avenida Córdoba 1184, piso 4, en Capital Federal y, por lo general, se dedican a tareas de consultoría. Entre ellas aparecen TPI Invest SA; Organización Mesopotámica de Asesoramiento y Servicios; Economía y Regiones SA; Sistemas, Administraciones y Consultorías; Macadel SA; Novopharma SRL -vinculada a temas de salud-; Relevamientos fiscales SA; Mandatos y gestiones SA; Lemondata SA y Relevamientos Catastrales SA.
Con el aval de Urribarri, Cardona logró contratos importantes en el Estado entrerriano: primero, con el Ministerio de Trabajo, en tiempos del ahora presidente del Tribunal de Cuentas, Guillermo Smaldone, por 19.800.000 pesos, para la instrumentación de un software. A través del decreto N° 20, de enero de 2014, se contrató la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” para la cartera a su cargo. El acuerdo finalizará en el 2016 y tiene un costo mensual de 550.000 pesos.
Después formalizó un convenio con el Ministerio de Economía liderado por Diego Valiero. Fue por 7.833.600 pesos, según el decreto 788/15, por la prestación de un servicio de “soporte técnico operativo y de mantenimiento de software” en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía. Algunos de esos datos fueron consignados en agosto de este año por el sitio Entreriosahora.com, pero nunca fue mencionado el nombre del empresario Cardona, que es el verdadero controlador de los negocios.
A ello se habría sumado también un contrato similar, de una cifra importante mensual, en Informática de la provincia. Hay quienes sostienen que llegaban los pliegos redactados como un traje a medida para beneficio de la gente de Cardona. “Ni siquiera había que ponerse a escribir. Los pliegos estaban listos para imprimir y publicar”, indicó una fuente a ANALISIS DIGITAL. Contratos similares, con varias de las empresas de Cardona, se hicieron en las provincias de Córdoba –donde hubo denuncias de la oposición, por irregularidades cometidas-, Misiones, Formosa y la provincia de Buenos Aires. Ayer, el semanario económico “Dos Florines”, en una extensa nota sobre este tema, hizo mención a la buena relación de los empresarios de Recalt con el ex ministro Aníbal Fernández, ex candidato a gobernador bonaerense.
Cardona comenzó a hacer negocios con el Estado entrerriano a partir del segundo mandato de Urribarri. Puso las oficinas de su empresa en calle Córdoba 585, planta baja, de Paraná. Es decir, el mismo edificio donde el ex gobernador tiene su departamento, aunque en el piso 11 y hasta hace no mucho tiempo también vivió (en otro piso), el ahora ministro de Gobierno, Mauro Urribarri. El teléfono que figura en la página web de Recalt SA es el 0343-4224669, pero ese fijo está a nombre de la empresa Lemondata SA, con sede en Capital Federal, vinculada a Cardona, aunque él ahora ya no la preside. Su titular es ahora Jorge Adrián Zanabone.
A principios de su última gestión, Urribarri convocó a su despacho al entonces flamante titular de ATER, Marcelo Casaretto y con Cardona presente, intentó convencerlo de la importancia de la consultora para el organismo recaudador. Pero Casaretto se negó, considerando que no era necesario y que ATER estaba funcionando tal como se había previsto. Ese encuentro de Urribarri-Cardona-Casaretto se produjo, en el despacho del gobernador, por lo menos una vez por año o a veces en dos instancias anuales. El objetivo de Relcart siempre fue el mismo: hacer un contrato por diez años, para mejorar todos los procesos del organismo y a cambio, cobrar un monto fijo, más un porcentaje (de alrededor del 25 por ciento) de la mayor recaudación lograda. O sea, el Estado debía coparticipar su dinero a la empresa de Cardona.
Previo a la finalización del mandato de Urribarri, el empresario y abogado Cardona volvió a la carga, esta vez acompañado de Hugo Ballay (ex jefe de Gabinete y ahora ministro de Economía) y de Luis Erbes, quien este año apareciera ligado al escándalo de las compensaciones truchas, que derivó en una causa judicial histórica en los archivos del Poder Judicial entrerriano, por la magnitud de la maniobra. Ballay es ahora ministro; Erbes fue ratificado como secretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia.
Fue convocado nuevamente Casaretto, se le comunicó que había una orden de Urribarri de avanzar en el contrato con Recalt SA y que esta vez no había margen para no hacer lugar a la petición. Casaretto ratificó su postura y les recordó que en el 2011 la recaudación había sido de 1.900 millones y que se estaba cerrando el 2015 con 7.600 millones de pesos.
–No hay margen –le insistieron.
–Acá está mi renuncia al cargo –respondió Casaretto y se fue a Japón a ver la final de la copa de clubes entre Barcelona y River Plate.
La nueva conducción de ATE Entre Ríos, liderada por Oscar Muntes, se reunió el viernes con el gobernador Bordet. Uno de los puntos críticos del encuentro fue la posibilidad de lograr este acuerdo con Recalt. Muntes le transmitió al mandatario el malestar que existía en ATER, porque se consideraba “un negociado” esa posibilidad de acuerdo y le pidió que se revea tal idea. “Nosotros no vamos a avanzar en nada que se le parezca”, les dijo Bordet. La frase sorprendió a los gremialistas, porque la información que tenían al respecto era de primera mano. Entendieron que algo se había roto en las relaciones de poder e interpretaron que, en principio, Urribarri, Ballay y Erbes, habrían perdido la pulseada y Cardona no lograría el negocio millonario que pretendía. Siempre y cuando Bordet cumpla con su palabra y no ceda a las presiones, que no son pocas, porque hay demasiado dinero en juego.
Casaretto llegará esta semana de Japón y tendrá que presentarse al organismo hasta el 31 de diciembre, que finaliza su contrato, porque Bordet le rechazó la renuncia. Nada indica que Casaretto tenga chances de seguir. El contador Sergio Granetto ya fue anunciado como su reemplazante por el gobernador y seguramente asumirá en próximas semanas. Hasta ahora hay un final abierto y habrá que estar atentos al movimiento de las fichas, en medio de un negocio millonario.
